1.567 andaluces mueren esperando prestación en el primer trimestre de 2026

 

Nuevo y "demoledor" informe de la Dependencia: 1.567 andaluces mueren esperando prestación en el primer trimestre de 2026

Mientras en el resto de España la mortalidad en lista de espera descendió un 28% en marzo, en Andalucía aumentó un 3%, alcanzando los 672 fallecidos solo en ese mes

Movilización por la Dependencia en Málaga en 2024 / CCOO de Andalucía

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha calificado este lunes de "colapso y emergencia social" la situación de la dependencia en Andalucía. Según los últimos datos del IMSERSO analizados por la Federación, 1.567 personas fallecieron en Andalucía en lista de espera durante el primer trimestre de 2026. De ellas, 1.071 murieron sin haber recibido siquiera la valoración inicial de su grado de dependencia.

A pesar de que los datos oficiales de marzo mostraron una reducción estadística en la lista de espera, el presidente de FOAM, Martín Durán Torres, advierte sobre la naturaleza engañosa de estas cifras: "Andalucía no está resolviendo las listas de espera; las está vaciando por defunción. Gestión de cola no es gestión de bienestar cuando más de 21 andaluces mueren cada día sin ser valorados".

Mientras en el resto de España la mortalidad en lista de espera descendió un 28% en marzo, en Andalucía aumentó un 3%, alcanzando los 672 fallecidos solo en ese mes. Además, la comunidad acumula el 73% del incremento total de la lista de espera nacional en este trimestre, con 9.808 nuevas personas aguardando una prestación, según el informe.

La gravedad del colapso queda reflejada en indicadores críticos que sitúan a la comunidad en una posición alarmante. El tiempo medio de espera en Andalucía alcanza ya los 464 días, lo que supone 135 días por encima de la media nacional y más del doble del límite legal establecido en 180 días.

Especialmente trágico es el incremento de fallecidos sin valoración previa, una cifra que se ha multiplicado por diez desde enero, pasando de 102 a 1.071 casos acumulados en apenas tres meses. Este escenario se enmarca en un déficit histórico de inversión, donde Andalucía se sitúa como la última de las 17 comunidades autónomas con un gasto por beneficiario de apenas 7.136 euros, frente a los 11.321 euros que invierte Extremadura. Ante esta falta de agilidad, el Observatorio Estatal de la Dependencia estima un horizonte crítico: al ritmo actual, se necesitarían 86 años para eliminar por completo la lista de espera en España.

La solución: una decisión política viable

Este incremento presupuestario de 1.225,4 millones de euros es, según los análisis de FOAM, una medida perfectamente asumible para las arcas públicas, dado que apenas representa el 2,37% del presupuesto total de la Junta para el ejercicio 2026.

Para poner en perspectiva la viabilidad de la propuesta, la Federación señala que esta inversión adicional supondría menos del 7,53% de lo destinado actualmente a Sanidad y una cuantía inferior al 10,95% del presupuesto de Educación, situándose además por debajo del crecimiento real acumulado del PIB andaluz registrado entre 2019 y 2025.

Ante este escenario, la organización ha remitido una serie de demandas urgentes por escrito al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, comenzando por la modificación inmediata de los Presupuestos de 2026 para elevar la inversión en dependencia hasta alcanzar el 1,58% del PIB.

Asimismo, se solicita la puesta en marcha de un plan de choque urgente destinado a las valoraciones que refuerce los equipos técnicos para frenar la mortalidad de quienes fallecen sin trámites previos, junto a la declaración de la dependencia como una prioridad de Estado en Andalucía que incluya un calendario público para llegar progresivamente al 2% del PIB.

Finalmente, FOAM ha solicitado una reunión formal con la Presidencia de la Junta con el fin de concretar estas medidas y establecer mecanismos de seguimiento transparentes que garanticen su cumplimiento efectivo.

"En tres meses han muerto más de 1.500 andaluces esperando un derecho legal. No es una cuestión de gestión administrativa, es una cuestión de humanidad y voluntad política", concluye Durán.