Moreno Bonilla considera la sanidad como una oportunidad de negocio, con cada vez más concesiones sanitarias a empresas privadas.
Escriben María Luisa Lores, José Manuel Aranda, Cristina Torro
La crisis de los cribados en Andalucía evidenció las costuras de la gestión sanitaria del gobierno del PP en Andalucía. Moreno Bonilla considera la sanidad como una oportunidad de negocio, con cada vez más concesiones sanitarias a empresas privadas. Lotes de consultas, cirugías o exploraciones realizadas a destajo, como una forma de “quitarse un peso de encima”, mientras se favorece a las empresas amigas.
La privatización del I+D+i es otro de los graves ataques al Servicio Sanitario Público de Andalucía por parte de Moreno Bonilla
El propietario del Centro Diagnóstico de Granada que realizó las mamografías mediante unidades móviles es de la familia propietaria de la empresa concesionaria del Laboratorio Central de Madrid, favorecida con el cierre de 3 laboratorios públicos por parte del gobierno de Esperanza Aguirre, para derivar las pruebas al laboratorio privatizado.
Tanto la empresa que gestionaba los datos como la que realizaba las mamografías en unidades móviles fallaron en la notificación de los resultados dudosos de 2.317 mujeres que no fueron derivadas al SAS, un grave problema, aunque no un problema aislado. La crisis de los cribados es la punta del iceberg de las graves consecuencias sobre la salud de los pacientes, vinculadas a la externalización, a la falta de control de las empresas privadas concesionarias por parte del gobierno andaluz y a la generación de listas de espera para incrementar los conciertos sanitarios.
Para evitar que se repita una crisis similar e impedir nuevas filtraciones que puedan afectarle en la campaña electoral, Moreno Bonilla blinda de forma inmediata el control del Servicio Andaluz de Salud [1] y lo rebaja de consejería a viceconsejería, controlada por Presidencia.
La privatización del I+D+i es otro de los graves ataques al Servicio Sanitario Público de Andalucía por parte de Moreno Bonilla. Para ello crea en el año 2024 el Instituto de Salud de Andalucía (ISA) que integra la Escuela Andaluza de Salud pública (EASP), que arrebata al SAS, y el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, dependiente de la Consejería de universidades y cogestionada por la Multinacional Farmacéutica Pfizer. De esta forma, servicios esenciales y de especial protección, como los datos sanitarios, la evacuación de fármacos y tecnologías, la transformación digital o la formación de los profesionales se desgajan del SAS y se gestionan en “colaboración” con la industria sanitaria.
El gasto farmacéutico del SAS es muy elevado, de 4.082 millones de euros (470 euros/persona), indicativo de una gestión privatizada
Protocolos de actuación en las enfermedades más frecuentes y relevantes de la población andaluza, aprobados por el gobierno de Moreno Bonilla, están controlados por Multinacionales Farmacéuticas y Tecnológicas: Proyecto de arterioesclerosis con Novartis, de neurología médica de precisión con Roche Farma; de mejora de la atención al paciente con Johnson & Johnson; de innovación conMedtronic; de I+D+i con la EASP y ABBVIE; de refuerzo de la colaboración público-privada en el SAS con AstraZeneca.

Las universidades privadas han experimentado un crecimiento sin precedentes, pasando de una a cinco en solo 2 año (2023-2025). Además, las empresas influyen directamente en la formación en las universidades públicas a través de múltiples cátedras de financiación privada. Cátedras en las facultades de Medicina son financiadas por la industria farmacéutica, desdibujando los límites entre ciencia y comercio.
El gasto en conciertos con la sanidad privada según el gobierno es de 564 M de euros públicos para 2026, un 40% superior a 2024, aunque los contratos están plagados de irregularidades que han llegado a los Medios y a los juzgados y es difícil asegurar el gasto real. La parasitación del sistema público por la compatibilidad público-privada de muchos profesionales y sobre todo de jefes de servicio dificultan el control de las listas de espera dentro del SAS y favorecen la derivación.
No sorprende que Andalucía presente peores indicadores de salud que la media española y mayores tasas de mortalidad por cáncer de mama, cáncer de pulmón
El consejero de presidencia y responsable de sanidad Antonio Sanz alardea de que más de 1 de cada 3 euros del presupuesto sanitario va a Atención Primaria (35%), 10 puntos por encima de lo recomendado por la OMS. Sin embargo, el dato es falso, 15 puntos superior al gasto real de 20%, lo que refleja engaño o ignorancia ya que, como todo el mundo sabe menos el consejero, para calcular el gasto en AP hay que restar el gasto en recetas
El gasto farmacéutico del SAS es muy elevado, de 4.082 millones de euros (470 euros/persona), muy superior al gasto total en funcionamiento y personal de Atención Primaria de 376 euros/persona, indicativo de una gestión privatizada y centrada en la enfermedad, no en promover la salud de la población
No sorprende que Andalucía presente peores indicadores de salud que la media española y mayores tasas de mortalidad por cáncer de mama, cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares, siendo estas últimas las que muestran mayor diferencia respecto a otras comunidades.
El barómetro Sanitario de 2025 [2] refleja la mala gestión del SAS. Solo el 39% de la población andaluza tiene una valoración positiva del funcionamiento del Sistema Sanitario, el peor dato de todas las CCAA y 13 puntos por debajo de la media estatal. También es la población que peor valora las consultas de AP (5,61 frente al 6,27 de media nacional), y la tercera por la cola en las consultas de Atención Hospitalaria
En resumen, desde la llegada al poder de Moreno Bonilla el Sistema Sanitario Público de Andalucía está más fragmentado y privatizado, el gasto sanitario termina en buena parte en manos de las empresas, mientras las listas de espera aumentan, la salud de la población empeora, el gasto farmacéutico se dispara y la valoración del SAS por parte de la población andaluza es muy inferior a la media de las CCAA
Para evitar problemas políticos por la mala gestión de la sanidad, como acaba de ocurrir con la crisis de los cribados, Moreno Bonilla menosprecia el SAS y a sus profesionales, rebaja su categoría administrativa a viceconsejería y le arrebata la EASP y con ello el control sobre la formación de sus profesionales, la salud pública y la I+D+i del Sistema Sanitario Público
Definitivamente, el Sistema sanitario público de Andalucía no está en buenas manos
María Luisa Lores, José Manuel Aranda, Cristina Torro | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


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