“Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue”. HERÁCLITO
domingo, 26 de abril de 2026
¿SE IRÁN DE ROSITAS LOS RESPONSABLES DE LA CORRUPCIÓN DE GURTEL Y KITCHEN?
Publicado por Rafael Simancas | Abr 24, 2026 | Punto de Vista | 0 Las imágenes de Mariano Rajoy, Dolores Cospedal, Jorge Fernández Díaz y demás dirigentes del PP declarando episodios generalizados de amnesia, incluso haciendo chanzas, durante el desarrollo del juicio por el caso Kitchen, ha causado perplejidad e indignación a partes iguales en
buena parte de la sociedad española.
Perplejidad e indignación que se han acrecentado tras comprobar cómo Feijóo, Tellado, Ayuso y demás inquisidores implacables de la corrupción ajena, real o inventada, intentan ahora soslayar la responsabilidad propia, procurando incluso restar importancia a este escándalo mayúsculo de la corrupción derechista.
Rajoy ha bromeado sobre sus múltiples apelativos en boca de la trama. “Pregúnteles a ellos”, respondía al interrogatorio de los letrados. Cospedal precisaba que solo hacía “preguntas” a Villarejo, nunca “encargos”, que no entendemos nada.
Jorge Fernández Díaz, el ministro de la policía patriótica, sigue dando lecciones de ética en el periódico de cabecera del PP. Ninguno de ellos ha pisado un solo día la cárcel. Rajoy y Cospedal ni tan siquiera están imputados. La protección ha llegado hasta la evitación de las preguntas incómodas en el banquillo de los testigos…
Resulta desolador para cualquier que haya seguido la instrucción y la vista judicial de este proceso con la esperanza de que se hiciera justicia y los culpables tuvieran que hacer frente a sus responsabilidades.
El caso Gurtel consistió en una red mafiosa que penetró en las administraciones de media España, especialmente en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, retribuyendo contrataciones fraudulentas con financiación criminal de las campañas electorales del PP, y con sobornos y dádivas para sus cargos institucionales y dirigentes orgánicos. De los sobres recibidos por ministros al jaguar de Ana Mato, pasando por las mordidas de consejeros autonómicos y de los alcaldes de Boadilla, Pozuelo, Arganda, Majadahonda…
El caso Kitchen supuso la utilización del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y de los fondos reservados para amparar a los delincuentes, en lugar de para perseguirlos. Los episodios de seguimientos al tesorero del PP y de su mujer, los sobornos al chófer de ambos para que les espiara, el falso sacerdote secuestrador y otros parecidos resultan más propios de una película de Torrente que de la gestión de la seguridad pública en un país serio.
¿Se irán de rositas aquellos que debieran responder de sus actos delictivos con la cárcel? ¿Se irán de rositas aquellos que debieran asumir las responsabilidades políticas que exigen cada día por mucho menos a los demás? Ojalá no sea así, pero la cosa no apunta bien, a juzgar por lo visto y oido en estos días.
Ciertamente, los casos de corrupción no son exclusivos del PP. También los hay y muy graves en VOX, con el mérito de protagonizarlos en la oposición, sin tan siquiera haber tocado poder apenas.
Y los ha habido en el PSOE, sí, pero con un tratamiento en lo político y en lo judicial bien diferente. La inmediatez y contundencia de la respuesta política del Gobierno y del PSOE ante los primeros indicios no tiene comparación posible con el disimulo, cuando no el amparo y el respaldo directo al corrupto por parte del PP.
Si se compara la diligencia con que la Justicia actuó contra el Fiscal General del Estado por desbaratar un bulo, con la tardanza en procesar al exministro Fernández Díaz por encabezar, presuntamente aún, el escándalo Kitchen, las conclusiones son inquietantes.
Tampoco tranquiliza la comparación entre el tratamiento dispensado al Rajoy de las chanzas, a pesar de haber liderado al PP de Gurtel y de Kitchen, con el trato recibido por Begoña Gómez, clara víctima de falsas acusaciones, tan delirantes en lo jurídico como políticamente interesadas.
Ojalá no se confirmen las peores expectativas, por el buen crédito de nuestra justicia y de nuestra democracia.
Miles de jóvenes del Movimiento Socialista preparan un 1 de mayo revolucionario: "Por un programa comunista sin tutelas reformistas"
Cinco marchas llenarán Madrid, Pamplona, Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona de banderas rojas
Miles de jóvenes del Movimiento Socialista preparan un 1 de mayo revolucionario. Imagen de la CJS.
La demonización de los jóvenes es una tónica habitual que ha sobrevivido a lo largo de la historia. Depositar sobre los hombros de una juventud obligada a asumir que vivirá peor que sus padres el avance de la ultraderecha es más cómodo que analizar las causas que han aupado a la reacción. Una explicación sencilla para la izquierda sistémica, en el Parlamento, los medios de comunicación y gran parte de la sociedad civil, pero no por ello cierta. El Movimiento Socialista, aprovechando el 1 de mayo, está dispuesto a tumbar este relato tomando las calles de cinco ciudades (Madrid, Pamplona, Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona).
“Existe una alternativa al sistema liberal, un programa comunista que de verdad sitúe a los trabajadores como prioridad”, traslada Paula Villas, portavoz de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), a ElPlural.com. Desde un pequeño piso del barrio obrero de Carabanchel (Marid), parte de un bloque en lucha que ha conseguido arrancarle alquileres sociales a la Sareb, responde a las preguntas de este medio y explica cómo el colapso político y económico del liberalismo y el fracaso de las izquierdas capitalistas ante los problemas de la clase trabajadora han aupado a la extrema derecha, pero también han agrupado a miles de jóvenes en torno al Movimiento Socialista.
El orden político liberal se está viniendo abajo
El 1 de mayo "debe ser un día de lucha", no simplemente una “fecha folclórica” para la clase trabajadora, o eso piensa Gonzalo Gallardo, otro militante presente en la conversación. “Es un día en el que creemos que, con el contexto actual, el imperialismo y las guerras que estamos viviendo tienen que ser señaladas como el principal mal de los trabajadores”, ahonda el también portavoz, antes de pasar a desgranar el porqué de su afirmación. Por un lado, la implicación política en las democracias liberales y su estructura, tendente al “autoritarismo, control y disciplina social” en estas coyunturas.
“Cuanto mayor guerra e imperialismo hay fuera, mayor autoritarismo y fascismo hay dentro”, sintetiza. Por el otro, aparece el plano económico. La clase trabajadora contempla como el incremento de los precios energéticos se suman al incesante encarecimiento de la vivienda y a los bajos sueldos, empeorando sus condiciones materiales. En el horizonte, el recorte salarial y la desinversión en servicios públicos, consecuencias habituales de etapas de austeridad postcrisis, amenazan con empeorar aún más la situación. “Las dos dimensiones, política y económica, están directamente vinculadas con las guerras”, certifica Gonzalo.
La superación del sistema capitalista es la única alternativa para los trabajadores
“El eje genocida (Estados Unidos e Israel), la Unión Europea, permeada por el sionismo, y la OTAN, están detrás de esta forma de sobrevivir del capitalismo”, apostilla Paula. “Sobrevivir”, coinciden los dos, porque el “orden político liberal se está viniendo abajo”. El orden internacional basado en reglas se ha demostrado impotente y el Estado del Bienestar no se sustenta, por lo que se requiere autoritarismo para mantener el control. Un caldo de cultivo perfecto para el avance de la falsa radicalidad de la extrema derecha, as en la manga del sistema para garantizar el mantenimiento del orden y poder reponerse.
Si bien la captación ultraderechista del evidente descontento social generado por la agonía del capitalismo no puede entenderse sin el fracaso previo de los proyectos de izquierdas que la década pasada emergieron para transformar, que no cambiar, el sistema. Formaciones populistas de nuevo cuñó y envejecidos partidos que en otra época llegaron a considerarse revolucionarios han chocado de bruces con la realidad y, maniatados, se han visto incapaces de desplegar el programa socialdemócrata por el mero hecho de que la redistribución real no cabe en el juego.
La izquierda capitalista y su responsabilidad
“No hay dinero para su programa redistributivo”, explica Paula este fracaso de la izquierda sistémica. “Todo empieza por una crisis, que significa que hay menos para repartir; decae el Estado del Bienestar, lo que derivará en protestas; y en ese momento aparece la necesidad de estabilizar le Estado, a través del autoritarismo interno, y buscar dinero fuera, con el imperialismo”, detalla lo visto tantas veces a lo largo de la historia. Este “cierre del ciclo político progresista”, añade Gonzalo, con el descontento que ha generado su fracaso ante los retos estructurales, “aúpa a la extrema derecha”.
A nivel español, continúa Gonzalo, “no se puede explica el auge de la extrema derecha en España sin el fracaso de la experiencia del populismo de izquierdas, su integración en el Gobierno progresista y los límites que han encontrado”. La ley mordaza sigue vigente, el problema de la vivienda cada vez es más grave y se ha sostenido una tendencia belicista y militarista, aumentando los presupuestos para estas partidas, posiciones que no se les escapan a estos militantes ni a los miles de jóvenes a los que dan voz.
Es la oportunidad de recomponer una alternativa comunista y revolucionaria
“La gente no confía en la izquierda reformista, lo que genera hastío. Pero no hay solo dos opciones, o trumpismo internacional y el eje genocida, o la nueva forma de progresista llamada sanchismo, que ha convertido a los partidos a su izquierda en satélites; las dos capitalistas, con sus matices y diferencias”, traslada Gonzalo. “Están dadas las condiciones y hay un espacio de oportunidad para recomponer una alternativa comunista y revolucionaria”, defiende. El horizonte es claro y Paula lo dibuja en pocas palabras: “la superación del sistema capitalista es la única alternativa para los trabajadores”.
La alternativa revolucionaria
La recomposición de un movimiento antiimperialismo y antimilitarista a escala internacional que vuelva a poner a la clase trabajadora en el centro del proyecto político y que sea capaz de bloquear esta tendencia hacia el rearme y el autoritarismo es el objetivo claro del Movimiento Socialista. “Hay que dar una respuesta de clase que sirva para recomponer este polo comunista”, analiza Gonzalo, que presenta como fin último y deseable un “sistema de Estados socialistas a nivel europeo”.
Se está perdiendo el miedo a defender una alternativa revolucionaria
Una reconstrucción de un proyecto que, para para Paula, requiere de “valentía para volver a poner un programa comunista sobre la mesa”. “Traer de vuelta el marxismo clásico y actualizarlo a la situación actual, con una cultura militante y dándole importancia a la construcción organizativa”, desgrana. Una emancipación alejada de las “tutelas reformistas” que, aseguran ambos, cada vez está sumando más adeptos. “Se está perdiendo el miedo a defender una alternativa revolucionaria al capitalismo”, asegura Paula, orgullosa.
“Han querido plantear que no había alternativa, que todo era desencanto, hechos aislados, nihilismo, individualismo. Pero no, existe la posibilidad con trabajo diario y militancia de recomponer el espacio”, apostilla Gonzalo. El trabajo es diario y el orgullo crece con la militancia. “Desempolvar y alzar la bandera roja que tantos años llevaba enterrada”, se escucha a otro de los presentes, que escucha con atención a sus portavoces y que representa el sentir de los miles de militantes que, el próximo 1 de mayo, defenderán este proyecto revolucionario en las calles.
Máxima presión en la calle y en el Congreso para salvar la prórroga de los alquileres: movilización social, campaña política y foco sobre PP y Junts antes del 28 de abril
La convalidación del real decreto de prórroga de los alquileres el próximo 28 de abril en el Congreso de los Diputados se juega tanto en los votos como en la presión social, con movilizaciones de inquilinos, declaraciones políticas y encuestas que sitúan al Partido Popular y, en menor medida, a Junts en el foco
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Sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova | Jesús Hellín - Europa Press
A pocos días de que el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, -en el que, entre otras cosas, se recoge la prórroga de alquileres de la que podrían beneficiarse más de 2 millones de personas con contratos próximos a vencer- se someta a su convalidación en el Congreso, con amplias posibilidades de decaer a tenor de lo que hasta el momento han declarado los distintos grupos parlamentarios, hay activado un mecanismo para tratar de dar la vuelta a la tortilla con una fórmula que combina movilización social, presión demoscópica a favor de la medida y actividad política.
El objetivo, que el próximo martes se vote bajo una presión visible que haga de la convalidación de la medida una causa no solo parlamentaria sino también social.
Presión social: correos y concentración ante la sede del PP
Los sindicatos de inquilinos y otros colectivos sociales están remando por su parte a favor de que el decreto-ley no decaiga y han decidido echar el resto de aquí al martes. Después de haber facilitado la presentación de peticiones de prórroga por parte de los inquilinos cuyos contratos finalizan en 2026 y 2027, a través de una basta campaña de información, ahora se centran en los diputados que deberán pronunciarse en el Congreso.
Así, este jueves lanzaban una iniciativa por la que invitaban -y posibilitaban- a que cualquier ciudadano envíe directamente una carta a cada uno de los 144 diputados de PP y Junts explicándoles porqué deberían convalidar la prórroga de alquileres, logrando que en menos de 24 horas más de 50.000 misivas se les hubieran remitido.
Al mismo tiempo, para este domingo hay convocada una concentración ante la sede nacional de los 'populares', en la calle Génova de Madrid, como acción de presión en calle.
Al mismo tiempo, la gran baza política de la izquierda en defensa de la prórroga es alardear de respaldo social y, en este sentido, una encuesta encargada por la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, a Atenea del Dato, dada a conocer al inicio de esta semana, ha hecho su parte arrojando el siguiente dato: el 74% de los españoles respalda la prórroga de los alquileres. Dentro de ese porcentaje, y según la misma encuesta, también habría votantes del PP, un 65% de los cuales querrían que se convalidara el decreto-ley.
El sondeo también indica que uno de cada tres votantes 'populares' reconsideraría su apoyo al partido de Feijóo en caso de que éste votara en contra de la prórroga de alquileres, advirtiendo así a Génova de un posible alto coste electoral de mantener su actual posición.
La estrategia tanto del Gobierno como de Sumar busca vincular el posible voto contrario al decreto-ley el próximo martes a una defensa de los intereses de grandes propietarios y al bloqueo de medidas que beneficiarán a más de dos millones de inquilinos, haciendo ver que su postura tendría consecuencias sociales inmediatas materializadas en subidas de alquiler al finalizar los contratos de alquiler y una pérdida de protección para inquilinos.
Otro estudio, publicado desde el ministerio de Consumo el pasado jueves, venía a calentar más el ambiente desde la demoscopia utilizada como herramienta. En esta ocasión el informe indica que el 61% de las viviendas ofertadas en el mercado del alquiler pertenece a particulares con dos o más pisos arrendados, a personas jurídicas y a administraciones públicas, mientras que el resto sigue en manos de pequeños propietarios con una sola vivienda alquilada.
La votación del 28 de abril no se está jugando solo en el hemiciclo sino que se está librando en la calle, en las encuestas y en la opinión pública. En ese escenario, el Partido Popular se ha convertido en el voto decisivo bajo máxima presión cruzada.
EL REAL DECRETO-LEY 8/2026, EN EL ALAMBRE
En el examen en el Congreso al que se someterá el martes 28 de abril el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en materia de alquiler, está más próximo a que éste decaiga a que se convalide
El decreto-ley decaerá si el segundo bloque votara unido. Junts y PP se han pronunciado en contra de su convalidación, por lo que el escenario más probable es que sea tumbado.
La fuerza asociativa que empujó la regularización se reorganiza para convertirla ahora en acceso a derechos
Asociaciones como RegularizaciónYa, que llevan años luchando por que el decreto viera la luz, explican qué medidas adoptarán para ayudar a los solicitantes
Elreal decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que se aprobó el pasado martes en elConsejo de Ministros, es una iniciativa por la que se viene luchando desde haceaños. Para ser más precisos, desde abril de 2020, cuando distintas organizaciones coordinadas por el movimiento estatalRegularización.Yaenviaron una carta al Gobierno con la demanda de una regularización urgente.
Este decreto pondrá fin a la situación irregular de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya residían en España. Una medida social que comenzó como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por movimientos de base y colectivos de migrantes con el apoyo de ONG, plataformas de investigación, organizaciones internacionales e instituciones como la Iglesia.
El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el pasado jueves 16 de abril y se cerrará el próximo 31 de junio. Tragsa y Correos serán las empresas a cargo de la gestión y ayuda técnica para la presentación de solicitudes, mientras que un equipo reforzado de más de 350 funcionarios de la Oficina de Extranjería tendrán que validar los expedientes. Pero, ¿de qué manera prestarán apoyo las distintas organizaciones que han acompañado a los solicitantes durante el proceso?
Red de apoyo para los solicitantes
Edith Espínola, portavoz del movimiento RegularizaciónYa, explica a infoLibre que “las entidades como responsables y colaboradoras de extranjería van a determinar cómo va a ser su proceso de colaboración”, pero que desde Sedoac están terminando de crear el “manual de ayuda para la solicitud”.
Ese protocolo tendrá distintas etapas y, en un primer momento, se llevará a cabo un “taller de extranjería” para que a las personas solicitantes “no les falte ningún tipo de información”. Una vez realizado el taller y explicadas todas las casuísticas, habilitarán un teléfono para que las personas pidan cita previa y puedan registrarse. Voluntarias y personal de Sedoac autorizado “se encargarán de verificar todas las carpetas de cada persona para asegurarse de que todos los documentos estén presentes y cumplan con los criterios necesarios”, comenta la portavoz.
“Será una tarea compleja”, asegura Espínola, ya que entre las distintas verificaciones deberán tener en cuenta las diferentes casuísticas individuales de cada persona: “lo que incluye verificar si la persona está empadronada, quién firma, con quién vive, y otras causales”.
Finalmente y después de la revisión detallada de cada documento, se presentarán los expedientes al ministerio a través del enlace web específico que les habrán proporcionado. Sedoac está terminando de realizar este “manual de protocolo” que se llevará a cabo tanto en Madrid como en Valencia, pero reconoce que aún faltan flecos por parte del Ministerio de Inclusión que todavía no ha habilitado el modelo de informe de vulnerabilidad.
De ILP a decreto-ley: seis años de trámites para la regulación
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de personas extranjeras se remonta a julio de 2021 cuando, tras el anterior rechazo del Congreso a una Proposición No de Ley (PNL) contra la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería, se decide poner en marcha la ILP de RegularizaciónYa.
En enero del siguiente año, distintas organizaciones y voluntarios deciden coordinarse para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas en una treintena de ciudades de España. Paralelamente a esto, obtuvieron 83 menciones de apoyo en Plenos de ayuntamientos, diputaciones y una PNL en el Parlamento Vasco.
El 21 de diciembre de 2022 consiguen entregar 700.000 firmas recogidas en la Oficina de la Junta del Censo Electoral. Pese a ello y debido al adelanto de las elecciones, el trámite parlamentario de la ILP quedó detenido durante meses. Después de varias comparecencias de distintos portavoces de las organizaciones ante la Comisión de Empleo del Congreso, el 9 de abril fue aprobada la toma en consideración de la regularización de la ILP en la Cámara Baja con 310 votos a favor. Solo se opuso Vox con sus 33 votos.
El pasado martes, tras seis años de lucha administrativa, el Gobierno aprobó el decreto, aunque para Espínola“es una victoria agridulce”. “No entraron todas las medidas que queríamos. Han dejado a los apátridas fuera, no se ha tenido en cuenta que la cuestión de los antecedentes penales tiene muchísimas limitaciones para ciertos países”, comenta. Pero se queda con lo bueno: “Va a haber un grupo que va a poder acceder y vamos a luchar para apoyar a todos los que podamos”, cuenta a infoLibre.
Los saharauis: excluidos de la regularización
El pueblo saharaui conforma más del 90% de las solicitudes de apatridia en España. Estas solicitudes han quedado excluidas del decreto-ley y Compromís ya ha exigido al Gobierno una solución. “Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso la diputada Águeda Micó.
El Gobierno aún no ha dado ninguna explicación al respecto, incluso desde la organización de Espínola no se explican quién o por qué se ha decidido dejar fuera a este colectivo tan invisibilizado. Para RegularizaciónYA esta exclusión ha sido “especialmente dolorosa”. Han luchado “durísimo” por ello, pero no han conseguido que se aprobase. Aunque lo más duro, reconoce la portavoz, es “no tener explicaciones”.
Consideran que es contradictorio que, por un lado, “se luche por reconocer a un pueblo como el palestino”, y por otro, “a personas saharauis que han sido españolas durante 50 años, ahora ya no puedan serlo”. Además, no creen que el Gobierno vaya a rectificar esta situación a corto plazo, pero están “dispuestas a apoyar a las compañeras que tienen esta lucha”.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la Cadena Ser se refirió a esta anomalía: “Es muy importante establecer que las personas apátridas no están en situación irregular. Este procedimiento es un procedimiento específico para personas en situación de irregularidad [...] tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar la situación de las personas apátridas porque están protegidas por el estatuto de apátrida”.
Del apoyo de la Iglesia a la “hipocresía” del PP
La Iglesia católica ha sido uno de los grandes apoyos para la consecución de esta medida social. De hecho, el obispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, celebró “el acuerdo de Estado” y llegó a pedir a los políticos que dejen de utilizar la inmigración como elemento de choque.
Según Diego Fernández-Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas España, “Cáritas lleva brindando apoyo al proceso desde el principio junto con muchas otras entidades”. Sobre todo, la ONG ha llevado a cabo el papel de mediador entre las distintas formaciones políticas: “nuestra prioridad era lograr un acuerdo unánime o casi unánime entre todas las formaciones políticas porque consideramos que es una medida que beneficia al conjunto de la sociedad civil”.
Sin embargo, el PP, que dio su visto bueno a la tramitación de la ILP por el Congreso en 2024, ahora, tras la entrada en vigor del decreto, su líder nacional Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “disparate” la decisión de regularizar “a granel” a personas que han delinquido y “cuentan con antecedentes policiales”. Fernández-Maldonado cuenta a infoLibre que la ONG ha tenido “numerosas reuniones” con los populares en las que les informaron de las “bondades” de este decreto.
En las comunidades en las que gobierna el PP, esta regulación puede verse afectada. Los populares ya han presentado hasta nueve alegaciones a la normativa que entró en vigor el pasado 16 de abril y recurrirán en ocho comunidadeseste real decreto que planean llevarlo al Constitucional e incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fernández-Maldonado subraya que desde Cáritas están “tranquilos” porque el decreto es “conforme al derecho”, pero reconoce que “el PP está en su pleno derecho a judicializarlo”.
