Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideran que la carta remitida por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, traslada una imagen distorsionada de las responsabilidades reales en la gestión del Sistema Nacional de Salud.
La sostenibilidad del sistema sanitario depende tanto del modelo de financiación como de la prioridad presupuestaria que cada gobierno autonómico le otorgue
La sanidad es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas desde hace más de veinte años. Son estas quienes planifican recursos humanos y materiales, gestionan plantillas, organizan los diferentes niveles asistenciales como la Atención Primaria y Hospitalaria, establecen la jornada, acuerdan retribuciones, imponen conciertos con el sector privado y aprueban sus presupuestos sanitarios.
Conviene recordar que el Partido Popular gobierna actualmente en 11 comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja y Cantabria. En todas ellas tiene capacidad directa para:
1. Incrementar la financiación sanitaria de manera finalista.
2. Reforzar la Atención Primaria.
3. Mejorar las condiciones laborales y reducir la temporalidad.
4. Disminuir listas de espera sin recurrir de forma estructural a la privatización.
5. Frenar la privatización y la expansión de conciertos con empresas privadas y recuperar lo privatizado.
Feijóo fue presidente de Galicia durante trece años. En ese periodo se produjeron recortes presupuestarios, reducción de estructuras sanitarias, incremento de la presión asistencial y movilizaciones ciudadanas en defensa de la sanidad pública gallega
Sin embargo, la realidad en buena parte de estos territorios refleja problemas estructurales que no pueden atribuirse al Gobierno central como son la infrafinanciación de la Atención Primaria, plantillas insuficientes, sobrecarga asistencial, crecimiento del sector privado financiado con fondos públicos y políticas fiscales que reducen la capacidad recaudatoria.
Resulta contradictorio reclamar una reforma de la financiación autonómica para garantizar recursos suficientes mientras, en varias de estas comunidades, se han impulsado bajadas de impuestos que tensionan los servicios públicos. La sostenibilidad del sistema sanitario depende tanto del modelo de financiación como de la prioridad presupuestaria que cada gobierno autonómico le otorgue.
En materia de recursos humanos, aumentar las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) es necesario, pero por sí solo no resolverá los problemas del sistema si no se actúa también sobre las condiciones laborales, la estabilidad contractual y la sobrecarga asistencial, factores que dependen directamente de las administraciones autonómicas. Los datos muestran que, en los últimos años, el incremento de plazas de FSE ha sido considerable, no solo en el ámbito de los MIR, especialmente tras los recortes que se produjeron durante los gobiernos anteriores del Partido Popular. No menos importante es garantizar que las Unidades Docentes cumplan con estándares de calidad adecuados, ya que incrementar plazas sin estas garantías supone exponer al Sistema Público de Salud a un riesgo grave para la seguridad de los pacientes.
Resulta necesario introducir una reflexión básica, y es que Alberto Núñez Feijóo fue presidente de Galicia durante trece años. En ese periodo se produjeron recortes presupuestarios, reducción de estructuras sanitarias, incremento de la presión asistencial y movilizaciones ciudadanas en defensa de la sanidad pública gallega, que continúan hoy en día. La situación actual no puede analizarse al margen de esas decisiones políticas.
Si quien aspira a presidir el Gobierno de España desconoce el reparto competencial del Sistema Nacional de Salud, estaríamos ante una carencia preocupante. Y si lo conoce pero opta por obviar la responsabilidad de las comunidades autónomas, el debate se desplaza hacia el terreno de la estrategia política y no de la solución real de los problemas.
Desde la FADSP reiteran que la crisis de la Sanidad Pública no puede utilizarse como arma de confrontación partidista. Requiere corresponsabilidad institucional y coherencia política. No es creíble denunciar el deterioro del sistema mientras en los territorios donde se gobierna se mantienen políticas que favorecen la privatización y el debilitamiento de la red pública.
La defensa de la Sanidad Pública se demuestra en los presupuestos autonómicos, en la gestión cotidiana y en la apuesta inequívoca por fortalecer lo público frente a la mercantilización.
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