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Toc, toc. ¿Hay alguien ahí?
La publicación de los audios del consejero delegado del grupo Ribera ha sacudido la política madrileña con una considerable magnitud. En una grabación de septiembre desvelada ahora por este diario, Pablo Gallart pedía a una veintena de directivos de su compañía y del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz —gestionado por la firma— que rechazaran a los pacientes o los procesos que no fueran rentables con el objetivo de incrementar el margen de beneficio empresarial.
Esta consideración de la salud de los ciudadanos como mero registro en los libros contables evidencia de manera descarnada el funcionamiento de muchas concesiones privadas. Los madrileños saben ahora que un hospital que debía atenderlos con profesionalidad en realidad estaba planeando de manera opaca cómo dejar tirados a los pacientes y reutilizar material de un solo uso. No hablamos de mascarillas o empapadores; los empleados llegaron a recibir la instrucción de esterilizar catéteres intravenosos para ampliar su uso hasta con una decena de personas. Terrible.
El estupor generado por este escándalo sin precedentes obligó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pronunciarse este viernes por primera vez y 48 horas después de la publicación de los audios. La varonesa popular salió al paso prometiendo que “cualquier mala práctica será erradicada con contundencia” y aprovechó su intervención para defender el modelo sanitario en Madrid, que “cuenta con grandes profesionales”. El PP ha permitido durante décadas que el sector privado parasite lo público hasta el agotamiento. Esta jibarización de la sanidad de todos ha demostrado en incontables ocasiones ser ineficaz y amenaza con erosionar la confianza en las instituciones.
El grupo Ribera es el mismo que en 1999 puso en marcha la primera concesión del Hospital Universitario de Alzira de la mano de la Generalitat valenciana, entonces también gobernada por los populares. Defendido como un loable ejemplo de colaboración público-privada, el modelo Alzira terminó exportándose a otras latitudes del país y ha alcanzado su máximo exponente en Madrid, capital de las privatizaciones. El hospital de Alzira se gestiona desde 2018 solo de manera pública tras la pelea de sus empleados y el impulso de la entonces gerente, Isabel González. Ella alerta en una reciente entrevista con EL PAÍS sobre el peligro de estos procesos y lo difícil que puede resultar revertirlos.
Antes de marcharse del hospital de Alzira, los empleados del grupo Ribera formatearon todos y cada uno de los ordenadores. Su intención no era otra que borrar las huellas de una gestión que ha terminado saliendo a relucir años después y a centenares de kilómetros. Los ciudadanos ya han comenzado a salir a la calle en Madrid en protesta por este escándalo y para reclamar medidas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha avanzado en una entrevista con este diario que derogará la norma que permite la gestión privada de centros públicos con la idea de evitar el ánimo de lucro. Promete ser el golpe definitivo al modelo Alzira y un ataque directo a la línea de flotación de Ayuso en plena pugna por el poder con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
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