El Congreso decide sobre un millón de contratos de alquiler: una votación para definir la legislatura

 El Congreso decide sobre un millón de contratos de alquiler: una votación para definir la legislatura

El decreto-ley, que nació del pulso entre el PSOE y Sumar en un Consejo de Ministros extraordinario que no tenía previsto aprobarlo, encara este martes su derogación por el veto de PP, Vox y Junts. Está en juego la prórroga de los contratos que expiren este año y el siguiente y un tope del 2% a las subidas de renta

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Carlos Luján - Europa Press

El decreto-ley de alquileres se la juega en el Congreso este martes. Un día poco habitual para votar decretos-ley, a los que se les reserva el jueves, al igual que el resto de iniciativas que proceden del Gobierno.

Este se votará el martes al caducar el plazo que hay para someterlo a convalidación. En su estrategia por maximizar sus efectos en caso de derogación, el Ejecutivo decidió apurar la vida de la norma antes de su más que probable derogación y exprimir el plazo de un mes a partir de su entrada en la Cámara.

El Gobierno afronta la votación como la gran mayoría de ellas en el Congreso. No tiene los votos, por oposición de PP, Vox y Junts. Con una diferencia sustancial al de otras. Se decide el futuro de un millón de contratos de alquiler en un momento en el que la preocupación por la vivienda es máxima.

¿Qué hay en juego?

La prórroga automática (y sin subidas) hasta un máximo de dos años de los contratos de alquiler que expiren este año y el siguiente y un límite a la actualización de las rentas del 2% en este período.

La medida trata de evitar que la caducidad de los contratos, firmados todos ellos durante la pandemia de Covid-19 o su salida, se traduzca en subidas inasumibles para los inquilinos, máxime a las puertas de una nueva crisis de precios.

El Ministerio de Consumo estima que la medida afecta a aproximadamente un millón de hogares en los que vivirían 2,7 millones de personas. 

El origen

El decreto-ley fue aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del viernes 20 de marzo, cuando Pedro Sánchez convocó a sus ministros para sacar adelante el plan de respuesta económica a la guerra de Irán.

Ese día, los ministros de Sumar se plantaron y amenazaron con no entrar en la sala de reuniones si el plan no incluía medidas urgentes en materia de vivienda. El PSOE se resistía, descontando que no había votos para sacarlas adelante.

Finalmente, el Gobierno aprobó por un lado el plan de respuesta, que se convalidó pocos días después, y la prórroga de contratos en otro decreto-ley específico. La discusión retrasó horas el inicio del Consejo y la programada comparecencia del presidente Pedro Sánchez para anunciar las medidas.

Las reacciones

Ni PP ni Junts han escondido su rechazo a esta medida, si bien los de Carles Puigdemont no han sido tan explícitos a la hora de adelantar su voto a una medida que habían avalado años atrás durante la pandemia y contra la que no habían sido especialmente críticos.

Ambas formaciones venían de doblegar al Gobierno en dos ocasiones al tumbar sendos decretos-ley ómnibus, justificando su voto por su veto a prorrogar la moratoria antidesahucios, medida que relacionan con una defensa de la ocupación ilegal.

De hecho, el secretario general del PP, Miguel Tellado, describió el decreto-ley como una norma “donde se premia a los ‘okupas’ por entrar en propiedad privada”.

La no-negociación

Junts ha roto relaciones con el Gobierno por el incumplimientos acumulado de acuerdos alcanzados en esta legislatura y rechaza cualquier negociación. La respuesta dada en más de una ocasión sobre su disposición a votar una iniciativa ha sido “que primero paguen lo que deben”.

Es por ello que en el Ejecutivo, especialmente en el lado del PSOE, se han cuidado mucho al hablar de cualquier contacto, para no romper cualquier posibilidad de encuentro.

Pese a ello, las conversaciones han existido desde la ruptura a finales del año pasado. La propia portavoz, Miriam Nogueras, reconoció haber recibido borradores de los decretos-ley ómnibus durante el día de su aprobación (que luego no coincidieron por incluir finalmente la moratoria).

Rebajas fiscales, el incentivo

En el caso del decreto-ley de alquileres, fuentes parlamentarias aseguran a Demócrata que han existido conversaciones, incluso antes de la aprobación del decreto-ley, para tantear la posibilidad de que Junts diera su apoyo.

En esas conversaciones, la preocupación de los de Puigdemont se centraba en la ocupación ilegal y la aplicación de rebajas fiscales. De hecho, hace dos semanas registraron una iniciativa en el Congreso para proponer deducciones de hasta 11.000 euros en el IRPF por cantidades pagadas por la hipoteca o el alquiler.

Pese a haberlas bloqueado en el pasado, el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, mostró este lunes su disposición a aceptar medidas de este tipo, emplazando al PSOE a llevarlas a la negociación. Sin embargo, Junts desechó el ofrecimiento, por la imposibilidad de modificar el decreto-ley, dando a entender que no confiaba en dar su voto sin tener aprobadas el resto de medidas.

Las palabras de Díaz y el cabreo de Puigdemont

Si algún sabor faltaba en la salsa, la vicepresidenta Yolanda Díaz acusó hace dos semanas a Junts de ser una formación “siempre racista y clasista”. Unas afirmaciones a las que el propio Carles Puigdemont salió a contestar en su cuenta social de X, recordándole que habían sido sus votos las que habían propiciado la continuidad del Gobierno del que es vicepresidenta.

Junts ya se había mostrado en contra del decreto-ley pero desde Sumar no se resignaban en alcanzar algún acuerdo. “Si había poca agua en la piscina, ahora desde luego ya no hay nada”, lamentaban días después fuentes del ala socialista del Gobierno.

Es posible que las palabras de la ministra de Trabajo no hayan sido las decisivas en Junts para decidir su voto, pero desde luego no ayudaron a tender puentes. Una circunstancia reconocida incluso desde el propio grupo parlamentario de Sumar, en el que alertaban días antes de las declaraciones que elevar el tono contra los de Puigdemont podía condenar cualquier atisbo de esperanza al que agarrarse.

La votación llega, además, con Junts elevando el tono contra el Ejecutivo, cuestionando su continuidad y emplazando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar por concluida la legislatura y convocar elecciones. 

Y en esos términos se jugará el debate: qué medidas está dispuesto a aprobar el Gobierno, qué margen tiene en el Congreso... y qué posibilidades tiene de continuar hasta 2027.