Velocidad para Moncloa, paciencia para Génova

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El ‘lawfare’ muestra su cara más amarga a un año de las generales

Velocidad para Moncloa, paciencia para Génova: los ritmos de Kitchen, Peinado, García Ortiz, Montoro y la UCO vuelven a disparar la sospecha de lawfare

El juez Juan Carlos Peinado. EP

Los casos no caen sueltos. Se acumulan. Se pisan unos a otros. Y a veces acaban componiendo una fotografía demasiado nítida. Kitchen vuelve a señalar a la cúpula del PP trece años después. El informe de la UCO sobre el novio de Ayuso sigue sin llegar. Montoro continúa atrapado en una instrucción interminable. Peinado procesa a Begoña Gómez en pleno tiempo político. Y el fiscal general recurre al Constitucional una condena que la propia Fiscalía considera lesiva para derechos básicos. La imagen de conjunto tiene nombre.

No hace falta sostener que exista una conspiración cerrada, centralizada y perfecta para apreciar el dibujo. Basta con mirar el reloj. Basta con seguir la dirección del foco. Basta con comparar qué causas irrumpen con velocidad, qué otras se atascan durante años y cuáles llegan al juicio ya recortadas, enfriadas o políticamente amortiguadas. A un año de las próximas elecciones generales, esa secuencia vuelve a dejar una sensación conocida en la izquierda: la maquinaria judicial y parajudicial no castiga igual, no corre igual y tampoco desgasta igual. Esa desigualdad es precisamente lo que convierte el lawfare en algo más eficaz que una simple causa judicial discutible. Lo convierte en clima, en narrativa, en ventaja política acumulada.

Kitchen es el mejor espejo de ese doble rasero. El principal investigador de Asuntos Internos declaró esta semana en la Audiencia Nacional que la operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas fue coordinada “en el ministerio” y volvió a apuntar a las cúpulas de Interior y de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En su testimonio reaparecieron además los alias de “El Asturiano” y “El Barbas” como referencias al expresidente del Gobierno. No es una anécdota de sumario. Es una señal de hasta qué punto, trece años después, el juicio sigue proyectando sombras muy directas sobre la dirección política del PP.

Trece años después, Kitchen sigue apuntando arriba

Lo más llamativo de Kitchen no es solo lo que aflora ahora. Es cuándo aflora. La operación se remonta a 2013. El juicio arranca en 2026. Trece años. Trece años para sentar en el banquillo a la trama que usó fondos reservados, captó al chófer de Bárcenas y trató de neutralizar material comprometedor para el PP en plena onda expansiva de Gürtel. Y aun así, la causa llega al juicio con límites muy visibles, con parte de la dimensión política amortiguada y con materiales fuera del foco principal. El paso del tiempo no es neutro. También reescribe la potencia pública de los hechos.

Ese contraste se vuelve especialmente áspero cuando se mira al otro lado del tablero. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto sentar a Begoña Gómez en el banquillo por cuatro delitos tras una instrucción nacida de una denuncia de Manos Limpias y marcada desde el principio por una enorme controversia jurídica y política. La causa ha sido corregida en distintos momentos, la Fiscalía ha pedido su archivo y la defensa ha denunciado reiteradamente la falta de base penal. Aun así, el procedimiento ha seguido avanzando hasta convertirse en una pieza de enorme desgaste para el entorno del presidente del Gobierno. La diferencia no está solo en el fondo. Está en el ritmo y en el momento.

No es una cuestión menor. Cuando una causa que afecta al entorno de Moncloa avanza con ese grado de exposición, mientras otras que cercan al PP tardan más de una década en llegar a juicio, la discusión deja de ser puramente jurídica. Entra de lleno en el terreno político. Y ahí el lawfare se vuelve mucho más reconocible: no tanto como fabricación total de hechos, sino como administración desigual de tiempos, prioridades y daños.

Velocidad para unos, dilación para otros

La causa que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofrece otro ejemplo incómodo. La Fiscalía Anticorrupción pidió hace meses a la UCO un informe clave por la investigación por corrupción en los negocios y ese documento sigue sin entregarse. El dato pesa por sí solo: casi nueve meses de espera en un asunto con evidente dimensión política y mediática. Nueve meses sin informe. Nueve meses en los que el caso permanece en una especie de pausa espesa, sin la misma presión, sin el mismo ruido y sin el mismo impulso que otras causas conectadas con el Gobierno central. La lentitud también tiene efectos políticos. Congela el coste, enfría el debate y protege de la erosión inmediata.

Algo parecido ocurre con la investigación sobre Cristóbal Montoro y el despacho Equipo Económico. La instrucción lleva ya ocho años y recientemente volvió a ampliarse otros seis meses. Ocho años. Otra vez el tiempo largo. Otra vez la sensación de una causa que se arrastra, que avanza sin romper nunca del todo el muro de la espera. Y, mientras tanto, permanece sobre la mesa una sospecha gravísima: la posible utilización del BOE y de la capacidad regulatoria del Estado para beneficiar intereses privados ligados al despacho fundado por el exministro de Hacienda. Si se tratara de un caso que afectara al corazón del actual Gobierno, cuesta imaginar la misma calma procesal y mediática.

En este contexto, el recurso de amparo de Álvaro García Ortiz ante el Tribunal Constitucional completa la fotografía. El ex fiscal general pide que se anule su condena por revelación de secretos al considerar que la sentencia del Supremo se basó en una valoración “irracional y arbitraria” y vulneró derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho de defensa. El recurso también subraya un punto especialmente delicado: la forma en que la sentencia trata el secreto profesional de los periodistas que no revelaron sus fuentes. Ahí el problema rebasa por completo la disputa partidista. Ya no hablamos solo del castigo a una institución o a una figura incómoda para la derecha. Hablamos de garantías democráticas básicas.

Y alrededor de todo eso actúa una presión política nada disimulada. Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez han cargado contra el Tribunal Constitucional y contra cualquier movimiento que pudiera revisar la condena al fiscal general. No es un ruido secundario. Es parte del clima. Se judicializa la política y luego se presiona a los árbitros para que no deshagan esa judicialización. El resultado es un ecosistema en el que la sospecha se fabrica rápido contra unos, mientras la erosión de otros avanza despacio, a veces hasta perder temperatura pública.

No es una suma casual. Es una forma de ordenar el terreno antes de una batalla electoral. A un año de las generales, el lawfare enseña así su cara más amarga. No la más escandalosa. No la más tosca. La más eficaz. La que no necesita inventar un universo paralelo porque le basta con algo mucho más sencillo: acelerar donde duele al adversario, demorar donde incomoda a los tuyos y dejar que el deterioro haga el resto. En esa asimetría, hoy, se está jugando también una parte de la política española.