lunes, 4 de mayo de 2026

El PP y Vito Quiles: Alma Alfonso le cede su despacho en el Congreso para grabar un vídeo contra Sánchez, su mujer y la prensa

 Vito Quiles en el Congreso. EP

El PP y Vito Quiles: Alma Alfonso le cede su despacho en el Congreso para grabar un vídeo contra Sánchez, su mujer y la prensa

La diputada valenciana del PP permite el uso de su despacho en la Cámara Baja al agitador de extrema derecha para grabar un vídeo de autopropaganda contra el Gobierno y el resto de periodistas

Vito Quiles en el Congreso. EP

El pasado jueves, el agitador de extrema derecha, Vito Quiles, publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que afirmaba que iba a querellarse contra la mujer del presidente, Begoña Gómez y las mujeres que la acompañaban el día que Quiles la acosó. Además, aprovechaba ese vídeo para cargar contra el Gobierno, así como contra el resto de periodistas que ejercen su trabajo dignamente. Más allá del vídeo en sí mismo, lo que es inaceptable es que lo grabó dentro del Congreso de los Diputados, concretamente desde el despacho de la diputada del PP por valencia, Alma Alfonso, evidenciando así la connivencia (aunque sea por la puerta de atrás, pues el PP la niega) entre Quiles y el Partido Popular.

Al ver el vídeo, ElPlural.com, como es su obligación, se ha puesto en contacto con la diputada por Valencia del Partido Popular, Alma Alfonso, cuyo despacho utilizó el extremista para hacer el vídeo. Alfonso habló con una redactora durante poco más de un minuto y pidió que la llamaran 20 minutos más tarde porque, según dijo, estaba con un ‘tema familiar’. Este periódico la ha llamado varias veces sin éxito.

Además, este medio se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y lo ha intentado con el de la calle Génova 13. En una primera llamada, la persona responsable de comunicación de la Cámara Baja afirmó no saber nada sobre el hecho de que Alma Alfonso cediera su despacho a Vito Quiles para grabar un vídeo contra Gómez, Sánchez, el Gobierno y los periodistas, y pidió tiempo para averiguar lo sucedido.

Vito Quiles se graba un vídeo amenazando a Sánchez, Begoña Gómez y la prensa desde el despacho de una diputada del PP. Twitter.

Tras darles tiempo, más de 12 horas para ser exactos, a corroborar la información obtenida por ElPlural.com a través de diversas fuentes, así como por el hecho de que el despacho de la diputada del PP no solo tiene una banderita de la Comunitat Valenciana que aparece en el vídeo, sino una lámina que pertenece a Patrimonio Nacional y que está catalogada, por lo que ha sido relativamente sencillo saber a quién pertenecía el despacho, este periódico no ha obtenido ninguna respuesta pese a las tres llamadas a la diputada afectada, otros cinco intentos de hablar con la responsable de prensa del PP del Congreso, y tres más con el jefe de comunicación del Partido Popular en Génova 13.

El PP vuelve a la época Gürtel

Los responsables del gabinete de comunicación del PP en la Cámara Baja han decidido, con respecto a la cesión de un despacho pagado por todos los españoles para grabar un vídeo de autopropaganda del agitador de extrema derecha, que lo mejor es no contestar a las llamadas de este periódico, tal y como hacía el partido del charrán en las peores épocas de la Gürtel, cuando a lo máximo que podía aspirar la prensa era a ver a Mariano Rajoy a través de un plasma en la sede del partido.

Pero esconder la cabeza cual avestruz no implica que algo no haya pasado. El vídeo, grabado con la connivencia, como mínimo de una diputada del PP, está ahí, con el ataque al PSOE, Sánchez y Gómez y lo que es peor, las mentiras sobre los periodistas que sí trabajan con honestidad cada día ya sea en el Congreso o fuera de él, contrastan las informaciones, y engrandecen el oficio.

Después de Roma. La tardoantigüedad en la provincia de Cuenca

 


Israel utiliza el agua potable como arma de guerra contra los palestinos

Israel utiliza el agua potable como arma de guerra contra los palestinos

El acceso al agua potable en Gaza se ha convertido en un arma de guerra con graves consecuencias humanitarias que ponen en riesgo la vida de millones de palestinos.



 Expertos consultados y citados en el mencionado informe de Inter Press Service (IPS), destacan y recuerdan que el acceso al agua potable no es un mero privilegio, sino un derecho humano fundamental y básico, reconocido explícitamente por Naciones Unidas, que establece la obligación de los estados y actores involucrados en el cumplimiento y protección de este derecho.

Uso estratégico del agua en Gaza

El uso del agua como un instrumento estratégico de presión en el marco del conflicto que actualmente afecta a la Franja de Gaza ha llegado a niveles que pueden considerarse críticos, de acuerdo con un informe detallado difundido por la agencia de información. La limitación o restricción intencionada del acceso a recursos hídricos esenciales no solo agrava de forma considerable la ya delicada situación humanitaria que atraviesa la población, sino que además puede configurarse como una violación grave de las normas establecidas por el derecho internacional humanitario, dado que atañe de manera directa a la población civil, que depende absolutamente de estos recursos para su supervivencia cotidiana.

  1. Uso estratégico del agua en Gaza
  2. Impacto humanitario y violaciones del derecho internacional
  3. Destrucción de infraestructuras y escasez de agua potable
  4. Derecho al agua y crímenes de guerra
  5. Denuncias y vigilancia internacional
  6. Situación actual del agua en Gaza
  7. Posturas de organismos internacionales y Gobierno de España
  8. Consecuencias y desafíos para la comunidad internacional

El acceso a agua potable, elemento fundamental para cualquier sociedad y especialmente para aquellos grupos humanos sometidos a situaciones de conflicto, se ha convertido en uno de los aspectos más alarmantes y dramáticos dentro de la compleja realidad que enfrenta Gaza. Según la información recabada y difundida por la agencia IPS, Israel está utilizando el agua como una auténtica arma de guerra, en un contexto en el que las infraestructuras relacionadas con el suministro hídrico han sufrido daños devastadores y donde el acceso a este recurso vital se halla fuertemente restringido, afectando así la calidad y cantidad del abastecimiento.

Impacto humanitario y violaciones del derecho internacional

El informe de IPS detalla pormenorizadamente cómo la destrucción sistemática de las instalaciones dedicadas al agua, la interrupción repetida y prolongada del suministro eléctrico —cuyo funcionamiento es imprescindible para la operación de las plantas desalinizadoras, encargadas de tratar y proveer agua potable— y el control exhaustivo y restrictivo de dichos recursos, han colocado a la población de Gaza en una situación de altísima vulnerabilidad y emergencia. Esta grave escasez de agua apta para el consumo humano ha provocado un incremento notable en la incidencia de enfermedades, sobre todo entre los sectores más sensibles como la población infantil, quienes son especialmente susceptibles a las condiciones insalubres derivadas de la falta de acceso adecuado al agua.

Destrucción de infraestructuras y escasez de agua potable

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) enfatiza con claridad que privar a la población civil de bienes esenciales para su supervivencia, como el agua potable, puede constituir un delito grave en el marco del derecho internacional humanitario, pudiendo considerarse un crimen de guerra según los tratados y convenciones internacionales vigentes.

En este contexto de tensión y sufrimiento, diversas organizaciones humanitarias han denunciado reiteradamente que la situación que se vive en Gaza responde claramente a un patrón de castigo colectivo. La normativa internacional prohíbe de manera expresa este tipo de prácticas, en especial cuando resultan en la afectación de bienes indispensables para la vida cotidiana y la salud pública, tales como el acceso al agua, la provisión de alimentos y la atención médica.

Derecho al agua y crímenes de guerra

Asimismo, la Corte Penal Internacional (CPI), que es la entidad competente para investigar y enjuiciar posibles crímenes de guerra, mantiene una vigilancia constante y activa sobre la evolución de la situación en los territorios palestinos. La CPI ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación y ha señalado que el uso de recursos básicos como instrumento de presión podría dar lugar a investigaciones judiciales y a procedimientos penales si se comprueba la comisión de ilícitos internacionales.

La crisis relacionada con el acceso al agua potable en Gaza no es un fenómeno reciente ni inesperado; sin embargo, el agravamiento progresivo y la escalada del conflicto han intensificado sus repercusiones de manera alarmante. Antes de que se desatara la actual escalada violenta, más del 90 por ciento del agua disponible en la zona ya no era apta para el consumo humano, según los datos suministrados por diferentes organismos internacionales que se encargan de monitorear estas situaciones. La coyuntura actual ha provocado el casi completo colapso del sistema hídrico, dejando a las poblaciones locales en un estado crítico y casi insostenible.

Denuncias y vigilancia internacional

Amnistía Internacional, por su parte, ha emitido denuncias reiteradas respecto a las restricciones impuestas sobre el acceso al agua en Gaza. Esta organización internacional sostiene que las medidas adoptadas pueden interpretarse como una forma sistemática y consciente de castigo colectivo contra la población palestina afectada, por lo que ha instado expresamente a las autoridades israelíes a garantizar de manera inmediata y sin ningún tipo de limitación el acceso a recursos básicos imprescindibles para la supervivencia y el bienestar humano.

Simultáneamente, la comunidad internacional ha intensificado sus llamados y requerimientos para que se respete rigurosamente el derecho internacional humanitario, enfatizando la necesidad urgente de proteger a la población civil en situación de conflicto. Así lo ha reiterado también el Consejo de Europa, que ha insistido de forma enfática en la importancia de amparar y preservar el acceso a los servicios esenciales para la población afectada, especialmente en contextos bélicos o de alta tensión social y política.

Situación actual del agua en Gaza

En la actualidad, la preocupación por la utilización del agua como una herramienta más dentro del arsenal de guerra moviliza también a líderes internacionales y figuras religiosas de relevancia. Por ejemplo, el papa León XIV se ha dirigido recientemente a la comunidad internacional en un llamado urgente para proteger la dignidad humana en todas las situaciones de conflicto, subrayando con especial énfasis la obligación moral y legal de garantizar el acceso irrestricto a recursos básicos fundamentales, como el agua y los alimentos.

Por otro lado, el Gobierno de España ha reiterado públicamente su firme posicionamiento en defensa del respeto al derecho internacional, exigiendo el cese inmediato de todas aquellas acciones que afecten de manera directa y desproporcionada a la población civil. Desde el Palacio de La Moncloa, se enfatiza la importancia de facilitar sin dilación la ayuda humanitaria necesaria así como de restablecer a la mayor brevedad posible todos los servicios esenciales que garanticen las condiciones de vida mínimas para la población en Gaza.

Posturas de organismos internacionales y Gobierno de España

El agravamiento constante de la situación humanitaria ha generado una creciente presión y preocupación a nivel internacional, que involucra a múltiples actores políticos, sociales y humanitarios. Muchos de estos actores advierten sobre los riesgos de que el uso del agua como arma pueda sentar un precedente extremadamente negativo y peligroso en el contexto de los conflictos contemporáneos, lo que complicaría aún más los esfuerzos por preservar la dignidad humana y los derechos fundamentales.

La información difundida por IPS pone de relieve una dimensión del conflicto que, si bien resulta menos visible o mediática que la violencia directa, es igualmente devastadora y tiene consecuencias a largo plazo. La falta de agua no solo compromete la supervivencia inmediata de quienes sufren esta crisis, sino que destruye las bases necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana, el bienestar social y la salud pública en un sentido amplio y profundo.

Consecuencias y desafíos para la comunidad internacional

Ante esta coyuntura, la comunidad internacional se enfrenta a un desafío mayúsculo, que consiste en garantizar el cumplimiento efectivo de las normas humanitarias internacionales y en evitar que recursos esenciales, como el agua, sean utilizados como instrumentos de guerra y coerción. La evolución y desarrollo de los acontecimientos en Gaza será clave para evaluar la capacidad de respuesta y actuación de los organismos internacionales, así como para medir la efectividad real del derecho internacional en contextos de conflicto tan complejos y delicados como el que se está viviendo.

Álvaro García Ortiz rompe su silencio tras la condena

 

Álvaro García Ortiz rompe su silencio tras la condena: "Salí del juicio convencido de que iba a ser absuelto"

El exfiscal general del Estado lo confiesa en una entrevista con Jordi Évole y habla de "muerte civil", "sorpresa muy dura" y un proceso "intimidante".

Álvaro García Ortiz, fotografiado en un coloquio el 10 de marzo de 2026 en Madrid.

Álvaro García Ortiz, fotografiado en un coloquio el 10 de marzo de 2026 en Madrid.Europa Press via Getty Images

Había expectación ante lo de Álvaro García Ortiz, que se ha decidido hablar. Tras su condena por la filtración de un correo con datos reservados sobre un supuesto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el exfiscal general del Estado ha concedido su primera entrevista… y no ha dejado indiferente a nadie.

"Salí del juicio convencido de que iba a ser absuelto", asegura. Por eso, el fallo del Tribunal Supremo fue, según sus propias palabras, "una sorpresa muy dura".

"Es una sensación personal y profesional muy dura"

Durante su conversación con Jordi Évole, García Ortiz evita cuestionar a los magistrados, pero sí pone palabras al impacto que ha tenido todo el proceso en su vida.

Define lo ocurrido como una especie de "muerte civil" y reconoce que verse en el banquillo es algo "inimaginable" para alguien en su posición. "Es una sensación personal y profesional muy dura", insiste.

También habla del daño colateral a su entorno más cercano. Sus hijos han tenido que convivir con titulares y críticas constantes. "Leer determinadas cosas es doloroso", admite.

"No me ha gustado en absoluto pagar"

El exfiscal general se detiene en uno de los puntos más polémicos: la multa de 7.000 euros que ha tenido que abonar a Alberto González Amador.

"No me ha gustado en absoluto", reconoce. Y explica por qué: "Es una paradoja que quien se dedica a perseguir delitos acabe pagando a una persona que está inmersa en un procedimiento para averiguar si ha cometido o no un delito".

"Me sentí maltratado"

García Ortiz también relata cómo vivió el juicio. Asegura que le dolió especialmente ser condenado por sus propios compañeros y recuerda como humillante el momento en el que fue señalado durante la vista.

"Me sentí maltratado", afirma, en referencia a la dureza del proceso.

Niega la filtración y revela lo que sabía antes

En la entrevista, insiste en su inocencia. "No fui yo" a filtrar ese correo, asegura, añadiendo que tampoco lo hizo nadie de su entorno, aunque reconoce que se trataba de "un mail cotizado".

Además, revela un detalle que añade más tensión al caso: asegura que sabía que iba a ser imputado antes de que ocurriera. "A mí personas directa o indirectamente me dijeron qué día y en qué momento iba a ser imputado".

"Fue un momento absolutamente intimidante"

Entre los episodios más duros, destaca el miedo a que saliera a la luz información sensible de su móvil. "Fue un momento absolutamente intimidante", confiesa.

También recuerda el registro de su despacho por parte de la UCO como un "shock inimaginable", aunque reconoce que los agentes actuaron con profesionalidad. "Te parece delirante, pero entiendes que están haciendo su trabajo".

Ahora, García Ortiz asegura que atraviesa un periodo de duelo personal y profesional. "Tengo que reflexionar mucho interiormente", explica.

De momento, no piensa en el futuro. Su prioridad es otra: "Digerir todo esto" junto a su familia y alejarse del foco tras uno de los episodios más duros de su carrera

Veinte años de control del tabaco en España: qué hemos logrado y qué queda por hacer

 


En 2005, España ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, dando inicio a una etapa de desarrollo normativo orientada a reducir el consumo y a proteger a la población frente al humo ambiental de tabaco (HAT). Desde entonces, se han implementado medidas clave, como la regulación de espacios sin humo o las restricciones a la publicidad, que han tenido un impacto claro en la salud pública.

Con motivo de los 20 años de su aplicación, el grupo de trabajo de tabaco de la Sociedad Española de Epidemiología ha analizado cómo han cambiado los indicadores y el ecosistema de control del tabaquismo en España, lo que permite hacer balance de los avances y de los retos pendientes.

Un avance incompleto

Tras la aprobación de las leyes de 2005 y 2010, uno de los cambios más evidentes ha sido la reducción de la exposición al HAT, especialmente en espacios públicos cerrados. Estas leyes han contribuido a modificar normas sociales en torno al consumo de tabaco y a disminuir la exposición involuntaria de la población, con un impacto directo en la reducción de la carga de patologías asociadas. Así, estudios realizados en España observaron un descenso en la tasa de ingresos hospitalarios por dolencias cardiovasculares y enfermedad pulmonar obstructiva crónica tras la implementación de las citadas leyes.

Sin embargo, este avance no ha sido completo: en los últimos años se observa cierta estabilización y persisten niveles elevados de exposición al HAT en espacios abiertos como las terrazas de hostelería, donde se han detectado concentraciones de nicotina ambiental comparables a las de viviendas de personas fumadoras.

En paralelo, el descenso de la prevalencia de consumo de tabaco ha sido más lento de lo esperado. Aunque ha disminuido respecto a décadas anteriores, continúa siendo elevada. En 2020, el 22,1 % de la población adulta en España fumaba y en 2023, el porcentaje se situaba en el 19,3 %. Además, tampoco se ha producido una aceleración clara en el abandono del consumo tras la implementación de las principales medidas regulatorias.

Desigualdades persistentes y nuevos retos

El impacto del tabaco en la salud sigue siendo muy elevado. En España, se estiman entre 50 000 y 60 000 muertes anuales atribuibles a su consumo, lo que lo sitúa como una de las principales causas evitables de mortalidad. Asimismo, esta carga presenta diferencias importantes por sexo: mientras que en hombres la mortalidad atribuida está disminuyendo, en mujeres continúa en ascenso, reflejando la evolución más tardía de la epidemia de tabaquismo en ellas.

Nuestra misión es compartir el conocimiento y enriquecer el debate.

Al mismo tiempo, se continúan observando desigualdades en el consumo de tabaco, ya que sigue siendo más frecuente en personas con menor nivel educativo, especialmente en hombres. Además, el abandono del hábito es menos probable en ese grupo, sin distinción de sexos. Esto contribuye a consolidar un patrón de inequidad en salud que plantea importantes desafíos para las políticas de prevención.

Adicionalmente, el contexto actual es más complejo que hace dos décadas. La aparición de nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina, ha modificado los patrones de consumo, sobre todo entre población joven. Esto plantea nuevos retos regulatorios.

A ello se suma que algunas medidas recomendadas a nivel internacional, como el empaquetado neutro o una mayor fiscalidad, no se han implantado plenamente en España. También persisten formas de promoción indirecta de los productos del tabaco, especialmente en entornos digitales como las redes sociales, que siguen siendo difíciles de controlar.

Del control al “endgame”: el reto de las próximas décadas

A pesar de las limitaciones, los avances logrados en estas dos décadas han sido posibles gracias a la acción coordinada de instituciones públicas, sociedades científicas, organizaciones sociales y una ciudadanía cada vez más implicada. Este esfuerzo conjunto ha permitido generar evidencia, impulsar medidas regulatorias y consolidar el control del tabaquismo como una prioridad en salud pública.

En la actualidad, el enfoque está evolucionando hacia estrategias más ambiciosas, conocidas como endgame, que plantean reducir la prevalencia de fumadores por debajo del 5 %. Algunos países europeos ya han incorporado estos objetivos en sus políticas públicas y España ha iniciado el camino con el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que plantea avanzar hacia una generación libre de tabaco para 2040.

Sin embargo, la situación actual muestra que el objetivo está aún lejos de alcanzarse. Avanzar en esa dirección requerirá reforzar las medidas existentes, poner en marcha nuevas medidas de control del tabaquismo, abordar de forma específica las desigualdades sociales, mejorar la regulación de nuevos productos y reforzar el apoyo social y político.

Veinte años después de la ratificación del Convenio Marco, la evidencia es clara: las políticas de control del tabaquismo funcionan. El reto ahora es aplicarlas con mayor intensidad y adaptarlas a un contexto cambiante para seguir reduciendo el impacto del tabaco en la salud de la población.


Artículo escrito con el asesoramiento de la Sociedad Española de Epidemiología.

Las sombras de la 'era Aznar', 30 años después: de la guerra de Irak a la foto de la corrupción

 EFEMÉRIDES

España

Las sombras de la 'era Aznar', 30 años después: de la guerra de Irak a la foto de la corrupción

A tres décadas de la primera investidura de Aznar, el recuerdo de sus mandatos lo marcan las sombras de Irak y de la corrupción

Gabinete de Gobierno de la primera legislatura de José María Aznar, aprobada por el Congreso de los Diputado el 4 de mayo de 1996. Europa Press  Archivo.

Gabinete de Gobierno de la primera legislatura de José María Aznar, aprobada por el Congreso de los Diputado el 4 de mayo de 1996. Europa Press Archivo.

Este lunes 4 de mayo se cumplen 30 años de la investidura del primer gobierno del 'popular' José María Aznar. Una fecha que, en 1996, suponía una ruptura tras 14 años de Presidencia de Felipe González y abría el camino hacia la entrada al euro, con el "España va bien" como lema y dos legislaturas que le tuvieron en La Moncloa durante ocho años, hasta el 17 de abril de 2004. Pero tres décadas después, supone recordar un periodo presidencial en el que hubo numerosos problemas cuya estela se siguen recordando en el presente.

Tras los comicios del 3 de marzo de 1996, en los que el PP obtuvo una mayoría simple de 156 escaños, Aznar encontró en el Partido Nacionalista Vasco (PNV), en Convergencia i Unió (CiU) y en Coalición Canaria (CC) los socios necesarios para su investidura. Los gobiernos de Aznar echaron a andar con pactos con los nacionalismos y la entrada en la moneda común europea en 2002. El apoyo de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco se fraguó el 30 de abril en torno a las figuras de Aznar y al entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, con papeles también importantes en las negociaciones de Jaime Mayor Oreja, que recibiría la cartera de Interior y Mariano Rajoy, a quien Aznar entregó el Ministerio de Administraciones Públicas. Los nacionalistas vascos buscaban un desarrollo del Estatuto de Autonomía con cesiones en materia de Seguridad Social, facultad en impuestos especiales y otras cuestiones que finalmente acabaron diluyéndose en una hoja de mínimos que contempló el compromiso del Ejecutivo de abrir un proceso de negociación sobre la Constitución regional.

También se consideraron otros compromisos como la reforma del concierto económico y la financiación en el siguiente ejercicio presupuestario, por parte del Ministerio competente o el INEM, el Acuerdo Interprofesional Vasco para la Formación Continua y se puso sobre la mesa la devolución a los partidos políticos del patrimonio incautado durante la dictadura franquista. Por otra parte, el pacto definitivo con los nacionalismos catalanes, ratificado en el Hotel Majestic de la ciudad condal el 28 de abril, lo firmaron PP y la federación de CiU liderada por el entonces president de la Generalitat Jordi Pujol. Entre otras cuestiones, el pacto incluía la cesión de competencias a la Generalitat de Catalunya en tráfico laboral y también modificaciones a nivel estatal, como un nuevo modelo de financiación autonómico que resultó lo más polémico de los pactos.

Lejos de nombramientos y pactos parlamentarios, están Las Sombras: La corrupción y la guerra de Irak en 2003. Aquel conflicto terminó teniendo nefastas consecuencias para la ciudadanía española al sufrir como represalia un atentado yihadista en la estación de Atocha. Aznar ha rechazado asumir error alguno sobre ello en la serie documental de Movistar Plus+ 'La última llamada', además de asegurar que en los atentados del 11M su Gobierno dijo "la verdad en todo momento", a pesar de haber intentado atribuir inicialmente el ataque a ETA y de ponerle en bandeja de plata al candidato de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, la frase: "Los españoles no se merecen un presidente del Gobierno que les mienta". De la corrupción, la Justicia todavía tiene cuentas que echar más de dos décadas después, con procedimientos judiciales todavía en marcha.

Las Sombras I: La extensa corrupción

En la fotografía de la primera investidura, a José María Aznar le acompañaban 14 ministros, de los cuales casi la mitad han desfilado, treinta años después, por los juzgados, ya sea como testigos o como imputados, en procesos judiciales por escándalos de corrupción como la trama Gürtel, el caso de las 'tarjetas Black' de Bankia, la caja B del PP y los presuntos sobresueldos.

Rodrigo Rato fue nombrado vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda durante las dos legislaturas de Aznar y ocupó la dirección gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2005 a 2007 y posteriormente director de Bankia, donde desarrolló una red de apropiación indebida conocido como las 'tarjetas black', por el que fue condenado a prisión en 2017. En el contexto de la comisión de investigación en el Congreso de la crisis de Bankia, Rato pronunció una célebre frase: "Esto no es un saqueoes el mercado, amigo", una coletilla que se ha convertido en recurrente en la jerga online para referirse, precisamente, a las fluctuaciones interesadas del modelo de consumo neoliberal.


Mariano Rajoy, que llegó a ser presidente del Gobierno entre 2011 y 2008, fue nombrado en el primer gobierno de Aznar ministro de Administraciones Públicas. La pasada semana compareció como testigo en el caso 'Kitchen', la presunta trama de espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas en el marco del caso de la presunta financiación irregular del partido y la "caja B".

Francisco Álvarez-Cascos fue vicepresidente primero y ministro de Presidencia, luego fundó un partido, Foro Asturias, con el que llegó a ser presidente del Principado. Fue investigado por presunta apropiación indebida de fondos del mismo partido, causa de la que fue absuelto el año pasado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores lo dirigió Abel Matutes Juan, el de Justicia Margarita Mariscal de Gante y Mirón, el de Defensa Eduardo Serra Rexach, Interior recayó bajo Jaime Mayor Oreja, Fomento fue para Rafael Arias-Salgado, Educación y Cultura para Esperanza Aguirre, posterior presidenta de la Comunidad de Madrid, Josep Piqué i Camps dirigió la cartera de Industria y Energía, Loyola de Palacio Agricultura Pesca y Alimentación, José Manuel Romay Beccaría Sanidad y Consumo e Isabel Tocino el Ministerio de Medio Ambiente. En su segunda legislatura, Aznar también contó con ministros que posteriormente serían imputados, e incluso condenados, por casos de corrupción.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se encuentra ahora mismo investigado por una presunta trama que promovía cambios legislativos favorables a empresas gasísticas que eran clientes de la asesoría fundada por el propio exministro, Equipo Económico. También Eduardo Zaplana, que lideró Trabajo y Administraciones Públicas desde 2002, fue detenido e imputado en el marco de la 'Operación Erial' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho. Por otro lado, Jaume Matas, titular de Medio Ambiente entre 2000 y 2003 y también expresident balear, ha acumulado diversas condenas de prisión por una trama de sobrecostes en la construcción de un velódromo conocido como el caso 'Palma Arena', que derivó en la investigación del 'caso Nóos', por el que se condenó a prisión Iñaki Urdangarin en 2008.

Otros ministros salpicados por casos de corrupción han sido Ángel Acebes (Justicia e Interior), investigado por la salida a bolsa de Bankia y por la supuesta compra de acciones con la "caja B" del partido; Federico Trillo (Defensa), salpicado por el caso de los sobresueldos y el accidente del Yak-42 en 2003 en el que fallecieron 62 militares, o Miguel Arias Cañete (Agricultura), que apareció en investigaciones relacionadas con el 'caso Acuamed', una presunta trama de fraude y corrupción de la empresa pública de aguas (Agua de las Cuencas Mediterráneas) y los sobresueldos en el partido.

Las Sombras II: La guerra de Irak

Pero a pesar de los innúmeros casos de corrupción que afloraron de las entrañas de este periodo gubernamental, la mayor mancha de aquella época llegó con la guerra de Irak

El proceso que desembocó en este conflicto bélico se gestó durante años. Washington comenzó a construir la justificación de la intervención desde 2001, mucho antes de la comparecencia del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, ante la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2003. En aquella sesión defendió la existencia de armas de destrucción masiva en Irakuna afirmación que posteriormente nunca pudo ser probada. En los meses previos al inicio de la guerra, Aznar compareció en varias ocasiones ante el Congreso, en concreto, hasta cuatro veces durante los dos meses anteriores al comienzo de la ofensiva militar, que arrancó el 19 de marzo de 2003.

El 4 de marzo de ese año acudió a la Cámara para recabar apoyo a la controvertida resolución 1441 impulsada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquella iniciativa obtuvo 183 votos favorables frente a 164 en contra. En esa sesión, el propio Aznar no defendió la propuesta desde la tribuna, tarea que asumieron el entonces diputado Gustavo de Arístegui y el ministro y futuro candidato electoral Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno reservó su explicación política para el pleno celebrado el 18 de marzo, en la víspera del inicio de los ataques. Fue en aquellos días, precisamente, cuando afloró la fotografía del Trío de las Azores: George Bush (Estados Unidos), Tony Blair (Reino Unido) y José María Aznar participaron en la Cumbre de las Azores, en la que se estableció la decisión de emitir un ultimátum de guerra a Saddam Hussein. Con ello, España se adscribía oficialmente a los intereses del imperio estadounidense, aportaba tropas a la causa y toda acción militar que éste pudiera llevar a cabo podía tener respuesta y repercusión directa en nuestro suelo. Y así fue.

Las posiciones internacionales de España bajo el mandato de Aznar pasaron factura. El 12 de marzo de 2003, la Guardia Civil emitía una nota que rezaba: "Es probable que, en parte o en todo el territorio nacional, no puede descartarse la comisión de actos ilícitos de diversa índole, incluso de carácter terrorista". [...] "El apoyo prestado a los Estados Unidos en su guerra contra Irak implica determinados riesgos. La imagen de nuestro país pasa de ser la de una entidad individual a la de un 'opresor occidental', a los ojos de determinadas naciones y grupos extremistas". El 18 de octubre de 2003, Osama Bin Laden amenaza de manera directa a España tras el apoyo explícito y visible, por parte del Gobierno, a las guerras de Irak y Afganistán y por la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la coalición que ocupó Irak tras la invasión, precisamente negociada en la Cumbre de las Azores.

Un año más tarde de aquella nota, el 11 de marzo de 2004, una célula yihadista conectada con la matriz de Al-Qaeda en Pakistán atentaba en la estación de Atocha, dejando 193 muertos y 2057 heridos. Tal fue la gravedad del asunto que las comparecencias parlamentarias de Aznar, entonces muy frecuentes para intentar justificar la operación y el seguidismo ciego a Washington, cedieron de repente y no volvió a comparecer hasta diez meses después del inicio de la guerra.

El 'no a la guerra' fue, entonces, uno de los recursos más utilizados por José Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña electoral de las elecciones de aquel año, y está siendo reutilizado ahora por Pedro Sánchez en el marco de una escalada en las tensiones internacionales, precisamente a las puertas del año electoral. El tablero geopolítico actual es diferente al de entonces, pero siguen existiendo rasgos comunes, como las ansias imperialistas de Washington. La posición de España ante ello es ahora, no obstante, diametralmente opuesta a la de 1996.

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