La trama de adjudicaciones opacas en la Xunta de Galicia vuelve a poner en evidencia el uso clientelar de los recursos públicos por parte del Partido Popular.
Según ha revelado Público, el Gobierno de Alfonso Rueda ocultó a la comisión parlamentaria que investiga los contratos a empresas afines al PP más de un millar de adjudicaciones concedidas a Eulen, el grupo empresarial vinculado a la hermana de Alberto Núñez Feijóo. En lugar de los 1.566 contratos que se conocen, sólo se entregaron 433 a la investigación parlamentaria.
La falta de transparencia no es un error administrativo, sino un escándalo político que expone cómo el PP utiliza las instituciones para beneficiar a su cúpula y su entorno.
Este caso refleja un modus operandi donde el acceso privilegiado a contratos públicos se convierte en una herramienta de enriquecimiento y consolidación de poder. La negativa del PP a aportar la documentación completa muestra una clara voluntad de ocultar información a la ciudadanía.
El Grupo Eulen, que ha sido favorecido en repetidas ocasiones por la administración gallega, también ha recibido adjudicaciones millonarias en otras comunidades donde gobierna la derecha. Este tipo de prácticas, lejos de ser aisladas, responden a un patrón histórico de nepotismo y favoritismo empresarial en la gestión del PP. La pregunta es inevitable: ¿cuánto dinero público ha ido a parar a los bolsillos de los allegados del partido mientras se desmantelan los servicios esenciales para la ciudadanía?
Mientras Feijóo sigue exigiendo regeneración democrática en Madrid, la sombra de la corrupción sigue acechando su gestión en Galicia. No es un caso aislado, es un modelo de gobierno basado en el ocultamiento y la protección de intereses privados. Si el PP no tiene nada que esconder, que entregue todos los contratos.
La regeneración democrática no puede ser solo un eslogan vacío. Galicia merece respuestas, y sobre todo, justicia.
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