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“Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue”. HERÁCLITO
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Anteproyecto de Ley Orgánica de integridad pública.
(Aprobado por el Consejo de Ministros)
Acción Contra el Odio es una asociación sin ánimo de lucro creada por un grupo de activistas, académicos y periodistas con un objetivo: acabar con la impunidad de quienes, a través de los bulos y la desinformación, promueven el odio contra los colectivos más vulnerables y desprotegidos.
Nacimos a finales de 2024 como una herramienta de acción colectiva con una triple vertiente: periodística, jurídica y comunitaria. En tan solo medio año ya hemos presentado casi una decena de denuncias y peticiones ante distintas instituciones contra los principales representantes de la industria del odio. Entre ellas:
Varios de estos procesos judiciales ya están en marcha con diligencias de investigación en marcha abiertas. Vamos seguir plantando cara al odio y denunciando a quienes atacan frontalmente la convivencia y los derechos humanos.
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El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un Pleno del Congreso en 2017. EP.
La doble velocidad de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) lleva tiempo siendo un habitual, y la ponen frente al espejo casos tan polémicos y mediáticos como el del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, o el del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.
En los últimos días salía a la luz, después de una investigación de los inspectores de Hacienda que trabajan para la Fiscalía Anticorrupción, que el despacho del que fuera uno de los hombres fuertes con el Gobierno de Mariano Rajoy había ganado 35,5 millones de euros, ascendiendo de esta manera la cuantía inicial. El organismo había detectado 2.100 operaciones entre 2008 y 2013 y más de 150 cheques de origen desconocido.
Más detalladamente, el lobby gasístico, epicentro de la situación que se investiga por haber presuntamente recibido leyes a medida para beneficiarse de una rebaja del 85% en el impuesto especial eléctrico, habría inyectado cerca de un millón de euros al despacho de Montoro a través de pagos troceados de 12.000, 18.000 y 36.000 euros en dos cuentas para no dejar rastro.
Además de tomarse en serio la investigación, el organismo ha pedido la colaboración de Alemania, Estados Unidos (EEUU) y Luxemburgo para indagar en la información de cuentas que estarían vinculadas a diferentes socios del exministro.
Lo llamativo es que esta forma de actuar choca con la de la UCO. Otra vez. Mientras la sección de la Benemérita dio portazo al escenario en febrero de 2025, después de analizar prácticamente durante dos años las mismas cuentas bancarias y terminar por no ver nada, Antifraude ha puesto sobre la mesa un informe de 227 folios que describen una cantidad de movimientos que, cuanto menos, llama a hacerse preguntas.
En este punto, se han detectado siete transferencias cuyo destinatario era Montoro por 137.000 euros, uno de ellos a su mujer por 1.450 euros que nadie sabe de dónde proviene. Con los mismos números, la UCO elabora el mencionado documento y un año más tarde Hacienda asegura que existe un montante importante de transferencias que superan los 35 millones de euros de ingresos, o pagos por trajes a medida hechas en el Parlamento.
El ‘modus operandi’ de la UCO lleva meses sino años siendo polémicos, debido a que aplica la doble vara de medir en demasiados casos. Sin ir más lejos, cabe recordar la lentitud en todo lo referente a la pareja de Ayuso frente a la rapidez con la que han actuado en cuestiones relativas a José Luis Ábalos, Koldo García o Begoña Gómez. En definitiva, en cualquier cosa que pudiera comprometer al Ejecutivo de España.
La Unidad Central Operativa lleva más de 200 días sin redactar el informe. Y no solo es que no se haya elaborado, sino que ni siquiera se tiene noticia alguna. Cualquier paso de la Benemérita en cualquier investigación es crucial, y en la de González Amador no iba a ser una excepción. Sin embargo, esta sección del cuerpo no parece atender a ello.
Así se mantiene reflejado después de que la brigada del teniente coronel Antonio Balas recibiera la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que de nuevo presionaba, el pasado 27 de junio. En el informe del organismo, al que tuvo acceso ElPlural.com, se hablaba del incremento patrimonial que registró la compañía Maxwell Cremona -epicentro de la trama- entre 2020 y 2021; mismo periodo en el que el empresario está acusado de haber cometido un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.000 euros.
Volviendo al ‘caso Montoro’, los últimos avances de éste pasan porque el despacho fundado por el exministro habría troceado pagos de las firmas gasistas con el fin de no ser detectados. En total, tal y como se ha señalado unas líneas más arriba, el organismo apunta a cerca de un millón de euros a cambio de varias reformas legislativas a placer.
Y todo ello aparece en un texto elaborado por la Agencia Tributaria que apunta a las eras de Rajoy y de José María Aznar. El despacho habría cobrado supuestamente un total de 991.613 euros y no 670.000 como se pensaba en un principio, y no descarta que la cantidad pueda ser mayor si se encuentran más pagos ocultos.
Los pagos se habrían producido "coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales.
Equipo Económico “dividía el importe total de fondos convenidos y cobrados entre las distintas gasísticas investigadas”, “fraccionaba en pequeñas cantidades" el importe que supuestamente le correspondía a cada uno de ellos y efectuaba el ingreso "en al menos dos cuentas bancarias diferentes”.
Hacienda recalca que “atendiendo a los documentos intervenidos, tal fragmentación de pagos sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar los mismos de su origen temporal”. Y, más allá de esto, reclama más información bancaria a Montoro.

Una vez más la sociedad española se ha visto conmovida por la corrupción que afecta hoy a uno de los principales partidos de nuestro país y que además ostenta la responsabilidad de gobierno.
Desde su nacimiento +Democracia ha abogado por una mejora sustancial de nuestra democracia y ha realizado durante más de diez años propuestas que ayudan a la necesaria mejora de nuestro sistema político e institucional.
Cuando el presidente del Gobierno en abril de 2024 supeditó su continuidad a un proceso de regeneración democrática que supondría “un antes y un después”, +Democracia se sintió interpelada y presentó un conjunto de propuestas para enriquecer ese proceso y abordar el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones.
Tras revisar las 50 medidas presentadas en 2015 por nuestra organización, actualizamos las propuestas para presentar las 25 medidas que consideramos más urgentes. No eran las únicas, pero se seleccionaron las que se podían acometer de forma inmediata y cuyo impacto podía ser más relevante.
Ni las medidas propuestas por +Democracia en 2015 y 2024, ni las que el gobierno esbozó hace poco más de un año han sido puestas en marcha. Así, la democracia no ha podido protegerse de sus enemigos ni cerrar las brechas por las que se cuela la corrupción. El tiempo es una variable política de enorme alcance y hoy seguimos contemplando cómo los temas denunciados en abril del 2024, como elementos de deterioro de la calidad democrática, siguen presentes. Y ahora la explosión del último caso de presunta corrupción pone al límite al Partido socialista y a la confianza social en la acción política.
En línea con todo lo anteriormente señalado y ante la situación creada +Democracia propone la siguiente batería de propuestas en el campo de lucha contra la corrupción y por la profundización democrática de instituciones y partidos políticos.
Para leer las 40 propuestas pulsa aquí
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