En la economía española se mueven alrededor de 250.000 millones de euros sin control fiscal, lo que supone entre el 20 y 25% del PIB y que se dejen de ingresar más de 70.000 millones de euros al año en las arcas públicas, según describe el Libro Marrón publicado recientemente por el Círculo de Empresarios, cuya vigésimo sexta edición lleva el título de “Implicaciones de la economía sumergida en España”.
Para esta asociación empresarial la economía sumergida, irregular u oculta, plantea grandes desafíos a la política económica y afecta de manera decisiva a las finanzas estatales por la menor recaudación tributaria. El problema incide también en la distorsión de la competencia, en peores condiciones laborales y en la atracción que ejerce sobre la inmigración ilegal.
En el extenso informe de casi 300 páginas se reflexiona sobre las consideraciones éticas de la economía bajo la superficie, la corrupción, la dinámica social, las opiniones y actitudes de los españoles hacia ella, el fraude para el mercado laboral y la situación en nuestro país y las propuestas para combatirlo. Pero vamos a fijarnos en este último punto, en el escenario actual y en las medidas para atajarlo, según el Círculo de Empresarios.
El fraude fiscal en España
El referido documento señala que en España es 
palpable la alegría con la que se ofrecen en el mercado servicios y operaciones sin factura, facturas sin IVA y operaciones con una parte “en negro”. Esto viene a demostrar el poco miedo que tiene el defraudador a ser pillado, la implicación social que existe y el fracaso de la Administración en su lucha contra el fraude.
Como dato adicional apunta que el dinero en metálico en circulación supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona euro, y que en España se mueven 111 millones de billetes de 500 euros, el 30% de los emitidos en Europa, lo que supone el 64% del valor total de efectivo en manos de los españoles.
Propuestas para combatirlo
Para atajar el fraude fiscal, el Círculo de Empresarios señala como necesarias dos tipos de medidas, unas de carácter normativo y otras de carácter organizativo. Veamos las primeras.
- Reformar los procedimientos de la ley general tributaria. En su opinión, la normativa está enfocada a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias y no existe un procedimiento contra las personas que se encuentran en situación de ilocalizadas, las que no compadecen ante la Administración cuando se las requiere o han sido declaradas insolventes como responsables de una deuda tributaria
- Reformar el régimen sancionador para agravar las sanciones ante supuestos de resistencia a la inspección
- Potenciar la colaboración ciudadana en la lucha contra el fraude con campañas publicitarias que explicaran el daño que se produce a la sociedad favoreciendo el fraude
- Reformar el delito fiscal, haciendo que sea creíble y eficaz, al tiempo que se garantice la reparación del daño causado al resto de ciudadanos
- Establecer la responsabilidad solidaria de despachos e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal
- Reformar el régimen de módulos que se utiliza asiduamente para emitir facturas falsas, aplicándolo sólo a empresarios cuyos clientes sean mayoritariamente consumidores finales, y no otros empresarios o profesionales
En cuanto a las medidas de carácter organizativo, éstas son las que propone.
- Incrementar los medios humanos en la lucha contra el fraude. Según el informe, de los 27.000 funcionarios de la Agencia Tributaria, 5.000 de ellos están adscritos a esta función con una media de edad alta
- Potenciar la investigación en la inspección para que se puedan descubrir ingresos ocultos no declarados y los fraudes más graves, no como ahora que está dedicada a la mera comprobación de lo que se declara
- Reorientar los planes de inspección hacia la economía sumergida, las facturas falsas, testaferros y personas interpuestas, sociedades instrumentales y sobre los signos externos que denoten incrementos de patrimonio que no guarden relación con las rentas declaradas
- Creación de una oficina antifraude y una policía fiscal, especialmente claves contra el delito organizado
- Y finalmente, elaboración de un plan de recuperación de la deuda pendiente en las dependencias de recaudación y en los tribunales. Según la última memoria publicada por la AEAT, a finales de 2008 existían más de 10.000 millones de euros de deuda pendiente de gestión en las dependencias de recaudación de esta agencia
Conclusión
El propio informe indica que mientras que el debate para reducir el déficit público se ha centrado en el reajuste del gasto y la subida de impuestos, que han recaído sobre las rentas controladas y las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno debería aprobar un plan de actuación con medidas encaminadas a que paguen impuestos aquellos que más fácilmente pueden eludirlos y los que no lo han hecho nunca.
Para ello tendría que dotar de los necesarios medios humanos a la lucha contra el fraude con las medidas de carácter normativo y organizativo señaladas.
En Blog SAGE Experience | La responsabilidad penal de las empresas
Más información | “Implicaciones de la economía sumergida en España” (PDF)
Imagen | Daquella manera
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