Por una Escuela Pública Laica

CAMPAÑA

Por una Escuela Pública Laica:

¡Religión fuera de la Escuela!

Declaración unitaria septiembre 2012

El Laicismo, lejos de constituir una ideología particular contrapuesta a otras, aparece históricamente como uno de los principios básicos de toda democracia, vinculado al reconocimiento de la libertad de pensamiento, a la igualdad de los ciudadanos en derechos y deberes y, por tanto, a la no discriminación por razón de sus ideas. Su contenido no es otro que el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el respeto y desarrollo pleno de la libertad de conciencia, uno de los pilares fundamentales de los Derechos Humanos. Implica la separación efectiva entre el Estado -que representa a toda la ciudadanía- y las confesiones religiosas, cuyos principios y creencias sólo conciernen al grupo de personas que las comparten. A fin de salvaguardar el espacio de lo público y común de toda connotación sectaria, defiende la neutralidad ideológica de las instituciones públicas -que son de todos- con respecto a cualquier intento de imposición o apropiación por parte de intereses o ideologías de carácter particular.

La Escuela es, justamente, una de esas instituciones públicas donde es preciso observar de forma más escrupulosa el principio de laicidad o neutralidad por tener como función la satisfacción de un derecho universal, como es la educación, que atañe al conjunto de los ciudadanos sin excepción. Como establecen diversas declaraciones y pactos internacionales, e incluso nuestra propia legislación sobre la materia, los objetivos básicos de la educación persiguen el libre y pleno desarrollo de la personalidad humana, así como el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales. Y ello no es posible si la Escuela Pública no se asienta sobre la libre formación de la conciencia y el fomento de la actitud crítica. Estos objetivos resultan por completo inalcanzables mientras los Poderes Públicos sigan sometiéndose a los dictados de los Acuerdos con la Santa Sede y de una obsoleta Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que vulneran principios democráticos elementales. Frente a la invocación de cualquier otro interés particular, incluso de los propios padres, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 afirma que siempre ha de prevalecer“el interés superior del niño”, explicitando en la posterior Convención de 1989 que los Estados “respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, obviamente conculcado cuando, sin tener desarrollada su autonomía, se ve sometido a un adoctrinamiento religioso o de cualquier otra naturaleza.

De acuerdo con los fines que le son propios, la Escuela ha de educar sin dogmas, en conocimientos científicos y universales, en valores humanistas y cívicos, en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad, sobre la base de la igualdad en dignidad y derechos, en los principios éticos y democráticos que son comunes.

Los centros escolares no deben ser, en ningún momento, un lugar de exclusión y discriminación. Niños y niñas no deben ser separados en función de las creencias o convicciones de sus familias. En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar, con el fin de respetar los derechos de toda la comunidad educativa y para que no se interrumpa el normal funcionamiento de la organización de los centros educativos.

Una apuesta decidida por la Escuela Pública, Gratuita, Democrática y Laica, por parte de la sociedad y de los poderes públicos, es una garantía para avanzar hacia un modelo educativo integral, compensador de desigualdades y que eduque para la convivencia, dentro de un proyecto común de ciudadanía, inclusivo y no segregador.

Estos principios, que formaron parte sustantiva de la lucha por la democracia en nuestro país, nunca se han plasmado por entero ni en las leyes educativas ni en el funcionamiento de los centros escolares, debido a la pesada herencia confesional que ningún gobierno ha querido revertir. El mantenimiento de situaciones contrarias a una sociedad cada vez más secularizada y consciente de sus derechos democráticos, se ve agravado hoy día con una política dirigida a dar mayores satisfacciones a los sectores clericales, empeñados en preservar e incluso aumentar los privilegios de la Iglesia, incluida su ancestral injerencia en las instituciones públicas, que pretende seguir utilizando como espacio abierto al proselitismo y al adoctrinamiento.

En momentos como los que vivimos, cuando se ponen en cuestión conquistas democráticas y sociales hace tiempo asentadas en la conciencia ciudadana, es aún más necesario, si cabe, hacer frente a las medidas de intimidación, acoso ideológico y descarada involución que no dejan de prodigarse. En el terreno de la enseñanza, los profundos ataques a la Escuela Pública y a los recursos imprescindibles para mantener su calidad, vienen acompañados de una regresión en todas las condiciones que deben prefigurar cualquier proyecto educativo democrático. La nueva orientación que se quiere dar a “Educación para la Ciudadanía” es sólo un ejemplo del sesgo reaccionario que puede extenderse al conjunto de la enseñanza.

Hacer dejación de nuestro compromiso democrático contribuiría a dejar vía libre a nuevas y mayores agresiones. Por eso, es preciso armarse de razones y no ceder en la defensa de los principios que nos constituyen como ciudadanos en igualdad de derechos.

Flaco servicio hacen a esa aspiración a la igualdad en el terreno de la educación quienes tratan de mezclar la defensa de la enseñanza pública con la financiada con fondos públicos (la privada concertada, confesional y discriminadora, orientada al adoctrinamiento dogmático) o aducen razones laborales para mantener a los catequistas designados por los obispos para impartir religión en los centros públicos y las subvenciones a los centros concertados.

Una sociedad secularizada y democrática no debe permitir la regresión al pasado de un Estado confesional católico y, por lo tanto, la pervivencia de una enseñanza sometida al dogmatismo religioso. Los poderes públicos no tienen legitimidad alguna para propiciar la implantación de unas u otras opciones religiosas o ideológicas, por su carácter personal, en el espacio común e institucional de la Escuela. Y menos, seguir parapetándose en unos Acuerdos pactados con el Vaticano (la Santa Sede), que anulan derechos fundamentales como la libertad de conciencia de las personas, hecho más grave cuando se trata de edades tempranas.

La reafirmación en nuestra lucha por una Escuela Pública y Laica, que garantice el derecho universal e igual a la educación, en el respeto estricto a los principios democráticos, nos lleva a actualizar la campaña desarrollada a lo largo de varios cursos atrás.

En defensa del laicismo en el marco escolar y bajo el lema:

¡Religión fuera de la Escuela!

Exigimos:

• La derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.
• Que la religión deje de formar parte del currículo y del horario lectivo, saliendo de la Escuela.
• Que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros escolares.
• Que con dinero público no se financie el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar o que segregue por razón de sexo o por otra naturaleza ideológica o social.

LLAMAMIENTO PARA FIRMAR Y DIFUNDIR

Se ha activado una recogida de firmas y adhesiones individuales y colectivas a través de la web:www.laicismo.org / o entrando en el enlace:

http://www.laicismo.org//detalle.php?pk=16665#ppal

(Firmas que llegarán al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Educación y al Consejo Escolar del Estado y se harán periódicamente amplia difusión de las mismas)