El Consejo de Ministros aprobará este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el que pretende dar respuesta a algunas de las derivadas de la crisis habitacional. El Gobierno impulsará el abordaje político de la mano de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien defiende el carácter revolucionario de las medidas contenidas en el plan. El presupuesto destinado a la materia ascenderá hasta los 7.000 millones de euros, de cuyo groso el 40% irán dirigidos a ampliar la oferta de vivienda disponible.

La ampliación del parque de vivienda se impulsará a través de la promoción de nueva construcción, por un lado, y con la adquisición de viviendas que se incorporen al parque de vivienda protegida, por otro. Sobre los inmuebles públicos protegidos, el plan pretende blindar su protección de forma permanente, evitando que en un par de décadas se liberalicen y penetren en el mercado con precios disparatados, lo que supondría agravar el problema y perder tiempo, suelo y recursos públicos en favor de la especulación inmobiliaria.  

La financiación para este cometido triplicará la contemplada hasta el momento y las Comunidades Autónomas (CCAA), como administraciones en las que se depositan las mayores de competencias en materia de vivienda, tendrán un papel clave. No obstante, será el Estado central el que afronte la totalidad del peso económico durante el primer año para evitar las reticencias de la regiones dominada por el Partido Popular (PP), que reniegan de aportar un 40% conjunto al plan, pese a que la administración central asumirá el 60%.

Principales medidas

Desde el ministerio de Vivienda han ido adelantando algunas de las medidas que se contemplarán en el plan, muchas de ellas destinadas a facilitar y reactivar el acceso de la vivienda en mundo rural. “Tiene que formar parte de la solución al problema” que afecta al conjunto de España, trasladan desde la cartera pilotada por Rodríguez, quien ha explicado varias aristas clave del nuevo proyecto.

Rehabilitación de viviendas

En primer lugar, se apuesta por la rehabilitación “para vivir mejor”. En este sentido, se contemplan ayudas para reformas estructurales de los edificios, para hacer las viviendas más accesibles y eficientes energéticamente. Concretamente, se aprueban ayudas para acometer reformas estructurales, por valor de hasta 8.000 euros por vivienda; ayuda de accesibilidad, que ascienden hasta los 13.000 euros por vivienda; y ayudas para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euros, dependiendo de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste.