El acuerdo político alcanzado entre España, el Reino Unido y la Comisión Europea sobre el futuro de Gibraltar marca un antes y un después en la relación de este enclave con Europa. Tras años de negociaciones desde el Brexit, este pacto prevé la eliminación de la Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) del Peñón, la incorporación parcial de Gibraltar al espacio Schengen y la supresión de los controles de personas y mercancías.
Más allá de los gestos simbólicos, este entendimiento trae consigo consecuencias jurídicas, económicas y políticas que España no puede permitirse ignorar.
Para muchos españoles, sobre todo en la comarca andaluza de Campo de Gibraltar, la noticia tiene un tono de alivio. Entre 10 000 y 15 000 trabajadores transfronterizos, en su mayoría de nacionalidad española, dependen de la fluidez del paso para mantener sus empleos y su calidad de vida. La demolición de barreras físicas, la armonización fiscal y la cooperación judicial prometen una mayor integración y, quizás, prosperidad para una de las regiones más castigadas por el desempleo estructural en Andalucía.
El acuerdo incluye también fondos europeos para formación, medioambiente y cohesión social, lo que podría traducirse en mejoras tangibles a corto plazo.
La falta de certezas
Lamentablemente, no todo son certezas. El texto aún no ha sido traducido en un tratado jurídicamente vinculante, lo que deja varios elementos clave abiertos a interpretación y posible disputa. ¿Qué tipo de fiscalidad se aplicará finalmente en Gibraltar? ¿Cómo se garantizará una competencia leal en el comercio, especialmente en sectores sensibles como el tabaco y los servicios financieros? ¿Qué papel jugará España en el control de un aeropuerto cuya soberanía reclama desde hace décadas?
El Gobierno español, que durante años ha defendido una postura firme sobre la soberanía del Peñón, presenta ahora el acuerdo como un logro diplomático. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, España asumirá el control de acceso al espacio Schengen, mientras que la policía gibraltareña mantendrá sus funciones dentro del territorio.
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En la práctica, los pasajeros que lleguen al puerto o al aeropuerto de Gibraltar deberán someterse a un doble control: uno por parte de las autoridades españolas, encargadas de garantizar la entrada al espacio Schengen, y otro por parte de la policía gibraltareña, que gestiona los procedimientos internos en nombre del Reino Unido. La cooperación en materia de seguridad y justicia entre ambas partes también se verá reforzada en este nuevo marco.
Pero esta fórmula, si bien funcional, puede verse como una cesión política. Para los sectores más conservadores del Reino Unido, el hecho de que ciudadanos británicos tengan que mostrar su pasaporte a la policía española para entrar en su “propio territorio” es una humillación.
En España, ciertos sectores ven el pacto como una renuncia simbólica a la reivindicación de soberanía plena sobre el territorio. Aunque el acuerdo declara que no afecta a las respectivas posiciones jurídicas de Londres y Madrid, en la práctica se configura una soberanía compartida de facto, sin resolver totalmente el conflicto histórico.
La desaparición de la Verja, convertida en símbolo de confrontación durante décadas, tiene una carga emocional fuerte. Pero no debemos perder de vista que el acuerdo se produce en un contexto más amplio de redefinición de fronteras, flujos migratorios y competencias entre Estados en Europa.
Gibraltar se convierte así en un laboratorio político: fuera formalmente de la UE, pero funcionalmente integrado en varias de sus estructuras clave. En este híbrido jurídico, España gana influencia operativa, pero también carga con responsabilidades adicionales.
El acuerdo tampoco soluciona el futuro uso civil y comercial del aeropuerto de Gibraltar, construido sobre un istmo cuya soberanía España nunca ha reconocido. El Gobierno británico ha recalcado que sus instalaciones militares seguirán bajo control exclusivo del Reino Unido, un punto que preocupa a Madrid por las implicaciones estratégicas que puede tener en un momento de tensión geopolítica internacional.
Un pacto que aún debe ser ratificado
El pacto debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y el británico. Al tratarse de un instrumento mixto, que incluye decisiones sobre fronteras exteriores (espacio Schengen), fiscalidad, cooperación judicial y seguridad, requiere también la aprobación del Congreso de los Diputados y del Senado español. Esto es así porque el acuerdo no se limita únicamente a cuestiones comerciales o técnicas gestionadas directamente por la Unión Europea, sino que afecta directamente competencias soberanas y estratégicas de España.
La eliminación física de la Verja no supone la desaparación total de controles, sino su traslado hacia puertos y aeropuertos mediante un sistema conjunto hispano-gibraltareño.
En definitiva, el acuerdo sobre Gibraltar es un logro técnico y un acto de pragmatismo diplomático. Pero su ejecución conlleva a una serie de dilemas estructurales para nuestro país: cómo combinar soberanía, integración y cooperación sin ceder legitimidad ni eficacia. El tiempo dirá si se trata de una solución estable o de un parche más en una frontera que, aunque invisible, seguirá siendo política.
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