La mesa del director: ¿Y si la Kitchen sigue viva?
Trece años después de que el Partido Popular utilizara las cloacas del Estado, políticas, judiciales y mediáticas para perseguir a adversarios políticos y a periodistas, aún nadie ha pagado por los delitos cometidos. O dicho de otro modo: al PP le ha salido gratis hacer guerra sucia.
Trece años después se está juzgando el caso más grave de corrupción de la democracia española. El caso Kitchen, que no significa otra cosa que utilizar todos los recursos del Estado para hacer guerra sucia. Si en trece años nadie del Partido Popular ha pagado por los delitos y le ha salido gratis, lo que cabe preguntarse ahora es si la Kitchen sigue viva… ¿Hay una Kitchen 2.0?
Lo que está por dilucidar es si el PP tiene apoyos judiciales, si seguirá encontrando jueces como García Castellón, que dilatan y dilatan instituciones para que todo muera y se quede en nada. O si el caso Montoro se alargará durante tantos años que, como Zaplana o Rato, acabará libre y no en prisión como deberían haber estado.
La cuestión estriba en saber si el Partido Popular utiliza algunos medios de comunicación para señalar a periodistas y políticos. Si todavía, como hicieron con independentistas o dirigentes de Podemos o como están haciendo con la familia de Pedro Sánchez, el PP se apoya en jueces, abogados o asociaciones ultraconservadoras para arruinarles la vida.
La fiereza judicial por parte de la derecha la sufrimos todos los medios progresistas de este país. Mismo modus operandi: amenazas de demandas, pleitos de asociaciones ultraderechistas, de Vox, del PP, de familiares de sus dirigentes e incluso de la abogada del rey emérito. Es una constancia.
Por si esto fuera poco, Partido Popular y Vox quieren abrir una comisión de investigación en el Senado para debatir sobre los periodistas que colaboramos y trabajamos en RTVE. Nadie investiga lo que pasa en Telemadrid. Una cadena que echa a periodista – incluso conservadores – y que solo deja debatir en sus tertulias a periodistas de derechas, más de derechas y de ultraderecha. Tampoco hacen una comisión de investigación sobre A Punt, que coloca a Toni Cantó en otro chiringuito o en Canal Sur, donde prefirieron emitir una corrida de toros mientras se quemaba la Mezquita de Córdoba.
PP y Vox querrán señalarnos en el Senado para que sus sicarios mediáticos nos acosen. Desde ElPlural.com os pedimos lo de siempre; que nos sigáis, compartáis nuestras noticias, os suscribáis – si podéis – y apoyéis la prensa libre de este país. Gracias.
Las Mareas Blancas se manifiestan contra el "negocio" de la sanidad en Cádiz
Bajo el lema 'Más negocio en sanidad, más mortalidad', la multitudinaria marcha ha partido de la plaza de Asdrúbal para denunciar la "doble moral del PP" y recordar "la mayor crisis sanitaria, la de los cribados del cáncer de mama"
Las Mareas Blancas vuelven a recorrer una vez más la Avenida de Cádiz para clamar contra el negocio de la sanidad y para reclamar que sea cien por cien de calidad. Bajo el lema 'Más negocio en sanidad, más mortalidad', la multitudinaria marcha ha partido de la plaza de Asdrúbal reuniendo a sanitarios, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y ciudadanía. Una imagen que se ha repetido en las ocho capitales de provincia de Andalucía. Según las estimaciones de la Policía Nacional, a la manifestación celebrada en la ciudad de Cádiz han acudido 2.000 personas.
El portavoz de Marea Blanca de Cádiz, Antonio Vergara, ha denunciado que "no estamos asistiendo al desmantelamiento de la sanidad pública, sino que el sistema ya ha sido desmantelado, y lo que pedimos es que se restituya y se recomponga, porque cada vez son más los informes científicos que demuestran que la privatización y las esperas están aumentando la mortalidad de la población".
.Por su parte, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana y tercero en la lista de Cádiz en Adelante Andalucía, David de la Cruz, ha enviado "un mensaje sencillo", y es que "Juanma Moreno es el que ha provocado que estemos aquí, de que vayamos a coger cita con el pediatra y no haya, que tengamos que esperar para una cita en el centro médico de la Laguna hasta 40 días, que nos vendan la firma del convenio del nuevo hospital cuando llevamos años esperando, que el centro de salud del Mentidero se esté cayendo a pedazos, que haya que esperar 410 dias en la provincia de Cádiz para que te operen, algo que no ha pasado nunca. Y eso es Juanma Moreno, el responsable de la mayor crisis de la sanidad pública, la de los cribados del cáncer de mama", ha reivindicado. "Y mientras no se eche al Partido Popular no vamos a recuperar la sanidad pública, que es el bien más importante que tenemos".
También ha acudido el secretario de Organización del PSOE de Cádiz y cabeza de lista al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, junto a miembros de las direcciones provincial y local, quien ha arremetido contra la "doble moral" del Gobierno andaluz, al que acusa de "asfixiar el sistema público para favorecer los conciertos privados". Así, ha contrapuesto esa "gestión nefasta" con el compromiso de blindaje legal y financiación histórica anunciado el pasado sábado por la candidata socialista María Jesús Montero en la capital gaditana.
Juan Cornejo en la manifestación por la sanidad pública en Cádiz / D.C.
Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante la movilización, Juan Cornejo ha mostrado el "apoyo total" del socialismo gaditano a las reivindicaciones de los profesionales y pacientes. "Estamos hoy aquí porque no podemos permitir que Moreno siga destrozando lo que tardamos 30 años en construir. Los médicos rehúyen el SAS por sus malas condiciones y las familias gaditanas están desesperadas ante un laberinto organizativo que solo busca empujarlas a la sanidad privada", ha recriminado el dirigente socialista.
Al hilo, Cornejo ha subrayado que la situación de colapso en la provincia no es fruto de la casualidad, sino de un "modelo ideológico que ve la enfermedad como un negocio". En este sentido, ha precisado que Cádiz sufre una de las tasas de médicos por habitante más bajas, mientras el PP "sigue regalando millones de euros a clínicas privadas en lugar de reforzar la Atención Primaria".
Frente a esta deriva, el secretario de Organización ha destacado el Plan de Rescate para la Sanidad Pública presentado este sábado por María Jesús Montero en Cádiz. "Su prioridad absoluta será eliminar las listas de espera por ley", ha señalado Cornejo, mientras que ha resaltado el compromiso de garantizar atención en primaria en un máximo de 48 horas y fijar topes de 30 días para pruebas diagnósticas y 60 para especialistas.
"El PSOE no solo diagnostica el problema, trae la solución y los recursos", ha afirmado Cornejo, detallando que el plan inyectará 3.000 millones de euros adicionales al año para alcanzar una inversión de 2.350 euros por habitante. Además, ha celebrado la propuesta de incorporar a 18.000 nuevos profesionales para reconstruir el sistema y elevar la cartera de servicios incluyendo la salud bucodental gratuita para niños y mayores.
Finalmente, Juan Cornejo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para defender un modelo de "gestión directa y dignidad". "No es falta de recursos, es falta de voluntad política. Con el Plan de Rescate de Montero, la salud volverá a ser un derecho garantizado y no una cuestión de meritocracia de tarjeta", ha indicado.
"Vamos a recuperar la sanidad pública para que los gaditanos vuelvan a tener la seguridad de que su sistema de salud les protege, vivan donde vivan y tengan la cuenta corriente que tengan", ha concluido.
"Trump es un protodictador ultra que ataca regímenes represivos presentándose de liberador"
/ FOTO: JOÃO HENRIQUES
Nuestra compañera Tereixa Constela, hasta hace poco corresponsal en Lisboa, ha entrevistado al que probablemente sea el filósofo vivo más influyente de Portugal, José Gil. En su treintena de libros ha hablado de literatura, de arte y de política. A sus 87 años no es optimista ante el resurgir de un fascismo que considera “intelectualmente pobre”, pero al que apoyan los millonarios tecnológicos: “Si este nuevo poder vence, será de un totalitarismo como nunca lo ha habido. Se basa en la IA, como vemos en China. Y se está diseñando con nuestra aceptación”. Los políticos de la UE tienen que cambiar para plantar cara a esta amenaza: “Miremos a las fuerzas de izquierda o derecha democráticas en Europa, ¿qué proponen para la democracia? Nada. Su ausencia de pensamiento es enorme”.
Según la Real Academia de la Lengua, antisemita es quien “muestra hostilidad o prejuicios contra los judíos, su cultura o su influencia”. Pero denunciar el genocidio que perpetran a diario el primer ministro de Israel y su gobierno es algo bien distinto. Se trata de condenar la masacre deliberada, sistemática y contraria al derecho internacional que llevan a cabo estos personajes contra los pueblos vecinos.
Somos muchos quienes en España mostramos nuestra solidaridad con el pueblo judío, víctima de expulsiones y persecuciones terribles e injustas a la largo de la historia. El Holocausto forma parte de los actos más deplorables y vergonzosos de la historia de la Humanidad. Los atentados cometidos por grupos terroristas como Hamas contra la población israelí, financiados en algunos casos por gobiernos de otros países, como Irán, son absolutamente condenables. Y, desde luego, aún existe racismo y antisemitismo por erradicar en muchas partes del mundo.
También somos mayoría quienes mantenemos respeto por la historia, la cultura y la religión del pueblo judío. Es más, el pueblo israelí merece nuestra admiración por su capacidad para sobreponerse a las adversidades más dramáticas, para prosperar con eficacia en contextos muy duros, para generar y exportar tecnologías eficientes, para dar ejemplo al mundo en su capacidad de esfuerzo y resiliencia. Y, desde luego también, hay que reconocer a Israel el derecho a defenderse de aquellos que han explicitado su intención de hacerle desaparecer como Estado.
Ahora bien, todo esto no es óbice para denunciar y condenar con toda contundencia el genocidio organizado y ejecutado por el gobierno radical de Netanyahu contra otras poblaciones en su entorno. El asesinato en masa de población civil en Gaza y en Líbano, los bombardeos sobre población civil en Irán, las masacres en el sur del Líbano y las agresiones permanentes en Cisjordania son episodios absolutamente intolerables.
Los objetivos, además, apenas se ocultan ya. Los gobernantes actuales de Israel reconocen abiertamente la voluntad de acabar con las poblaciones vecinas, reducir a escombros sus infraestructuras y viviendas, y devolverles así “a la Edad de Piedra”. Solo el inefable aliado Trump se ha atrevido a verbalizar la intención abierta de las últimas acciones de Israel y Estados Unidos: “una civilización entera morirá”. Esto solo puede llamarse de una manera: genocidio. Y la respuesta solo puede ser una también: la denuncia, la condena, el aislamiento internacional y las sanciones globales.
Resultan enormemente decepcionantes algunas reacciones a estas matanzas en la escena internacional. Trump respalda, justifica y colabora, como cabría esperar de semejante individuo y su administración ultraderechista. Otros las apoyan abiertamente, como Abascal y Ayuso en España. Y la mayoría calla, por indiferencia inmoral, por temor al castigo del poderoso lobby israelí o por interés de obtener su ayuda o financiación. Todos ellos acaban resultando cómplices.
La mayoría de los españoles, abascalistas y ayusistas aparte, nos sentimos orgullosos de la posición mantenida por el presidente Pedro Sánchez y su gobierno, claro y valiente en la condena del genocidio israelí y partidario de que la Unión Europea rompa sus acuerdos de amistad con el gobierno genocida. Orgullosos de estar en el lado correcto de la historia, una vez más. Y satisfechos por las diatribas y amenazas de matón que recibimos de Netanyahu.
Y esto no es antisemitismo. Esto es anti pura maldad.
Los reformatorios de Franco para “descarriadas” sobrevivieron una década tras su muerte: “Seguían siendo un infierno”
La desaparición del Patronato de Protección a la Mujer se produjo ya bien entrada la democracia tras décadas de silencio sobre lo que ocurría en los centros dirigidos por religiosas, convertidos en “burbujas franquistas” en medio de una Transición que no fue igual para todas
Mientras España estrenaba Constitución, prometía derechos y libertades dejando atrás una larga dictadura de cuatro décadas y respiraba una atmósfera efervescente y liberadora, Loli Gómez Benito pisaba por primera vez los fríos suelos del centro conocido como Peñagrande, en el que viviría hasta 1983 junto a otras jóvenes madres o embarazadas. Tenía 15 años y allí daría a luz a sus dos hijos, fruto de las violaciones continuadas de su propio padre. Fue él quien la entregó al Patronato de Protección de la Mujer, la institución que desde 1941 encerró en centros regentados por religiosas a las chicas consideradas 'inmorales' y que no detendría su actividad ni con la muerte de Franco.
Diez años más tuvieron que pasar desde el 20 de noviembre de 1975 para que estos reformatorios, de los que hasta hace poco apenas se hablaba, cerraran definitivamente. “Fue entrar en un infierno, en un mundo diferente. Para mí fue como si me hubieran metido en una película. No entendía por qué estaba allí”, cuenta Loli, que recuerda las “largas jornadas de trabajo” en los talleres a las que estaban obligadas, incluso estando embarazadas o habiendo dado a luz pocos días antes. “Yo no tenía ideas políticas en ese momento, pero el contraste con lo que había fuera era grandísimo”, añade.
Consuelo García del Cid, que pasó por varios reformatorios vinculados al Patronato y que se ha dedicado a investigarlo y a unir a las víctimas, estaba dentro de uno de los centros en Madrid gestionado por las Adoratrices cuando murió el dictador. “Nada cambió para nosotras”, dice recordando que aquel día las internas no trabajaron y se dedicaron “al luto y la oración”. Salió un año después, con 17, y prometió a sus compañeras que algún día contaría lo que habían vivido: “Yo estaba convencida de que con la muerte de Franco las cosas iban a ser diferentes. De hecho, hasta hice la maleta”, cuenta.
Consuelo García del Cid ha investigado y reunido a mujeres que, como ella, pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer. Clara Rodríguez
Pero no fue así y la larga trayectoria del Patronato de Protección a la Mujer se alargó hasta 1985, cuando ya gobernaba el socialista Felipe González. El organismo dependía del Ministerio de Justicia y durante el franquismo tenía la misión de fomentar la “dignificación moral de la mujer” en virtud de las normas del régimen, atravesadas por la religión católica. En la práctica, esto suponía que jóvenes consideradas rebeldes o que se desviaban de estos férreos mandatos –las llamadas “caídas o en riesgo de caer”–, podían acabar en uno de sus reformatorios tras ser denunciadas por la policía, sus vecinos o sus propias familias.
Disolución “por la puerta de atrás”
Su fin definitivo llegó con el Real Decreto del 1 de agosto que hacía efectiva la supresión presupuestaria de varios organismos decidida un año antes. Un “cúmulo de presiones sociales, políticas y mediáticas acabó precipitando” la caída de la institución, según explica la historiadora y autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica) Carmen Guillén, que describe un proceso de disolución “por la puerta de atrás” y sin que su desaparición “suscitara un debate político ni revisión pública” como si ocurriría con otras instituciones franquistas. El silencio con el que operó durante más de 40 años perduró en su cierre.
Las presiones a las que se refiere la historiadora, autora de la primera tesis sobre el Patronato, tuvo uno de sus momentos más visibles en septiembre de 1983, cuando la joven Inmaculada Valderrama murió en el reformatorio de San Fernando (Madrid), gestionado por las Cruzadas Evangélicas. Según publicaron los medios, la joven murió al caer de un tercer piso tras intentar fugarse del centro con una “liana de sábanas” atada a la ventana. No era la primera vez que intentaba irse y lo había conseguido hacía poco, pero unos días antes de su fallecimiento fue devuelta tras ser detenida por “presuntamente ejercer la prostitución”.
Ficha de una de las internas en el centro del Patronato de Protección a la Mujer de Sevilla. Archivo Histórico Provincial de Sevilla
Ese mismo año, la maternidad de Peñagrande en la que estaba Loli cerró sus puertas y se acordó la expulsión de la congregación que lo dirigía mientras que el Consejo Superior de Protección de Menores definió sus condiciones de vida como “sórdidas”. Había pequeños pasos que ya estaban dándose hacia el fin del Patronato, del que los medios de comunicación locales y El País a nivel nacional habían comenzado a hablar. Ejemplo paradigmático fue un artículo publicado en la revista Vindicación Feminista en 1977 en el que la abogada Magda Oranich relata el “inquisidor régimen” de un reformatorio de Barcelona, al que logró entrar.
Se entrevistó con una de las religiosas “madres” que lo dirigían, que llegó a decirle: “Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra a estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock”. Según explica Guillén en su libro, el artículo era “tan contundente” que las autoridades “intentaron impedir su difusión” mediante una “orden de secuestro” que no prosperó. A través del propio boletín del Patronato, dirigido solo a sus miembros, el organismo intentó defenderse y acusó al texto de “saña, mal estilo y aviesa intención”, según consta en el número 103 del boletín que la historiadora cita en su investigación.
Otro testimonio, esta vez desde dentro del propio organismo, apunta en la misma dirección que las denuncias acumuladas en esos años. Se trata de la carta que una visitadora social contratada por la propia institución escribe a la Junta Provincial de Barcelona en 1978 y que es parte del archivo personal que Consuelo García del Cid ha reunido tras años de investigación. En ella, la trabajadora asegura haber tenido “esperanzas” de que la democratización del país llegara también al Patronato, pero “se mantiene como una isla siguiendo sus métodos represivos, moralistas y clasistas”, reconoció. 123 centros estaban activos ese año, formando una especie de “burbuja franquista” en medio de la Transición y los primeros años de la democracia, como lo define Guillén.
“No se sabía lo que nos hacían”
Aunque el régimen revivió la institución en 1941, esta ya existía antes: era heredera del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas creado en 1902 y vinculado a la lucha contra la explotación sexual. La República la reorganizó y le dio el nombre que perduraría durante el franquismo, pero se disolvió a los pocos años. De fondo y en sus fines sobre el papel, siempre se mantuvo el supuesto objetivo de la abolición de la prostitución y este elemento estuvo también presente en la dictadura, que hablaba de la “regeneración moral de las mujeres prostituidas”, pero en la práctica sirvió de aparato de control social generalizado hacia la población femenina.
El hecho de que fuera un organismo tan longevo, que su represión se dirigiera específicamente a mujeres y que sus centros fueran dirigidos por congregaciones religiosas que existían antes de la dictadura –y muchas aún hoy– son algunos de los factores que Guillén conecta con su tardía desaparición. “Tenía muy poca visibilidad, pasó desapercibido porque esas estructuras vinculadas a la supuesta caridad religiosa ya existían antes de Franco. No se percibió como un exceso del franquismo y en parte eso tuvo que ver con lo perfectamente instaladas que estaban las congregaciones en la sociedad y con que se daba por hecho que lo que hacían era positivo”.
Loli Gómez Benito (i) y otras mujeres que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer reciben declaraciones de reparación del Gobierno, el pasado 20 de marzo en Madrid. EFE/ Mariscal
“Yo creo que no importábamos ni molestábamos. Nadie sabía lo que nos hacían ahí dentro”, explica Micaela Ortiz, que estuvo en el reformatorio de las Oblatas de Segovia hasta 1982. La mujer, que hoy tiene 58 años, entró con sus dos hermanas y lo primero que hicieron las monjas fue separarlas. Aún recuerda los “encierros en armarios pequeños” como castigo, las duchas de agua fría y el “restregar de ortigas en mis partes íntimas” para intentar que no se hiciera pis en la cama. “El día lo dedicábamos a rezar y a limpiar y a la hora de la merienda salíamos un poco al patio. Yo no entendía nada, no sabía dónde estaba ni lo que era aquello. Lo he entendido muchos años después”, reconoce.
Políticamente, hubo algún movimiento encaminado a su disolución tras 1975. El Gobierno de Adolfo Suárez nombró en enero de 1978 a Jaime Cortezo como vicepresidente primero del Patronato con el objetivo de “marcar un cambio de rumbo y, de hecho, llegó a presentar un anteproyecto de ley para modernizar la institución, pero no llegó a ver la luz definitiva. En 1980, el diputado socialista Antonio Sotillo registró en el Congreso varias preguntas al Gobierno sobre el futuro del Patronato, que ”no parece muy adecuado a las demandas de la sociedad“, decía. En 1982, el mismo año que el PSOE llegó a la Moncloa, el grupo socialista volvió a pedir explicaciones.
Tuvieron que pasar algunos años más para que cerrara, después de haber transferido las competencias en materia de “mujer” a las comunidades autónomas y se decidiera eliminar el presupuesto del Ministerio de Justicia para tal fin. Algunos de los centros desaparecieron y otros siguieron vigentes, con otra dirección pero en muchos casos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas que entonces. “Varias, de hecho, siguen teniendo funciones vinculadas a lo femenino y tienen programas, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de trata”, explica Guillén.
Las órdenes religiosas organizaron un acto hace menos de un año en Madrid para pedir perdón a las víctimas, pero estas lo rechazaron por cómo se había llevado el proceso. El pasado 20 de marzo, medio centenar de mujeres recibieron el reconocimiento como víctimas del franquismo de parte del Gobierno, que les pidió disculpas. “El estado os falló”, reconoció el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
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