El PSOE considera que «no es admisible» que en una época de crisis la Iglesia Católica esté exenta de pagar impuestos por sus inmuebles.
Para intentar acabar con esa situación, los socialistas presentarán en los próximos días mociones en todos los municipios para que los ayuntamientos cobren el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al clero por las propiedades que tengan y no estén destinadas al culto.
La iniciativa del PSOE no solo va dirigida a la Iglesia Católica sino a todas las confesiones religiosas, como la judía, protestante y musulmana, que disfrutan de esos beneficios fiscales. La Iglesia, sin embargo, es la gran propietaria. El historiador Stanley G, Payne tiene cuantificados 100.000 inmuebles suyos. Si la Conferencia Episcopal pagara el IBI por esos bienes debería desembolsar en las arcas de Hacienda algunos cientos de millones de euros por año, aunque hay quien lleva la cifra hasta los 2.000 millones.
El clero está exento de estas obligaciones fiscales merced al Concordato, esto es los acuerdos de 1979 de España con la Santa Sede, y están libres de cargas impositivas los templos -desde las ermitas a las basílicas- los edificios destinados a la actividad pastoral, los colegios, los conventos, los seminarios, las casas de ejercicios espirituales, las oficinas de la Iglesia, pisos, plazas de garaje y un largo etcétera.
El PSOE considera en la moción que presentará al pleno de los más de 8.000 ayuntamientos de España que en un momento en que se exige a todos los ciudadanos «un esfuerzo solidario» para superar la crisis en forma de aumento de impuestos, rebajas salariales o recortes del gasto social, la Iglesia no puede quedar fuera y seguir «disfrutando de beneficios especiales» como si nada pasara. La propuesta socialista plantea a los consistorios que realicen un censo de los inmuebles rústicos y urbanos de la Iglesia Católica y de otras confesiones «para poder así girar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto».
Reformas legales
El principal partido de la oposición también propone que los ayuntamentos insten al Gobierno de Mariano Rajoy a que revise el Concordato para acabar con estas situaciones de excepción fiscal. Plantea asimismo que los consistorios reclamen al Ejecutivo una reforma de las leyes de Haciendas Locales, Mecenazgo y Fundaciones para acabar con los privilegios de la Iglesia contemplados en esas normas.
La iniciativa, en teoría, tendrá posibilidades de prosperar en los ayuntamientos que no estén gobernados por el PP o por CiU. Estos dos partidos se opusieron en el Congreso a una proposición apoyada por el PSOE, IU y UPyD para terminar con el trato de favor fiscal a la Iglesia.
Pero una cosa son las políticas en el Parlamento y otra las realidades municipales, y los ayuntamientos de Zamora, Palencia y Salamanca, los tres gobernados por los populares, han anunciado que cobrarán el IBI a la Iglesia por sus bienes inmuebles. No así el de Barcelona, donde los nacionalistas catalanes impusieron su mayoría para que el clero siga exento.
La Conferencia Episcopal ya ha dejado clara su renuencia a ser un contribuyente más del IBI. El presidente de los obispos, el cardenal Antonio María Rouco Varela, advirtió hace unos días que si se obliga al clero a pagar ese impuesto podría tener consecuencias en «otras acciones de la Iglesia, como la que desarrolla Cáritas». Palabras que motivaron la airada respuesta de los socialistas, cuyo secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías, recordó al cardenal que ese organismo se financia con «los impuestos de todos los ciudadanos a través de las subvenciones de ayuntamientos, comunidades autónomas y administración centra»». El dirigente del PSOE retó además a Rouco a que dijera «cuánto ha puesto la Iglesia Católica en los últimos años del presupuesto de Cáritas porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa». La Conferencia Episcopal, según los datos de la propia ONG, aporta el 2% de los recursos económicos de Cáritas.
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