Coto a la publicidad institucional

 

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Anteproyecto de ley de publicidad institucional con la que pondrá coto, en línea con la reglamentación europea, a la financiación pública de los medios de comunicación y también nuevas plataformas digitales.

La norma, que aún tiene que pasar por segunda vuelta y el Parlamento, establece un límite del 35% de los ingresos procedentes de la publicidad institucional. “Un medio de comunicación que tenga un 50%, un 60% o 70% de financiación del sector público, no es un medio de comunicación, será otra cosa”, ha defendido el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Lo que incluye la norma es una “salvaguarda” para los medios locales dado que se aplicará a partir de los dos millones de euros de facturación.

La nueva normativa también pretende cumplir con el reglamento de la UE que obliga a los medios a publicar quiénes son sus propietarios para garantizar la independencia informativa. Los medios de comunicación tendrán que registrarse y en ese registro (CNMC en el futuro) aparecer quiénes son sus dueños y accionista

Estrategia contra la soledad y el aislamiento social

 Estrategia contra la soledad y el aislamiento social

El Gobierno ha aprobado el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030). El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el objetivo es abordar desde lo público las causas y las condiciones que generan, cronifican o agravan la experiencia de la soledad y el aislamiento social.

El ministro ha indicado que muy pocos países cuentan con estrategias para afrontar la soledad, "un amplio espectro de situaciones" que afectan a una parte creciente de la ciudadanía. Bustinduy ha resaltado que la soledad no es en sí misma algo negativo, pero se convierte en un problema cuando las personas no pueden decidir sobre ella. "La soledad, especialmente cuando es no deseada, produce una serie de efectos acumulativos sobre la salud, el bienestar físico y emocional y la participación social, económica, política y comunitaria", ha apuntado el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Javier Amescua

Según un barómetro del año 2024, una de cada cinco personas en España siente soledad. Esta situación, que tiende a cronificarse, afecta en mayor proporción a los jóvenes, los mayores de 75 años, las mujeres y las familias más vulnerables. Los modelos urbanísticos, la falta de espacios públicos, los modelos de transporte y de cuidados, la prestación de servicios públicos y la organización del trabajo son otros factores que influyen en la soledad, según ha explicado el ministro.

Además de esta estrategia, el Gobierno ha creado una Mesa Interinstitucional de Soledades, con representación de todas las administraciones públicas, el tercer sector, la sociedad civil y los expertos, para trabajar en una serie de ámbitos prioritarios. La Mesa desarrollará estrategias para prevenir los fenómenos de aislamiento social y soledad derivados, por ejemplo, del teletrabajo y propondrá intervenciones desde campos como el de la atención primaria, el urbanismo, la gobernanza del entorno digital y los servicios públicos de proximidad.

Con estas iniciativas y, en general, con la concepción de cómo debe funcionar la protección social, el Ejecutivo busca cumplir el mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen la igualdad y el bienestar de toda la ciudadanía, ha expuesto Bustinduy. "Aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie", ha asegurado.

Indicadores de Andalucía

 

Buenos días, Hoy se han actualizado en nuestra web oficial los indicadores Andalucía y Provincias... ¿Cómo hemos cambiado?, que ofrecen una visión del cambio que ha experimentado Andalucía y sus provincias con el paso del tiempo en los ámbitos demográfico, económico, laboral, educativo, cultural, social y medio ambiental.   Los datos más relevantes que puede encontrar son: La comunidad autónoma de Andalucía registra la cifra de población más alta de su historia superando ampliamente los 8 millones y medio de habitantes. Desde 1980 la población con estudios superiores en Andalucía se ha multiplicado casi por 10 superando en la actualidad los 2 millones de andaluces con estudios superiores. La producción bruta de energía eléctrica con origen en fuentes renovables respecto a la producción total, ha aumentado pasando de un 6% a un 68% en los últimos 25 años. Desde el año 2022 se ofrecen los datos con un marcado carácter visual para facilitar a los usuarios discernir los cambios que se han producido en Andalucía y sus provincias desde el comienzo de la Autonomía, hace ya más de 40 años, hasta nuestros días.   La información puede encontrarla en:   https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/andalucia-y-provincias-como-hemos-cambiado Viene acompañada de una nota divulgativa: https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/andalucia-y-provincias-como-hemos-cambiado/nota-divulgativa-24-febrero-2026

Moreno Bonilla nombra Hija Predilecta de Andalucía a Paz Vega,

 

Moreno Bonilla nombra Hija Predilecta de Andalucía a Paz Vega, en la lista de grandes morosos de Hacienda

La actriz Paz Vega debe, según las últimas informaciones publicadas por Hacienda, un total de 2,3 millones de euros

La actriz y directora Paz Vega / EP

El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, anunció que el cantante onubense, Manuel Carrasco, y la actriz sevillana, Paz Vega, recibirán la máxima distinción honorífica que concede la comunidad autónoma, ser nombrados como Hijo Predilecto de Andalucía por el 28F. Ambos han sido reconocidos por el presidente andaluz como referentes del talento andaluz y ejemplo de perseverancia profesional. No obstante, algo en lo que no ha recalado el máximo dirigente de la Junta de Andalucía es que está premiando a una persona que figura en la lista de grandes morosos de la Hacienda pública española. En este caso, Paz Vega.

Nadie puede poner en duda que, efectivamente, Paz Vega es una de las actrices de mayor talento y capacidad de nuestro panorama audivisual. No solo andaluz, sino español. Vega también es, y ha salido galardonada por ello, una excelente directora de cine. Pero, todo ello no es óbice para tener en cuenta lo fundamental. En junio de 2025 se publicó la lista anual de grandes morosos con Hacienda, donde figuraba, entre otras muchas celebridades, la sevillana propuesta por Moreno Bonilla para recibir una Medalla de Andalucía.

En la última edición figuran 5.997 contribuyentes (un 1,4% menos que el año pasado). De ellos, 1.077 son personas físicas y 4.920 son personas jurídicas, es decir, empresas y entidades. La cifra total de la deuda es de 16.138 millones a cierre de 2024, un 5,9% más que el año anterior.

La actriz Paz Vega debe, según las últimas informaciones publicadas, un total de 2,3 millones de euros. Una cantidad que ha ido 'in crescendo' durante los últimos años. Concretamente, respecto al año anterior, la deuda de Vega con la Hacienda pública se incrementó en 538.000 euros.

Para la sevillana, este reconocimiento a propuesta de la Junta de Andalucía ha supuesto una "palmadita en la espalda" que la "ayuda a seguir con ilusión". 

En 2019, la deuda con Hacienda de la actriz alcanzó los 2.497.022,38 euros. Según trascendió entonces, Vega había estado negociando un plan de prórrogas con el ministerio Fiscal. De hecho, en 2017, Hacienda le embargó dos inmuebles en Madrid y otro en su ciudad natal, Sevilla.

La actriz siempre ha defendido que no se trata de un delito fiscal ni de evasión de impuestos ya que estuvo residiendo durante diez años en Los Ángeles. Vega achaca esa deuda a una "disparidad de criterios con la Agencia Tributaria", algo que también le sucedió a otra actriz y presentadora de renombre como Patricia Conde, que entró en la lista de grandes morosos en 2018.

Trayectoria internacional en el cine

Paz Vega es una actriz y directora con una consolidada carrera en España y fuera de nuestras fronteras. Nació en Sevilla el 2 de enero de 1976 y cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión, tanto en España como en producciones internacionales.

Saltó a la fama con la serie 7 vidas (Telecinco) a finales de los años 90, y consolidó su prestigio cinematográfico con la película Lucía y el sexo (2001), dirigida por Julio Medem, papel por el que obtuvo el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación.

Su proyección internacional llegó con Spanglish (2004), donde compartió protagonismo con Adam Sandler, iniciando una etapa en Hollywood que la llevó a participar en diversas producciones estadounidenses y europeas.

A lo largo de su carrera ha trabajado en cine, televisión y teatro, combinando proyectos comerciales con propuestas de autor. En los últimos años ha seguido desarrollando su carrera en España y fuera de ella, manteniéndose como una de las actrices españolas con mayor reconocimiento internacional.

Matricúlate en la pública

 

El Gobierno da por hecho el acuerdo por Gibraltar

 

El Gobierno da por hecho el acuerdo por Gibraltar, que aún debe aprobarse, y prevé que Pedro Sánchez acuda a 'tirar' la Verja "en breve"

Esta semana se publicará el texto del acuerdo que deberá pasar trámite parlamentario en Bruselas y en Londres

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que “en breve” el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, podría participar en un acto en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar con motivo del derribo “definitivo” de la Verja que separa La Línea de la Concepción de Gibraltar. Montero se ha pronunciado tras el anuncio realizado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha comunicado que la Comisión Europea publicará esta semana el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para regular la relación del Peñón con la Unión Europea tras el Brexit.

En declaraciones en Bruselas, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores, Albares ha explicado que la Comisión hará público en su web “el texto jurídico del acuerdo en relación a Gibraltar”, que estará “al alcance de cualquiera que quiera descargarlo”. Para que el pacto, cuyo elemento más destacado es la supresión de la Verja, entre en vigor, deberá ser ratificado por el Consejo y la Eurocámara por la parte europea, y por el Parlamento británico.

Esperanza al otro lado

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrado que el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas vaya a publicarse finalmente esta semana. “Estoy deseando que se publique, por fin, el texto del Tratado entre Reino Unido y la UE”, ha señalado en un comunicado, en el que también ha expresado que espera “con impaciencia” su difusión oficial. Picardo ha adelantado que, una vez vea la luz, lo presentará “esta misma semana” ante el Parlamento gibraltareño para continuar con el proceso de ratificación. El Gobierno del Peñón ya dio su visto bueno al pacto el pasado 19 de enero, tras el acuerdo político cerrado el 17 de diciembre, aunque el texto definitivo aún no se conocía, al no preverse cambios sustanciales. Ahora deberá debatirse en la Cámara local antes de remitirse al Parlamento británico para su aprobación definitiva por ambas cámaras.

Picardo ha defendido que “este tratado es el resultado de un Brexit que no elegimos, pero que puede convertirse en un punto de inflexión real y positivo para Gibraltar”, recordando que los ‘llanitos’ votaron mayoritariamente por permanecer en la UE en 2016. Asimismo, ha pedido “un debate sensato”, abordando una cuestión “compleja” que debe estudiarse “detenida y desapasionadamente como comunidad y como nación”. El Ejecutivo gibraltareño ya ha facilitado una copia del acuerdo al líder de la oposición, Keith Azopardi, y ha informado a empresarios e instituciones afectadas, consciente de las “preocupaciones” a corto plazo por el breve periodo de aplicación. Según ha explicado, esta limitación responde a la necesidad de activar una aplicación provisional desde el 10 de abril para evitar la entrada en vigor del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES). Por último, ha asegurado que “vendremos en breve” a la comarca, confiando en que también lo haga el presidente, porque se trata de “historia de España” que “seamos capaces de derribar definitivamente la Verja”, una “aspiración histórica del Campo de Gibraltar” que, según ha afirmado, “con el Gobierno de Pedro Sánchez se va a hacer realidad”.

Esto es grave, muy grave ...

 ANÁLISIS

España

La ‘UCO patriótica’: indicios de un doble rasero en la persecución de la corrupción

Acusaciones de sesgo selectivo y lentitud en investigaciones contra el PP disparan el debate sobre el uso político de la UCO y la necesidad de transparencia

PACO ÁLVAREZ

23/02/2026 - 07:25

 
 
 
 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. EP.

Durante los últimos dos años, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se ha situado en el centro de una controversia política de primer orden. No por una causa concreta, sino por un patrón que distintos actores - defensas, fiscales, medios y responsables políticos - describen como un celo extraordinario cuando las investigaciones rozan al entorno del Gobierno y, en paralelo, una llamativa lentitud o acotación excesiva en causas que afectan al Partido Popular o a figuras de su órbita. El caso Montoro y la constatación por parte de Anticorrupción de que la UCO dispuso de dos años y sólo investigó 10 de las 200 cuentas corrientes de la trama sin detectar el gigantesco fraude que hoy la Fiscalía tiene sobre la mesa da la razón a quienes piden una investigación inmediata de lo que califican de “UCO patriótica” bajo el mandato del Teniente Coronel Balas.

No se trata de una acusación penal cerrada - no la hay -, sino de una acumulación de indicios que alimentan la idea de una “UCO patriótica”, por analogía con la conocida policía patriótica que operó en etapas anteriores del PP bajo la dirección, presuntamente, del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con fines políticos y que acabó judicializada. Aquí el debate no es si la UCO “inventa” delitos, sino si selecciona, acelera, dilata o interpreta con un sesgo sistemático según a quién afecte la investigación.

Celo máximo contra el entorno del Gobierno

El caso Koldo/Ábalos es paradigmático. La UCO ha desplegado una actividad intensiva: informes reiterados, ampliaciones, filtraciones a medios y una exposición pública constante de diligencias aún en fase de instrucción. En este marco, las defensas han cuestionado presuntamente la integridad de determinados soportes: por ejemplo, grabaciones atribuidas al presunto confidente Koldo García que, según las periciales practicadas, presentarían metadatos de edición con versiones de iOS inexistentes en la fecha supuesta de grabación. No hay una resolución judicial que declare manipulación; sí hay, en cambio, una controversia técnica no despejada que debería resolverse con nuevas periciales exhaustivas antes de elevar conclusiones incriminatorias.

Otro episodio ilustrativo es el préstamo (que no rescate) de Air Europa. En autos consta que Víctor de Aldama - persona investigada - manifestó en grabaciones que Begoña Gómez no tuvo intervención alguna en la operación, hasta ahora rentable, de la SEPI. Sin embargo, esas manifestaciones exculpatorias no fueron ponderadas con el mismo énfasis que otras piezas incriminatorias en informes iniciales, según han denunciado las defensas. De nuevo: no es una sentencia, pero sí una asimetría en la selección y jerarquización de indicios que llama la atención.

Dilaciones y acotaciones cuando el foco apunta al PP

El contraste aparece con nitidez en causas que afectan al PP. En el caso Montoro / Equipo Económico, la fiscal del procedimiento ha denunciado públicamente que, tras dos años de investigación, solo se analizaron 10 de las cerca de 200 cuentas vinculadas a la trama, pese a que las cifras presuntamente defraudadas al contribuyente superaban los 35 millones de euros. La crítica no es menor: investigar un 5% del perímetro financiero en una causa de esa magnitud reduce drásticamente la capacidad de acreditar responsabilidades.

Otro ejemplo es el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor solicitó un informe a la UCO que se ha demorado durante meses sin que, a día de hoy, más de 200 días después, haya cristalizado en un documento concluyente. No es ilegal; sí es excepcional si se compara con la rapidez y la densidad documental desplegadas en investigaciones contra el entorno del Gobierno.

Un patrón que recuerda a la “policía patriótica”

La comparación con la policía patriótica no es retórica. Aquella operó seleccionando objetivos y filtrando materiales con fines políticos, además de manipular pruebas o, directamente, crear pruebas falsas contra Podemos o las fuerzas independentistas. Aquí, no hay una condena que acredite una estructura ilegal, pero sí un conjunto de señales: prioridades selectivas, filtraciones estratégicas, periciales discutidas y dilataciones asimétricas. La pregunta política es inevitable: ¿por qué unas causas avanzan a velocidad de crucero y otras se eternizan?

A este contexto se suma un dato institucional relevante: el ex jefe de la UCO ocupa hoy un alto cargo directivo en Acciona, una de las grandes compañías recurrentemente citadas en investigaciones y debates públicos sobre contratación. No es una prueba de nada, pero sí un elemento que, en términos de apariencia y confianza institucional, exige máximos estándares de transparencia.

¿Asuntos Internos? Silencio y opacidad

Diversos medios han informado de indagaciones internas para rastrear filtraciones desde la UCO o investigar en el sentido de su sesgo político. Sin embargo, no se ha conocido el resultado de esas investigaciones de Asuntos Internos que analizara de manera integral la posible selección sesgada de indicios o la gestión de periciales controvertidas. La ausencia de una auditoría independiente alimenta la percepción de corporativismo en un momento en que la confianza pública es frágil, y el prestigio de la Guardia Civil puede estar en cuestión.

El problema no es judicial, es democrático

La crítica a la UCO no cuestiona su existencia ni su función. Cuestiona un presunto patrón: excesivo celo cuando el investigado es el Gobierno de Pedro Sánchez y dilación o acotación cuando el foco se desplaza al PP. En democracia, la igualdad ante la ley no solo debe existir; debe parecerlo.

Hoy, la percepción extendida es que no todos los indicios pesan igual, no todas las periciales se examinan con el mismo rigor y no todos los plazos corren al mismo ritmo. Mientras esa percepción no se despeje con transparencia, controles internos y auditorías externas, la sombra de una “UCO patriótica” seguirá planeando sobre una institución que, paradójicamente, necesita credibilidad absoluta para cumplir su misión.

Nota editorial: Este artículo expone indicios, denuncias públicas y asimetrías observables, usando lenguaje condicional y respetando la presunción de inocencia. La exigencia es política e institucional: igualdad de trato, rigor pericial y tiempos razonables, gobierne quien gobierne.