Feijóo miente sobre los requisitos de antecedentes penales para criticar la regularización de migrantes

El líder del PP lanza una campaña de desinformación que acusa falsamente al gobierno de regularizar “a granel” a migrantes que han “delinquido” y “abusado de mujeres”

Hace apenas unos días se abrió el  plazo para que las personas migrantes puedan solicitar, tanto presencial como telemáticamente, la regularización extraordinaria aprobada el 14 de abril en el Consejo de Ministros. Esta regularización es el resultado de la lucha de cerca de 900 asociaciones que, en noviembre de 2024, trasladaron una ILP con el respaldo de más de 700.000 firmas al Congreso, donde se aprobó su tramitación con el voto, por entonces, favorable de todos los grupos parlamentarios menos Vox.

Un año y medio después, cerca de medio millón de personas van a poder por fin regularizar su situación en España para continuar residiendo y trabajando en nuestro país, tal como lo hacían hasta ahora, pero con sus derechos sociales y laborales reconocidos. Los requisitos exigidos son los siguientes: la estancia previa en España antes del 1 de enero de 2026, una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de la solicitud y la ausencia de antecedentes penales.

Es en este último punto en el que la maquinaria de desinformación de la derecha y la ultraderecha se ha puesto a trabajar. Al rechazo frontal a la medida que Vox ha tratado de justificar torticeramente con bulos e inexactitudes desde un primer momento, se ha sumado el PP. Su líder, Alberto Nuñez Feijóo, ha tratado de enfangar este éxito de la sociedad civil organizada y de las asociaciones de migrantes utilizando los pasillos de la sede de la soberanía popular para lanzar su campaña de desinformación xenófoba.

Feijóo ha optado por el seguidismo a Vox y el uso de los bulos como arma política al acusar al Gobierno de regularizar a migrantes “a granel”, incluso a pesar de que tengan “antecedentes penales” o hayan “delinquido” o “abusado de una mujer”.

Aunque después ha rebajado el tono y se ha limitado a afirmar que con esta medida se puede beneficiar a personas con antecedentes policiales, Feijóo lanza datos incorrectos, cuya falsedad está en la obligación de conocer como líder de la oposición, y trata de vincular a las personas migrantes que van a regularizar su situación administrativa con la delincuencia. 

A continuación, analizamos, con el texto del Real Decreto 316/2026 en la mano, los requisitos imprescindibles que desmienten los bulos de Feijóo. Según este texto, se exige:

• No tener antecedentes penales en España por ningún delito previsto en el ordenamiento jurídico español. Esto incluye, por supuesto, los delitos sexuales y cualquier otro.

• No tener antecedentes penales en el país de origen y de los países en los que hubiese residido durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de entrada en España. Y esto hay que demostrarlo aportando un certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por las autoridades del país correspondiente.

Si la persona solicitante no lo consiguiera, la propia Administración de Extranjería pedirá por vía diplomática a la autoridad competente del país, o países correspondientes, el certificado de antecedentes penales o documento equivalente. Sin estos certificados la persona no podrá regularizarse. Un requisito excesivo, pues finalmente la regularización depende de la burocracia de un país extranjero. No obstante, un exceso que desmiente aún más las mentiras de Feijoo.

• Pero no tener antecedentes penales no es suficiente, la ley también exige que se pruebe que la persona extranjera no representa una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. Y esta circunstancia se acreditará con la valoración del informe policial correspondiente. 

• Para mayor control, la norma también exige que la persona solicitante no figure como rechazable por motivos de seguridad pública en el espacio territorial de países con los que España haya firmado un convenio en tal sentido.

• Estos informes penales y policiales difícilmente pueden ser ocultados o manipulados por las personas solicitantes, pues la ley establece que es la Administración de extranjería quien los recabará de oficio al Registro Central de Penados, a la Policía y a los países de la Unión Europea si fuera necesario.

Gracias a la ayuda de nuestros donantes y colaboradores, desde Acción contra el Odio seguiremos desmontando y persiguiendo los discursos y las mentiras que incitan al odio la discriminación, la hostilidad y la violencia contra personas migrantes. 

DONA para que podamos seguir adelante.