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“Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue”. HERÁCLITO
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La Escuela de Arte de Cádiz (antiguamente de Artes y Oficios) completó su traslado a su sede definitiva en el complejo educativo Casa de las Artes, situado en la Avenida de las Cortes de Cádiz, 3, en la zona de extramuros (barrio de Astilleros). Era hacia el año 2013, es decir, hace trece años. Y desde entonces este edificio está cerrado
y deteriodándose como tantos otros edificios públicos de la ciudad.
La Comisión Europea ha validado una recogida oficial de firmas que busca suspender
el acuerdo con Israel. Los promotores están cerca de lograr
el millón de apoyos y obligar a Bruselas a pronunciarse.

En silencio, lejos del ruido mediático que suele acompañar a las grandes decisiones comunitarias, se ha activado uno de los instrumentos más poderosos -y menos conocidos- de participación democrática en Europa.
Una Iniciativa Ciudadana Europea, registrada oficialmente en el portal de la Comisión Europea, busca reunir un millón de firmas para forzar a Bruselas a pronunciarse sobre una cuestión altamente sensible: la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.
Son 10 los países que han superado el umbral necesario, España es uno de ellos


No se trata de una petición convencional. Tampoco de una campaña impulsada desde plataformas privadas. Es un procedimiento regulado por los Tratados de la Unión Europea que, si supera los umbrales exigidos, obliga a la Comisión a examinar la propuesta, reunirse con sus promotores y responder públicamente, incluso ante el Parlamento Europeo.
Es un procedimiento regulado por los Tratados de la Unión Europea que, si supera los umbrales exigidos, obliga a la Comisión a examinar la propuesta
El 13 de enero comenzó oficialmente la recogida de firmas. Ya han firmado más de 951.000 personas de diferentes países. Francia, Italia y España son los países que más firmas han recogida hasta ahora. También se ha conseguido el número mínimo de 7 países que deben traspasar el umbral mínimo de votos. Son 10 los países que han superado el umbral necesario, España es uno de ellos.
La UE es el primer socio comercial de Israel: más del 34 % de las importaciones de Israel proceden de la UE y el 28,8% de sus exportaciones se destinan a la UE. El comercio total de mercancías entre la UE e Israel en 2024 ascendió a 42.600 millones de euros
En 2021, Israel se sumó a Horizonte Europa, el principal programa de financiación de la UE para la investigación y la innovación. El fondo de Horizonte Europa de la UE destina 1.110 millones de euros a empresas, universidades y organismos públicos israelíes. Entre los 921 proyectos con 231 beneficiarios israelíes figuran empresas estrechamente vinculadas al ejército israelí.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha pedido que Europa suspenda el acuerdo de asociación con Israel. Sánchez ha pedido a sus socios de la UE «ser coherentes» con la defensa del derecho comunitario.
La Iniciativa Ciudadana Europea es, en la práctica, el único canal de democracia directa a escala comunitaria. Permite a los ciudadanos solicitar a la Comisión que proponga legislación en materias donde la UE tiene competencias.
Pero el camino no es sencillo. Para que la iniciativa prospere necesita: al menos un millón de firmas válidas, procedentes de un mínimo de siete Estados miembros y recogidas en un plazo máximo de doce meses.
Las firmas no son simbólicas: deben ser verificadas por las autoridades nacionales de cada país.
Si se alcanzan esos requisitos, el proceso obliga a Bruselas a abrir un expediente político formal. La Comisión Europea debe escuchar a los promotores, facilitar un debate público en el Parlamento Europeo y emitir una respuesta motivada. Sin embargo, no está obligada a legislar.
La recogida de firmas sigue abierta. Su resultado es incierto. Pero el simple hecho de que haya sido admitida ya marca un punto de inflexión
La iniciativa en curso -identificada en el registro oficial como expediente 055- centra su objetivo en el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, un marco jurídico que regula las relaciones políticas, comerciales y de cooperación entre ambas partes.
Los promotores sostienen que este acuerdo incluye cláusulas explícitas sobre el respeto a los derechos humanos como condición esencial para su vigencia. Y consideran que, en el contexto actual, estas condiciones podrían no estar cumpliéndose.
El planteamiento no es menor. Supone trasladar al terreno institucional europeo un debate que hasta ahora ha estado dominado por la diplomacia, las resoluciones políticas y la presión internacional: ¿puede la Unión Europea mantener relaciones preferentes con un socio al que se acusa de vulnerar derechos fundamentales? Israel está vulnerando el derecho internacional y humanitario. El ejército israelí ha asesinado a 70.000 gazatíes, la mayoría civiles, entre ellos 20.000 niños. Y solo en Líbano, ha matado a más de 2000 personas, en un mes, en una guerra ilegal.
Aunque el mecanismo no obliga a la Comisión a adoptar medidas concretas, sí tiene consecuencias políticas. Obliga a posicionarse, a dar explicaciones y, sobre todo, a situar el debate en la agenda institucional europea.
No es la primera vez que una Iniciativa Ciudadana Europea consigue ese efecto. Algunas han derivado en cambios regulatorios o en revisiones de políticas comunitarias. Otras, aunque no lograron una legislación directa, generaron suficiente presión como para influir en decisiones posteriores.
En este caso, el impacto dependerá de varios factores: la capacidad de movilización ciudadana, el contexto geopolítico y la voluntad política de las instituciones europeas.
La iniciativa abre, además, un debate de fondo sobre el papel de la ciudadanía en la política exterior de la Unión Europea, un ámbito tradicionalmente reservado a los Estados y a las instituciones.
En un momento de creciente polarización global, esta iniciativa pone a prueba no solo la eficacia de los mecanismos de participación democrática, sino también la coherencia de la Unión Europea con sus propios principios fundacionales.
La recogida de firmas sigue abierta. Su resultado es incierto. Pero el simple hecho de que haya sido admitida ya marca un punto de inflexión: la ciudadanía europea ha activado uno de los pocos resortes que permiten trasladar una demanda política directamente al corazón de Bruselas.
La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es el instrumento más potente de participación directa del que disponen los ciudadanos de la Unión Europea. Está regulada por el Reglamento (UE) 2019/788 y reconocida en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea.
No es una recogida de firmas simbólica. Es un procedimiento jurídico con efectos institucionales obligatorios.
Las firmas deben incluir datos personales (DNI, fecha de nacimiento, etc.) y son verificadas posteriormente por las autoridades nacionales. No basta con “hacer clic”: hay un control administrativo real.
Aunque no es vinculante, la ICE tiene tres efectos clave: obliga a Bruselas a posicionarse públicamente, introduce el tema en el Parlamento Europeo y genera presión política y mediática.
En algunos casos, ha servido para modificar políticas o abrir procesos legislativos.
Aquí el enlace para firmar y apoyar la iniciativa.
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