Durante décadas, las cajas de ahorros fueron uno de los mayores inversores privados en bienestar colectivo de España. Dado que jurídicamente no eran bancos tradicionales sino fundaciones privadas de interés público, no tenían accionistas entre los que repartir dividendos. Pero sí estaban obligadas a revertir una parte de sus beneficios en la sociedad. En concreto, la normativa exigía destinar entre un 25 y un 50 % de sus ganancias a fines sociales o benéficos. Esa dimensión social es lo que se conoció como la obra social.
Cuatro áreas de participación
Según los datos contenidos en las memorias anuales de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (2004-2024), las inversiones en obra social de las cajas de ahorro se distribuían en cuatro áreas:
Cultura y ocio.
Asistencia social y sanitaria.
Educación e investigación.
Conservación del patrimonio histórico y natural.
Hasta justo antes del inicio de la Gran Recesión (2008-2014) España atravesaba una fase de fuerte crecimiento económico, impulsado sobre todo por el ladrillo (construcción y transacciones inmobiliarias). En ese momento, el producto interior bruto crecía a una tasa media cercana al 3,5 % anual, según estimaciones del Banco de España. El crédito fluía con facilidad, el mercado inmobiliario estaba en auge y, por consiguiente, las cajas también obtenían beneficios elevados. Esta situación también se trasladó a su obra social.
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De hecho, ese mismo año 2008 se alcanzó un máximo histórico: 2 058 millones de euros invertidos en acción social. Esa cifra superaba el presupuesto anual destinado a fines culturales de muchas comunidades autónomas. Se destinaron a asistencia social y sanitaria 781 millones, a cultura y tiempo libre 729 millones, a educación e investigación 326 y a patrimonio histórico y natural 221.
No eran partidas simbólicas: en algunos ámbitos, especialmente en cultura, la inversión de la obra social de las cajas llegó a igualar, o incluso superar, el esfuerzo de las administraciones públicas. Así, las cajas se consolidaron como uno de los principales financiadores de estas actividades, con una inversión comparable a la de la Administración General del Estado. En esos mismos años también tuvieron una participación considerable en la financiación de proyectos medioambientales.
Cambio de prioridades
No obstante, con el paso del tiempo las inversiones fueron cambiando. Si a comienzos de los 2000 casi la mitad de la obra social se destinaba a cultura, tras el estallido de la crisis financiera, la prioridad cambió. En 2010, la asistencia social y sanitaria concentraba ya el 45,6 % del total, mientras que las partidas destinadas a cultura habían descendido a algo más del 30 %.
La explicación es clara: el aumento del desempleo, que llegó a superar el 20 %, y el incremento de las necesidades sociales obligaron a reorientar los recursos hacia los colectivos más vulnerables, como personas dependientes o familias sin ingresos. Las cajas actuaron como un amortiguador social en un momento económico y social especialmente delicado.
Pero la crisis financiera también marcó un punto de inflexión. Entre 2008 y 2010 la inversión en obra social cayó casi un 29 %, pasando de 2 058 a 1 462 millones de euros. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las cajas sufrieron la falta de crédito. Las nuevas exigencias regulatorias impuestas por las autoridades monetarias las obligaron a destinar una parte de sus beneficios a reforzar su solvencia, reduciendo el margen disponible para obra social.
Adiós a las cajas
La crisis de 2008 mostró las debilidades del modelo de cajas de ahorro: la gobernanza estaba sometida a influencias políticas, la exposición al ciclo inmobiliario fue excesiva y la financiación de la obra social dependía directamente de la obtención de beneficios bancarios. Así, cuando el negocio se deterioró también lo hizo la capacidad de inversión social de esas entidades.
Todo este proceso culminó en una profunda reestructuración del sistema financiero español. Tras la aprobación del Real Decreto Ley 11/2010 y la Ley 26/2013, la mayoría de las cajas se transformaron en bancos o en fundaciones bancarias. España pasó de tener 45 cajas en 2009 a solo dos con su forma jurídica original en 2024: Caixa Ontinyent y Caixa Pollença. El negocio financiero de las antiguas cajas quedó en manos de los nuevos bancos comerciales (Caixabank, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Abanca), mientras que la obra social se canalizó a través de sus fundaciones.
Puede pensarse que la desaparición del modelo tradicional de cajas de ahorro diluyó la inversión social. Sin embargo, los datos muestran que, entre 2014 y 2024, las fundaciones heredadas del antiguo sistema han mantenido un elevado nivel de inversión, acumulando más de 8 700 millones de euros.
De hecho, finalizada la crisis financiera, la inversión anual de las cajas en su obra social ha ido subiendo: 709,9 millones de euros en 2014, 845,6 millones en 2019 y 906,1 en 2024, el nivel más alto de la última década.
Banca y bienestar colectivo
Durante décadas, las cajas reinvirtieron sus beneficios en los territorios en los que operaban. Esta inversión formaba parte de su modelo institucional y no era incompatible con la solvencia, contribuyendo además a reforzar su reputación y su arraigo local.
Ahora, las fundaciones bancarias operan bajo el paraguas de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La gran diferencia es que la obra social ya no forma parte estructural del modelo bancario, sino que depende de la obtención de dividendos y de las decisiones estratégicas de las entidades.
Entender este proceso resulta clave para el debate actual sobre la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa y la cohesión social. Porque, más allá de balances y ratios de capital, la pregunta es: ¿qué papel debe jugar la banca en el bienestar colectivo?
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