El Gobierno de Andalucía ha empezado a tramitar la estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Se establecerán medidas para prevenir y erradicar estas prácticas delictivas en el marco de las competencias autonómicas. ¿Con qué objetivos se está elaborando esta iniciativa?:
• La mejora de los mecanismos de coordinación con los organismos responsables de la investigación y persecución de estos delitos.
• La identificación eficaz de las víctimas para hacer posible su protección y asistencia integrales, impulsando el papel de las organizaciones especializadas en la materia.
• Intensificar tanto las medidas de información a la ciudadanía, especialmente las dirigidas a evitar el consumo de prostitución, como los mecanismos de detección, protección y asistencia a colectivos vulnerables como los menores de edad, las personas con discapacidad o las víctimas con hijos.
La Corte Penal Internacional define la trata de personas con fines de explotación sexual como una forma de esclavitud moderna considerada y uno de los crímenes más graves que se cometen contra la humanidad. Según Naciones Unidas, afecta a 2,5 millones de personas en el mundo (el 98% mujeres y niñas) y mueve anualmente entre cinco y siete billones de dólares. Eurostat calcula en unas 30.000 las víctimas de la trata registradas en la Unión Europea (un 69% de ellas objeto de explotación sexual).
La Junta de Andalucía ha realizado trabajos en los últimos años para determinar el alcance del problema en la comunidad autónoma. Uno de los estudios del Instituto Andaluz de la Mujer revela que el 63% de las víctimas son extranjeras captadas en sus países de origen y que el 77% han sufrido previamente agresiones sexuales por parte de la pareja, familiares o grupos armados, situaciones extremas que hacen que las mujeres vean una salida en las redes mafiosas y en la prostitución.
Fruto de la experiencia adquirida, en esta estrategia se incluirán una serie de medidas fruto en diversos ámbitos:
• El primero de ellos es la actuación informativa inmediata en los puntos de entrada masiva, como Ceuta y Melilla, para dificultar el contacto con las redes mafiosas, así como un trabajo de concienciación inmediata, dado que el 89% de las víctimas no se reconocen como tales.
• En el plano jurídico se recomienda fomentar las decisiones de denuncia, equiparar los derechos de las víctimas de trata con los del resto de la violencia de género para garantizarles la misma asistencia o crear turnos de abogados especializados.
• En el ámbito sanitario se propone reforzar la atención especial a un colectivo que sufre enfermedades como el VIH.
• Y en el terreno laboral se aboga por fórmulas de acompañamiento a la inserción.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales coordinará la elaboración del documento y constituirá una mesa técnica con representantes de otros departamentos de la Junta (Educación, Salud y Justicia e Interior), los Colegios de Abogados de Andalucía, las universidades y las organizaciones y entidades sin ánimo de lucro. La propuesta base se someterá a información pública para recibir aportaciones de los ciudadanos antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.
