Justo en la semana del Primero de Mayo, la jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en todo el mundo, la derecha española ha desatado una campaña significativa contra los sindicatos.
El PP ha decidido someter al Pleno del Congreso una proposición de ley que veta a los sindicalistas para dirigir un organismo público. Vox ha insultado a los representantes de los trabajadores acusándoles de “comegambas” en una sesión de control de la Asamblea de Madrid. Además, JxC ha calificado de “lobby sindical” a UGT y CCOO por su acuerdo con el Gobierno para reducir la jornada laboral.
La Constitución Española otorga a los sindicatos en su artículo 7 una función clave en nuestro sistema de convivencia democrática, junto a las organizaciones empresariales: “contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”, es decir, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
La ofensiva de las derechas contra las centrales sindicales forma parte de la estrategia global para desvetebrar las sociedades democráticas, dejando inermes a los individuos más vulnerables ante los grandes poderes económicos en la defensa de sus derechos.
Las derechas siempre han entendido, equivocadamente, que el debilitamiento de la representación sindical de los trabajadores redunda en beneficios para los empresarios y detentadores del poder financiero. Sin embargo, nuestra historia y cualquier análisis comparado mínimamente serio demuestra que las economías más sólidas y las sociedades más justas son aquellas que en mayor medida respetan los derechos de los trabajadores y velan por mejorar sus condiciones laborales.
Ha sorprendido que el PP, en plena crisis geopolítica global, con una guerra arancelaria desatada, unos días después de un apagón peninsular y con la ciudadanía preocupada por la escalada de precios en la vivienda, dedique su oportunidad para presentar una propuesta con rango de ley en el Congreso para… echar al presidente del CIS.
El artículo primero de su proposición de ley establece que el presidente de este organismo público “en los últimos cinco años” no podrá haber “ostentado cargo orgánico alguno en un partido político o fundación dependiente del mismo, o en una organización sindical o empresarial”.
Además de la exclusión claramente inconstitucional, la redacción denota un sesgo antipolítico y antisindical preocupante. Cualquier millonario, el dueño de una encuestadora privada o un condenado por corrupción excarcelado podrá ser presidente del organismo público, según el PP. Pero quien haya defendido política o sindicalmente a sus vecinos o compañeros en cualquier barrio o empresa de España estaría vetado para tal cargo. Sería cómico si no resultara tan preocupante.
El trabajo serio y responsable de los representantes y dirigentes sindicales en España es una de las razones, y no de las menores, que explica el crecimiento económico y las conquistas sociales logradas en nuestro país durante los últimos años.
Los sindicatos españoles merecen reconocimiento o, al menos, respeto, sobre todo por parte de aquellos que representamos intereses públicos. Lo dice la Constitución. Y se lo ganan cada día.
Es una información de https://fundacionsistema.com/la-derecha-del-pp-y-vox-contra-los-sindicatos/
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