El Consejo de Ministros aprobó ayer remitir a las Cortes el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Tras tan largo nombre se esconde algo muy del gusto de la derecha: palabras solemnes para subrayar obviedades, como por ejemplo que los gestores que falseen las cuentas públicas "serán inhabilitados", cuando las leyes actuales les envían a la cárcel y un imposible control del sueldo de los alcaldes sin modificar otras leyes. El resto, humo de pajas
En efecto, mientras la situación económica del país sigue su deterioro, ante la pasividad del Gobierno, incapaz de presentar a la opinión pública los Presupuestos Generales que Europa reclama con insistencia, el Gobierno lanza cortinas de humo como esta cacareada Ley de Transparencia que, en la práctica, viene a prometer los portales de información ciudadana que propuso el anterior Gobierno del PSOE –y que el PP rechazó- así como una batería de medidas con más ruido que nueces.
Entre las `novedades’ anunciadas por la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, figura que los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa. Actualmente, por estas actuaciones, los responsables públicos se enfrentan a penas de cárcel.
En todo caso, lo único realmente novedoso se encuentra en la carga de subjetividad que la nueva Ley podría incorporar a la hora de definir la “negligencia” de un gestor. Muy fino tendrá que hilar el gestor para diferenciar entre un error “culpable” y, simplemente, una gestión o un proyecto que finalmente no dio el resultado esperado.
Tal y como señalan en fuentes de la oposición consultadas por Diario Progresista, “si esta Ley llega a estar en vigor hace un año, el PP tiene que completar sus listas electorales a las pasadas autonómicas pidiendo prestados militantes a los demás partidos. Sólo hay que ver los ‘negocios’ puestos en marcha en Valencia, Murcia, Madrid, los fiascos de Galicia, la desviación de las cuentas…
Por no hablar de Gurtel y las demás tramas de corrupción que asolan al PP”. Promesas imposibles Otra de las ocurrencias de la nueva Ley es fijar en los Presupuestos Generales del Estado una horquilla salarial para la Administración local. Sin embargo, a pesar de que el PP quiere ofrecer este punto como una de las grandes novedades de la Ley, en realidad, es puro humo. Para poder ser factible, es preciso previamente modificar la Ley de Bases del Régimen Local, por lo que la insistencia en este punto por parte del PP no deja de ser un brindis al sol, vacío de contenido.
Por lo demás, la derecha completa su festival publicitario con la promesa de la puesta en marcha de una serie de portales informáticos para que el ciudadano pueda conocer el detalle de los concursos públicos, su importe y adjudicatarios, así como las subvenciones concedidas y el personal de cierto nivel contratado. Sin embargo, que nadie se abalance sobre el ordenador a consultar la larga lista de contrataciones de familiares y conocidos de la actual clase gobernante. La Ley, como pronto, no estará lista hasta junio, y los portales informáticos, pues quien sabe. Dependerá de las necesidades de distracción de los problemas reales del país que tenga el Gobierno.
(Publicado en Diario progresista)
En efecto, mientras la situación económica del país sigue su deterioro, ante la pasividad del Gobierno, incapaz de presentar a la opinión pública los Presupuestos Generales que Europa reclama con insistencia, el Gobierno lanza cortinas de humo como esta cacareada Ley de Transparencia que, en la práctica, viene a prometer los portales de información ciudadana que propuso el anterior Gobierno del PSOE –y que el PP rechazó- así como una batería de medidas con más ruido que nueces.
Entre las `novedades’ anunciadas por la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, figura que los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa. Actualmente, por estas actuaciones, los responsables públicos se enfrentan a penas de cárcel.
En todo caso, lo único realmente novedoso se encuentra en la carga de subjetividad que la nueva Ley podría incorporar a la hora de definir la “negligencia” de un gestor. Muy fino tendrá que hilar el gestor para diferenciar entre un error “culpable” y, simplemente, una gestión o un proyecto que finalmente no dio el resultado esperado.
Tal y como señalan en fuentes de la oposición consultadas por Diario Progresista, “si esta Ley llega a estar en vigor hace un año, el PP tiene que completar sus listas electorales a las pasadas autonómicas pidiendo prestados militantes a los demás partidos. Sólo hay que ver los ‘negocios’ puestos en marcha en Valencia, Murcia, Madrid, los fiascos de Galicia, la desviación de las cuentas…
Por no hablar de Gurtel y las demás tramas de corrupción que asolan al PP”. Promesas imposibles Otra de las ocurrencias de la nueva Ley es fijar en los Presupuestos Generales del Estado una horquilla salarial para la Administración local. Sin embargo, a pesar de que el PP quiere ofrecer este punto como una de las grandes novedades de la Ley, en realidad, es puro humo. Para poder ser factible, es preciso previamente modificar la Ley de Bases del Régimen Local, por lo que la insistencia en este punto por parte del PP no deja de ser un brindis al sol, vacío de contenido.
Por lo demás, la derecha completa su festival publicitario con la promesa de la puesta en marcha de una serie de portales informáticos para que el ciudadano pueda conocer el detalle de los concursos públicos, su importe y adjudicatarios, así como las subvenciones concedidas y el personal de cierto nivel contratado. Sin embargo, que nadie se abalance sobre el ordenador a consultar la larga lista de contrataciones de familiares y conocidos de la actual clase gobernante. La Ley, como pronto, no estará lista hasta junio, y los portales informáticos, pues quien sabe. Dependerá de las necesidades de distracción de los problemas reales del país que tenga el Gobierno.
(Publicado en Diario progresista)
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