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"Vivir es lo más raro del mundo. La mayoría de gente simplemente existe, eso es todo". Oscar Wilde
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El BOE de hoy recoge un decreto que modifica el reglamento del Servicio universal de telecomunicaciones, la norma para garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a, como mínimo, teléfono fijo e internet. Uno de los principales cambios tiene que ver con las tarifas para personas con menos recursos. Hasta ahora, los llamados abonos sociales estaban destinados a algunas personas con rentas de menos de 1,2 IPREM, esto es, 720 euros al mes. La reforma amplía la posibilidad de obtener precios con descuentos a todas las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
Así, las grandes compañías de telefonía estarán obligadas a ofrecer una tarifa especial para todas esas personas de, al menos, un 25% menos que el precio medio de mercado. Y ese precio medio sobre el que aplicar el descuento lo marcará, en un máximo de seis meses, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las compañías tendrán entonces un mes para informar sobre las tarifas sociales que van a ofrecer. La CNMC informará entonces de cuáles cumplen la regla y exigirá a las que no lo hagan que las pongan en marcha. Todas las empresas de telefonía afectadas deberán publicitar estas tarifas sociales en un lugar visible de su página web.
De esta forma, las personas que reciban el IMV podrán pedir este precio con descuento no solo a Telefónica, la compañía encargada del abono social ahora mismo, que tendrá que mantener esas tarifas para los actuales beneficiarios, sino a otras que trabajen en su zona.
Y es que la otra pata de la reforma es la que modifica el Servicio universal para que ya no sea Telefónica la que, vía contrato público, garantice que teléfono fijo e internet llegan a todos los rincones de España. El Ministerio de Transformación digital y función pública considera que ese servicio ya es universal y que, por lo tanto, no es necesario pagar para que una compañía llegue donde no haya conexiones. En tres meses, Telefónica dejará de ser la prestadora de este servicio.
Además, modifica los términos de ese Servicio universal para que la velocidad mínima sea de 100 Mbps y no 10, como hasta ahora. E incluye adaptaciones para personas con discapacidad, especialmente auditiva, como sistemas de Texto en Tiempo Real (RTT, en sus siglas en inglés).
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El Congreso aprueba siete decretos del Gobierno La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado este miércoles aprobar hasta siete decretos ley aprobados por el Gobierno durante la precampaña electoral y a pesar de el voto en contra de Vox, que dio su negativa a al menos seis de las nuevas medidas. Entre los decretos aprobados, destacan la ley que reconoce y protege a las familias monoparentales; las medidas de apoyo financiero a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio, o la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El único decreto aprobado por unanimidad ha sido el que contempla las ayudas para las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Para más información, te dejamos esta noticia. |
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Europa Laica reclama en el Día Internacional de la Infancia una niñez libre de abusos religiososEl 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Infancia en recuerdo de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), un tratado internacional de obligado cumplimiento para España y otros 195 Estados parte. Desde Europa Laica exigimos el cumplimiento de esos derechos, en particular del…leer el comunicado completo en https://laicismo.org/europa-laica-reclama-en-el-dia-internacional-de-la-infancia-una-ninez-libre-de-abusos-religiosos/ |
La sede en Madrid del Deutsche Bank financió a la lista negra de empresas españolas involucradas en múltiples escándalos de sobornos y corrupción. Según los documentos internos a los que ha tenido acceso elDiario.es, se trata de decenas de contratos públicos avalados con fondos del Estado y adjudicados a empresas españolas en países de “alto riesgo” como Angola, República Dominicana, Ecuador, Gabón, Panamá o Camerún. Son proyectos que presentaron retrasos y sobrecostes millonarios, abandonos y conflictos que terminaron en arbitrajes internacionales, adjudicaciones irregulares o vínculos con casos de corrupción.
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Ya no es solo una amenaza. Está empezando a hacerse realidad, Gregorio Llevamos años denunciando las consecuencias que podría tener para l...