La Iglesia de Cádiz defiende que «el 99% de los inmigrantes no tiene antecedentes»
La Fundación Tierra de Todos ha atendido a más de cien personas que buscan regularizar su situación para poder trabajar y cotizar legalmente en España: «Muchas de estas personas ya aportan a la sociedad», explica Jerónimo de Vicente
Cádiz
Son días intensos en muchas entidades, ONG e instituciones que trabajan a destacado desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara la regularización de inmigrantes, cumpliendo una serie de requisitos que destaca la reglamentación establecida por el propio ejecutivo central.
No escapan a esta situación las entidades pertenecientes a la Iglesia católica, la primera institución que respalda la decisión del Gobierno por lo que supone un paso adelante en cuestión humanitaria y social para muchas personas que llevan años en España sin poder tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos.
En Cádiz, la Fundación Tierra de Todos, perteneciente a la Diócesis de Cádiz y Ceuta, está jugando un papel fundamental en la ayuda a los inmigrantes que residen en la provincia. Según su coordinador, Jerónimo Vicente, «muchas de estas personas ya aportan a la sociedad, pero lo hacen desde la economía sumergida al carecer de papeles. La regularización permitiría que los empresarios puedan contratarlos legalmente, sacándolos de una situación en el limbo que las entidades sociales, incluida la Iglesia, venían denunciando», explica.
Vicente califica el proceso como «una buena noticia para todos», ya que las anteriores regularizaciones en España han demostrado ser positivas. La incorporación de estas personas al sistema productivo significa que comenzarán a pagar sus impuestos y a cotizar, reforzando así la economía y la sociedad en su conjunto.
Para acceder a esta regularización extraordinaria, los solicitantes deben cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, es necesario acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una permanencia ininterrumpida de al menos 5 meses. Además, es un requisito indispensable carecer de antecedentes penales, tanto en España como en su país de origen, y no suponer una amenaza para el orden público.
Sobre este último punto, Jerónimo Vicente es tajante y ofrece un dato revelador sobre el perfil de las personas a las que atienden. Asegura que quienes han tenido problemas con la justicia no pueden optar al proceso, y afirma que la gran mayoría en la provincia de Cádiz cumple con esta condición: «son la mayoría, vamos, el 99%».
Demanda de información en Cádiz
Aunque es complicado ofrecer una cifra exacta, la demanda de información es muy alta. Una sesión informativa en la Asociación Cardijn congregó a unas 100 personas, mientras que otra en la sede de Tierra de Todos atrajo a 125 asistentes. Vicente aclara que estas cifras no reflejan el total, ya que muchos acuden en representación de sus familiares, incluyendo hijos menores y ascendientes dependientes, por lo que el alcance real es de «miles» de personas. No obstante, no hay datos aún en Cádiz de cuantas personas se quieren acoger a esta regularización pero las previsiones estatales son de hasta 500.000 beneficiarios, que ya se consideran cortas ante una medida que podría tener un alcance mayor del previsto.
Para aquellos que no cumplen los requisitos de esta vía extraordinaria, no se cierran todas las puertas. El coordinador de la fundación explica que «esta regularización extraordinaria no conlleva la eliminación de otras regularizaciones que ya se vienen produciendo». Existen otras alternativas como el arraigo social, por estudios o la protección internacional, aunque este nuevo proceso busca «acortar el tiempo que necesita una persona para estar legal en España».
Este proceso se enmarca como el «primer hito del plan de integración y convivencia intercultural con que España refuerza su modelo de política migratoria», según Vicente. Un modelo basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, que es «perfectamente compatible con el crecimiento económico y la cohesión social».
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