Los grupos popular y de CiU en el Congreso han impedido hoy que saliera adelante una iniciativa promovida por la Izquierda Plural para obligar a la Iglesia Católica a pagar el IBI y recortar en un 20 por ciento la asignación a esta institución procedente de la recaudación del IRPF.
La propuesta, defendida ante la Comisión Constitucional por el diputado de IU Joan Josep Nuet, había sido consensuada con el PSOE mediante una enmienda transaccional, pero no ha logrado respaldo suficiente, al ser desestimada por 26 votos de PP y CiU frente a 16 de Izquierda Plural, PSOE y ERC y la abstención del PNV.
En concreto, la proposición no de ley que se ha votado pretendía que el Congreso instara al Gobierno a "llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia".
También abogaba por "revisar en un plazo de adaptación los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica, con el objetivo de su homologación al sistema general, en particular en lo que respecta a las exenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)".
Igualmente apostaba por "revisar" el sistema de asignación tributaria mediante el IRPF de cara a su progresiva desaparición, y emplazaba al Ejecutivo a "recortar" en un 20 por ciento esta asignación para que así la Iglesia "participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis".
En nombre del PSOE, Ignacio Sánchez Amor ha advertido de la "enorme complejidad jurídica" de la cuestión y ha apostado por afrontarla de una forma más amplia mediante la revisión de los acuerdos con la Santa Sede.
Sin embargo, por parte del PP, el diputado Eugenio Nasarre ha sustentado el rechazo de su grupo a la proposición no de ley al no encontrar razones motivadas para cambiar ni el régimen tributario que se aplica a la Iglesia ni su sistema de financiación.
Los acuerdos con la Santa Sede, ha recordado, están plenamente avalados por el Tribunal Constitucional y parten de un modelo de relaciones Iglesia-Estado que procede del pacto constitucional y el cual fija estas relaciones como de cooperación, que a su entender funciona de manera "satisfactoria" y beneficiosa para la sociedad.
En cuanto a las exenciones del IBI, ha señalado que aunque se establecieron en 1979 se reforzaron con la ley de Mecenazgo de 2002 para aquellas entidades sin ánimo de lucro.
También ha remarcado que la Iglesia no recibe una subvención directa del Estado, sino una cantidad de deciden libremente los contribuyentes, nueve millones en la última campaña tributaria que hacen ver que el modelo tiene un "respaldo social evidente".
Jordi Jané, de CiU, ha rechazado igualmente emprender debates que pueden "estigmatizar" a la Iglesia y ha hecho valer la "labor social" que desempeña, si bien ha señalado que su partido no se opone a "replantear" cuál es la mejor fórmula de financiación, pero no "a golpe" de iniciativas como la debatida hoy.
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