El Gobierno de coalición aprobará este martes la regularización de migrantes anunciada por Pedro Sánchez, que beneficiará a en torno medio millón de personas que ya viven en España. Después de que el Consejo de Estado emitiese su informe sobre la actuación y una vez se han incluido las recomendaciones emitidas, el Consejo de Ministro dará luz verde a la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, por lo que no será necesario que la decisión se vote en el Congreso de los Diputados.
La norma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones en colaboración con otras carteras (Interior, Justicia y Política Territorial) impulsará una ganancia de derechos para cientos de miles de migrantes, que actualmente no pueden acceder a servicios públicos, a un contrato de trabajo legal o al pago de impuestos directos. Un avance que no gusta al Partido Popular (PP), influido sustancialmente por las tesis racistas Vox, y que se está encontrando su mayor obstáculo en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.
La baronesa ultraliberal, que en más de una ocasión ha ensalzando las bonanzas de la llegada de migrantes latinoamericanos a la región, ha anunciado que recurrirá la regularización en los tribunales, en línea con su estrategia de antagonismo al presidente del Gobierno. Una decisión que llega de la mano de otro boicot silencioso relacionado con la expedición del certificado sobre el historial de recargas de la Tarjeta de Transporte madrileña. Este documento es clave para que algunos migrantes demuestren su arraigo en al territorio.
El principal problema es que la emisión de este certificado solo pude realizarse en una oficina, ubicada en Ríos Rosas (Chamberí), y está colapsada. La web del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) no permite obtener una cita desde ahora hasta el 31 de mayo, imposibilitando un plazo mayor de reserva y diversas asociaciones han denunciado que, desde que fuera anunciada la regularización, ha sido imposible obtener cita.
El Gobierno de Ayuso, por su parte, se niega a ampliar el personal y las oficinas en las que realizar este trámite, en una clara estrategia de boicot. Una actuación que choca con la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que reforzó las oficinas de empadronamiento cunado se encontró una situación similar. "Ayuso está intentando boicotear la regularización de personas migrantes antes de recurrirla. Pero este proceso es una cuestión de derechos y humanidad", ha denunciado el presidente del PSOE madrileño, el ministro Óscar López. "Deje de copiar a Trump y refuerce ya el servicio para que puedan demostrar su arraigo", ha añadido.
Argumentos racistas
El boicot, además, que responde a un argumentario racista, atendiendo a las justificaciones dadas por los altos cargos de la Comunidad de Madrid. “Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales”, ha espetado Ayuso, pese a que no se permitirá acceder a personas con antecedentes. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha relacionado, en las últimas horas, la inmigración con la delincuencia. Unos ataques vomitados habitualmente por Vox, pero que en esta ocasión han sido proferidos por el número dos del PP de Madrid en una jornada de Seguridad organizada por la propia formación.
La realidad de que una inmigración masiva y mal integrada genera problemas de convivencia", ha proferido, sin ofrecer ninguna receta política que pueda mejorar la integración. La solución para Serrano es mantener a los migrantes sin derechos, práctica que dificulta aún más la integración. El "descontrol migratorio que fomenta el Gobierno es un peligro en términos de seguridad" ha insistido el secretario general del PP de Madrid, quien además ha difundido nuevamente el bulo construido por su jefa, centrado en un amaño electoral a través del engrosamiento de censos.
Bulos y ataques a los migrantes
“Cualquiera de esas personas podrá apuntarse a la circunscripción que quiera sin más justificación que su propia voluntad”, ha pronunciado Serrano, siguiendo los pasos de Ayuso. El fallo clave de esta afirmación es que es mentira, dado que los inmigrantes que accedan a la regularización no tendrán derecho a voto, algo de sobra conocido en la Comunidad de Madrid, desde donde han optado por difundir a sabiendas una mentira para generar alarmismo social. A este bulo se han sumado otros argumentos, delirantes por quien los ha pronunciado.
“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, ha expuesto Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid que, precisamente, está acometiendo un desmontaje de sanidad, educación, dependencia y otras materias públicas, en favor de una privatización que favorece a, entre otros muchos empresarios, su novio, Alberto González Amador, beneficiado de los negocios de la sanidad privada. Una pata más de la miscelánea argumental con la que Ayuso se está oponiendo a que los migrantes ganen derechos.
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