Se remite a una orden de 1993, donde se establece que el horario será «proporcional» al de primaria, que es de 90 minutos. Ustea y Andalucía Laica consideran que es «una concesión política a sectores integristas».
El Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha impuesto 90 minutos de religión —o su alternativa— a la semana en el segundo ciclo de infantil, en las edades de tres a seis años, lo que supone media hora más que antes, según han denunciado Andalucía Laica y el sindicato Ustea.
«En infantil podían elegir 60 minutos como mínimo porque hay un currículum integrado. La carga semanal de Religión dependía de la autonomía de los centros. Pero ahora, de cara al curso que viene, solo se puede poner 90 minutos», explican en el sindicato.
«El número de minutos por sesión en la enseñanza de segundo ciclo de infantil está fijado a 90 minutos y no podrá ser modificado«. Este fue el mensaje, al que ha tenido acceso Público, que recibieron los equipos directivos hace una semana.
Para Ustea esto supone una «imposición improvisada, sin instrucción normativa oficial, sin proceso de debate y sin respeto alguno a la organización pedagógica de los centros ni a la libertad religiosa de las familias».
A preguntas de Público sobre qué había sucedido, la consejería de Educación argumentó que prácticamente «el 70% de los centros públicos andaluces del segundo ciclo de infantil imparten 90 minutos semanales de la materia de Religión en el curso 24-25″. Es decir, que a efectos prácticos, según el Gobierno andaluz, la decisión afectaría al 30% de los colegios.
Educación citó, a preguntas de este periódico, como legislación de referencia la «Orden [de 3 de noviembre de 1993] por la que se establece el currículo del área de Religión en la Educación Infantil, que, en su disposición tercera, asigna un tiempo específico dentro de la jornada escolar a esta materia«. Ahí se puede leer que será «proporcional» al que se asigna en primaria, a partir de los seis años.
El Gobierno andaluz expuso a Público su interpretación de «proporcional», que es esta: «La duración de la enseñanza de Religión, de cualquiera de las cuatro confesiones con las que tiene acuerdos el Estado [católica, musulmana, judía y evangélica], será proporcional al tiempo asignado a esta materia en la Educación Primaria, donde en todos los cursos el alumnado andaluz que la elige recibe 90 minutos semanales«.
La asignatura de religión se imparte, puntualizó el Gobierno andaluz, «a los niños y niñas cuyos tutores legales lo soliciten voluntariamente, dado que es una materia optativa no evaluable. Los alumnos cuyas familias no la elijan tienen atención educativa por parte del centro».
Segregación por creencias
Para Jaime Pérez-Aranda, de Europa Laica, se ha producido una «vulneración de la autonomía pedagógica» y un «atentado contra la libertad de conciencia de las familias». «Se trata de una directriz sin respaldo normativo oficial, enviada de forma opaca y sin ningún tipo de justificación educativa», agregó Pérez-Aranda.
«La decisión impuesta —continúa Pérez-Aranda— ni ha sido consultada con los centros ni responde a una demanda educativa, y supone un nuevo ataque al ya debilitado principio de laicidad que debería regir el sistema público andaluz».
«La segregación por creencias que provoca esta medida rompe la convivencia escolar e introduce un elemento de división absolutamente innecesario en edades tan tempranas», añade.
Además, Pérez-Aranda analiza que la escuela pública debe garantizar un espacio común «basado en valores compartidos vinculados a los Derechos Humanos y no en dogmas particulares, que deben quedar restringidos al ámbito privado o a los lugares de culto».
Ustea fue también muy contundente en su rechazo: «El laicismo en la escuela pública no es una posición ideológica, sino un principio democrático fundamental: garantiza que ningún dogma se imponga y que el conocimiento, el pensamiento crítico y la educación en valores comunes prevalezcan sobre cualquier forma de adoctrinamiento«, consideran.
Y también: «Esta decisión de la Consejería no solo es una concesión política a sectores integristas, sino una intromisión intolerable en la autonomía pedagógica y un uso partidista de la educación pública. La urgencia en la aplicación, la falta de transparencia y la ausencia de instrucciones formales reflejan una forma de gobernar autoritaria y opaca en la que no prima lo pedagógico, sino otros intereses retrógrados y antipedagógicos«.
«Este cambio supone una alteración profunda del paradigma educativo público andaluz, que nunca había contemplado esa carga lectiva de religión en esta etapa. Nos encontramos ante una deriva preocupante, que rompe el principio de laicidad como garante de la convivencia democrática», considera Ustea.
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