Comisiones Obreras ha manifestado su compromiso decidido para contribuir activamente en las movilizaciones sociales que se irán desarrollando y extendiendo en los próximos meses dentro del territorio español. Para iniciar esta serie de acciones, el sindicato ha anunciado que participará en la manifestación convocada para el próximo 24 de mayo en la ciudad de Madrid, un evento que pretende visibilizar la problemática social relacionada con la vivienda y su acceso justo.
Esta postura fue comunicada públicamente por Unai Sordo, quien ejerce como secretario general del sindicato, durante su intervención ante el Congreso de los Diputados el pasado 28 de abril, fecha en la que se llevó a cabo la votación respecto a la aprobación del decreto de prórroga de alquileres, un tema crucial para la agenda social del país.
En su discurso, Unai Sordo hizo especial énfasis en que la vivienda representa actualmente el gran problema social que enfrenta España, considerado además como una posible fuente de profunda fractura social en los tiempos venideros.
No sólo se trata de una cuestión social de gran magnitud, sino que supone también un desafío económico de primer nivel, dado que repercute directamente en la estabilidad financiera de millones de personas. Destacó que una cantidad significativa de ciudadanos se encuentra extremadamente preocupada y afectada por los elevados precios tanto de los alquileres como de las hipotecas, un fenómeno que agrava las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible en el país.
En ese contexto, Comisiones Obreras organizó una concentración frente al Congreso de los Diputados con el objetivo claro y contundente de exigir a los grupos políticos representados en dicha Cámara que procedan a convalidar el decreto que prorroga los plazos de los contratos de alquiler. El sindicato advirtió que sería una irresponsabilidad grave desde el punto de vista político y social que, ante un contexto marcado por un incremento constante y significativo de los precios, la mayoría de los congresistas decidiera no apoyar este decreto.
Este decreto tiene como finalidad proteger a las personas que en los meses próximos renovarán sus contratos de alquiler para que no sufran subidas desproporcionadas o brutales en sus cuotas, medidas que resultan necesarias e ineludibles para afrontar de manera efectiva y seria el problema estructural de la vivienda en España.
Además, el sindicato subraya que ninguna persona debería verse obligada a destinar un porcentaje superior al 30% de sus ingresos económicos para poder acceder a una vivienda digna, ya sea en modalidad de alquiler o en propiedad. Por ello, Unai Sordo argumentó que es imprescindible diseñar un paquete de medidas mucho más amplio y ambicioso que las propuestas que actualmente se encuentran sobre la mesa política. Aunque reconoció que este real decreto resulta absolutamente necesario dada la situación de emergencia, enfatizó que es insuficiente por sí solo para resolver la compleja problemática que afecta al sector.
Nunca ha habido una necesidad tan clara como la de disponer de al menos dos millones de viviendas a precios asequibles en los próximos diez años, afirmó el secretario general, insistiendo en que es fundamental establecer límites en los precios de los alquileres en aquellas zonas consideradas como tensas o con alta demanda. También es prioritario poner en alquiler o a la venta viviendas vacías para que estén disponibles a precios razonables.
Esto se podrá lograr mediante medidas de carácter fiscal que penalicen el uso de la vivienda con fines especulativos, así como aquellas que se mantengan vacías mientras son necesarias para el alojamiento de personas que no disponen de un lugar donde residir.
Entre las acciones que el sindicato considera esenciales, se encuentra también la de frenar la utilización especulativa que se hace de ciertas viviendas, limitando que estas se usen únicamente como activos financieros o para fines lucrativos. Asimismo, establecen como objetivo destinar aproximadamente un 1% del gasto público del PIB a desarrollar durante los próximos años una política seria y eficaz en materia de vivienda, que permita que la ciudadanía española en su conjunto no tenga que destinar un porcentaje superior al 30% de sus ingresos a cubrir el coste de su vivienda.
A pesar de que esta demanda social se presenta como urgente, Sordo advirtió que dentro del propio Congreso de los Diputados existe una parte, vinculada fundamentalmente a fuerzas políticas de centro derecha y extrema derecha, que permanece insensible o ajena a esta problemática, razón por la cual la presión necesaria para avanzar en estas medidas deberá ejercerse desde la calle, mediante la movilización ciudadana y la acción social directa.
Por último, Unai Sordo lanzó una advertencia clara y contundente: en caso de que se confirme que el real decreto ley no sea convalidado y aprobado, a pesar de ser una medida mínima pero de gran relevancia para cientos de miles de ciudadanos, se pondrá de manifiesto que las mayorías parlamentarias de centro derecha y extrema derecha muestran una absoluta falta de sensibilidad social en lo que respecta a los problemas relacionados con la vivienda. Este hecho reflejará una desconexión grave con las necesidades básicas de la población en uno de los ámbitos más críticos y fundamentales para la subsistencia y dignidad de cualquier persona.
El decreto ha sido rechazado por los votos en contra de PP, Vox y Junts, junto con la abstención del PNV.
