Cada 9 de diciembre celebramos el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Se conmemora que ese día de 1905, entró en vigor la revolucionaria ley francesa que separó el Estado de las Iglesias y religiones. También un 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución de la II República española, una carta magna que garantizaba la laicidad del Estado, mucho más avanzada y democrática que la aprobada en 1978 tras la larga dictadura teocrática.
La calculada ambigüedad de la Constitución española en materia de aconfesionalidad-laicidad permitió aprobar los acuerdos con la Santa Sede de 1979 (Concordato) asegurando desmesuradas prerrogativas económicas, educativas y de otros tipos para la Iglesia católica, ratificadas y extendidas por la Ley de libertad religiosa de 1980 y la de Mecenazgo en 2002, lo que hace que el Estado no pueda considerarse aconfesional (sin confesión, laico) sino más bien católico con tintes policonfesionales.
La Iglesia católica es un relevante actor político, con medios de comunicación propios. En democracia ha ejercido fuertes presiones políticas contra derechos civiles como el divorcio, los métodos anticonceptivos, el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.
Sorprende la inmensa financiación pública de una religión que discrimina claramente a las mujeres, impidiéndoles, en un verdadero «techo de hormigón», acceder a puestos directivos de su organización y adoctrinando a sus fieles de forma sexista, donde a la mujer se le reserva el papel reproductivo y de cuidados. Tememos que se incumple el art 37 de la Ley 15/2022, de «Igualdad de trato y la no discriminación» de obligado cumplimiento para entidades que reciben subvenciones públicas.
Denunciamos el expolio de las Inmatriculaciones y cómo se ha permitido a la Iglesia católica apropiarse de más de 100 mil inmuebles de un formidable valor sin poner aún en marcha ningún proceso general de reversión al patrimonio público.
Es especialmente sangrante, por ir dirigido a personas muy vulnerables, el mantenimiento, con fondos públicos, de centros de enseñanza con ideario religioso (concertados) y de la asignatura de religión, impartida por catequistas seleccionados por los obispos en cada escuela pública. Inocular dogmas sobrenaturales contrarios al pensamiento científico-crítico es un verdadero ejercicio de abuso infantil. El Estado nos acaba haciendo cómplices.
La sociedad de 2025 (en la que, según el CIS de octubre, un 18,1% de los españoles practica religión católica) es muy diferente a la de 1979. Carece de toda lógica que se siga privilegiando y financiando con recursos públicos (aprox. 13.000 millones/año) a religiones en lugar de que sean sostenidas por sus propios fieles. A pesar de que han pasado por el gobierno distintos partidos «progresistas», han sido incapaces de poner freno a la inercia anacrónica de esta semiteocracia española.
Por todo ello sigue siendo imprescindible que celebremos el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, para recordar que las creencias de grupos particulares no deben determinar la gestión de lo público.
Imposible olvidarnos del sufrimiento que causan conflictos armados y el imperialismo, que beben en buena parte, del supremacismo nacionalista y religioso. La laicidad de los Estados es imprescindible para fomentar puntos de encuentro y caminar hacia un mundo más pacífico y justo.
Europa Laica exige la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, los de 1992 con otras confesiones y la sustitución de la confesional Ley de Libertad Religiosa por una Ley integral de Libertad de Conciencia, como la que propone Europa Laica.
En el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia exhortamos a las formaciones políticas y a toda la ciudadanía para hacer de nuestro país un Estado laico, igualitario, no sexista y, en definitiva, verdaderamente democrático.
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