LAS SIETE PLAGAS DE LOS PENSIONISTAS
Hace un par de meses se comentaba en estas mismas páginas que el gasto en pensiones en España, medido en euros por habitante, era algo menos de la mitad de lo que, como promedio, se gasta en la Unión Europea. Se añadía que en la escala de los veintisiete países que forman la UE nos cabía la vergüenza de ocupar el tercer lugar en cuanto a la proporción de pensionistas en riesgo de pobreza. En suma, en términos comparativos podemos decir que nuestros gobiernos maltratan a las personas mayores, al menos en materia de pensiones.
Pese a que, en correspondencia con esta situación, gastamos también menos en porcentaje del PIB, los dirigentes de varias instituciones europeas y mundiales están empeñados en amargarles la vida a los pensionistas por aquello de la sostenibilidad futura del sistema y por la austeridad del presente. Entre los argumentos que esgrimen está el aumento de la esperanza de vida. Unida al problema del desempleo y a la disminución de los ingresos por cotizaciones, la idea que se les ocurre es la más fácil y antisocial: elevar la edad de jubilación y reducir la cuantía de las pensiones.
El Gobierno del Partido Popular comparte plenamente tal idea y está encantado de recibir munición ideológica para continuar con su afán por los recortes de derechos y prestaciones a la población, que en el caso de los pensionistas se ha convertido en enfermizo. Hasta el punto que cabe preguntarse si, por esas trampas que a veces nos juega el subconsciente, algunos de sus asesores estén propiciando medidas para revertir el crecimiento de la esperanza de vida. Pues en términos macroeconómicos, que parecen ser hoy la medida de todas las cosas, es evidente que entre las posibilidades de reducir el gasto está no sólo retrasar la edad de jubilación y bajar su coste, sino en adelantar la edad media de los entierros.
Sobre los pensionistas, lo de Rajoy y sus ministros es como lo de las famosas plagas bíblicas. Parece que fueron siete.
La primera sería la no revalorización de las pensiones, obligación legal que incumplen y que servía para compensar las desviaciones en la previsión de inflación. Supone que por tercer año consecutivo pierdan poder adquisitivo. Irrita que, encima, en el Real Decreto-ley que oficializa su decisión afirme que “el actual Gobierno ha demostrado desde el comienzo su compromiso con la revalorización de la pensiones”. Se ve que el compromiso es empeorarlas.
La segunda plaga ha sido gravar con un 10 por 100 la adquisición de los medicamentos. Aunque se haya fijado hasta ocho o dieciocho euros al mes el máximo a pagar, basta pensar que las tres cuartas partes de las pensiones están por debajo de los mil euros para entender que, aunque aparentemente modesto, es un nuevo mordisco a la pensión. Sobre todo si se le añade la desaparición de más de cuatrocientas medicinas de uso corriente que, si los afectados se las quieren seguir administrando, tienen que pagarlas íntegramente.
A lo anterior habría de sumar la amenaza de implantar el pago de un euro por receta, medida de tufo confiscatorio ya aplicada por la derecha catalana a la que parece decidida a imitar la Comunidad de Madrid. Quienes conocen el promedio de recetas que se les prescribe a las personas mayores saben que sería un recorte que, en no pocos casos, podría resultar hasta disuasorio para acudir al médico.
La tercera ha sido la hibernación de la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyos beneficiarios son en su inmensa mayoría pensionistas de mucha edad y escasos ingresos, así como el recorte o cese de ayudas y prestaciones a familiares y cuidadores.
La cuarta está en la fiscalidad. En una doble dirección. Por una parte, la merma derivada del aumento del IRPF. Por otra, mucho más lesiva para la mayoría de los pensionistas, el incremento del IVA. Por sólo poner un ejemplo sobre el efecto que, no sólo por impuestos, está teniendo el encarecimiento de los precios para la cesta de la compra de los pensionistas, digamos que el capítulo de calefacción, alumbrado y distribución de agua ha crecido el 10,8 por 100 en los últimos doce meses.
La quinta plaga es todo lo que estamos presenciando con los recortes del gasto, reducciones de personal y privatizaciones en el Sistema Nacional de Salud. Innecesario decir que supone el empeoramiento de la calidad de este servicio esencial. A quienes más afecta cualitativa y cuantitativamente es a las personas mayores.
La sexta podría ilustrar la decisión, tomada tiempo atrás, para que los parados de forma involuntaria pudieran acogerse a la jubilación anticipada. Debían tener más de 52 años, cobrarían subsidio y cotizarían por el 125 por 100 de la base mínima de cotización a la Seguridad Social. La reforma del Gobierno ha sido que el mínimo de edad pasara a ser de 55 años y la cotización sólo del 100 por 100 de la citada base mínima. Repercute negativamente, no hace falta decirlo, en la cuantía de la pensión que, de no encontrar empleo, percibirían a partir de los 61 años.
Pues bien, la séptima plaga está incubándose ahora y consiste en que la edad mínima para la jubilación de esos parados involuntarios se retrase más allá de los 61 años. En otras palabras, se trata de ampliar el periodo con esa baja cotización, lo que haría aun más reducida la cuantía de su pensión.
La verdad es que sobran los comentarios.
El Gobierno del Partido Popular comparte plenamente tal idea y está encantado de recibir munición ideológica para continuar con su afán por los recortes de derechos y prestaciones a la población, que en el caso de los pensionistas se ha convertido en enfermizo. Hasta el punto que cabe preguntarse si, por esas trampas que a veces nos juega el subconsciente, algunos de sus asesores estén propiciando medidas para revertir el crecimiento de la esperanza de vida. Pues en términos macroeconómicos, que parecen ser hoy la medida de todas las cosas, es evidente que entre las posibilidades de reducir el gasto está no sólo retrasar la edad de jubilación y bajar su coste, sino en adelantar la edad media de los entierros.
Sobre los pensionistas, lo de Rajoy y sus ministros es como lo de las famosas plagas bíblicas. Parece que fueron siete.
La primera sería la no revalorización de las pensiones, obligación legal que incumplen y que servía para compensar las desviaciones en la previsión de inflación. Supone que por tercer año consecutivo pierdan poder adquisitivo. Irrita que, encima, en el Real Decreto-ley que oficializa su decisión afirme que “el actual Gobierno ha demostrado desde el comienzo su compromiso con la revalorización de la pensiones”. Se ve que el compromiso es empeorarlas.
La segunda plaga ha sido gravar con un 10 por 100 la adquisición de los medicamentos. Aunque se haya fijado hasta ocho o dieciocho euros al mes el máximo a pagar, basta pensar que las tres cuartas partes de las pensiones están por debajo de los mil euros para entender que, aunque aparentemente modesto, es un nuevo mordisco a la pensión. Sobre todo si se le añade la desaparición de más de cuatrocientas medicinas de uso corriente que, si los afectados se las quieren seguir administrando, tienen que pagarlas íntegramente.
A lo anterior habría de sumar la amenaza de implantar el pago de un euro por receta, medida de tufo confiscatorio ya aplicada por la derecha catalana a la que parece decidida a imitar la Comunidad de Madrid. Quienes conocen el promedio de recetas que se les prescribe a las personas mayores saben que sería un recorte que, en no pocos casos, podría resultar hasta disuasorio para acudir al médico.
La tercera ha sido la hibernación de la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyos beneficiarios son en su inmensa mayoría pensionistas de mucha edad y escasos ingresos, así como el recorte o cese de ayudas y prestaciones a familiares y cuidadores.
La cuarta está en la fiscalidad. En una doble dirección. Por una parte, la merma derivada del aumento del IRPF. Por otra, mucho más lesiva para la mayoría de los pensionistas, el incremento del IVA. Por sólo poner un ejemplo sobre el efecto que, no sólo por impuestos, está teniendo el encarecimiento de los precios para la cesta de la compra de los pensionistas, digamos que el capítulo de calefacción, alumbrado y distribución de agua ha crecido el 10,8 por 100 en los últimos doce meses.
La quinta plaga es todo lo que estamos presenciando con los recortes del gasto, reducciones de personal y privatizaciones en el Sistema Nacional de Salud. Innecesario decir que supone el empeoramiento de la calidad de este servicio esencial. A quienes más afecta cualitativa y cuantitativamente es a las personas mayores.
La sexta podría ilustrar la decisión, tomada tiempo atrás, para que los parados de forma involuntaria pudieran acogerse a la jubilación anticipada. Debían tener más de 52 años, cobrarían subsidio y cotizarían por el 125 por 100 de la base mínima de cotización a la Seguridad Social. La reforma del Gobierno ha sido que el mínimo de edad pasara a ser de 55 años y la cotización sólo del 100 por 100 de la citada base mínima. Repercute negativamente, no hace falta decirlo, en la cuantía de la pensión que, de no encontrar empleo, percibirían a partir de los 61 años.
Pues bien, la séptima plaga está incubándose ahora y consiste en que la edad mínima para la jubilación de esos parados involuntarios se retrase más allá de los 61 años. En otras palabras, se trata de ampliar el periodo con esa baja cotización, lo que haría aun más reducida la cuantía de su pensión.
La verdad es que sobran los comentarios.
Julián Ariza Rico
Publicado en Fundación Sistema
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