Adoptar una posición de “ofensiva democrática” ante el “tensionamiento brutal” al que “las derechas” están sometiendo la contienda política. Ese es el llamamiento que hace la Fundación Avanza, presidida por el embajador de España ante la OCDE y exdiputado socialista, Manuel Escudero.
Entre otras medidas, la propuesta de la Fundación vinculada al PSOE es que los jueces apliquen más sanciones ante lo que consideran “malas prácticas”. En un documento publicado esta semana señalan que existe “lawfare” contra los adversarios políticos y responsabilizan a la “derecha conservadora”, que “ha optado desde el minuto uno por una batalla desnuda por recobrar el poder y desalojar de él al gobierno progresista por los medios que sean”, denuncian.
Según esta “estrategia”, organizaciones “del más rancio derechismo español” llevan a los tribunales causas “endebles” que son admitidas “con rapidez por algunos jueces” y posteriormente “esparcidas por algunos pseudomedios de comunicación”.
Ante ese panorama descrito, la fundación Avanza, de cuyo patronato forma parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propone “firmeza y contundencia” en la respuesta ante los “desmanes” de la “estrategia antidemocrática de las derechas”. Y señalan que es una disputa que no se puede llevar a cabo solo por el Gobierno y sus partidarios y necesita de la participación de otros actores de la sociedad, por ejemplo los jueces y los periodistas.
“El establecimiento de nuevos mecanismos eficaces de rendición de cuentas y evaluación del desempeño o sanción de las malas prácticas dentro del sistema judicial español solo lo podrán poner en marcha los jueces y magistrados que quieren preservar el sistema como garante del imperio de la ley democrática”, sostienen.
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