MANUEL cORDERO que apostó por el voto femenino
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ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Otra vez, en manos de Vox. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, incrementando su presencia en el parlamento en dos procuradores (33). El PSOE también ha crecido, pasando de 28 a 30 escaños, lo que rompe la funesta racha de los socialistas, que coleccionaron batacazos en Extremadura y Aragón. Vox se desinfla y únicamente suma un diputado más de los que tenía, quedándose en 14, aunque sigue siendo llave de gobierno, pues los populares dependen de los de Abascal. Consulte todos los detalles y las claves en Demócrata.
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Juan Cejudo, el cura obrero de Cádiz que defiende otro cristianismo
Juan Cejudo, el cura obrero de Cádiz que defiende otro cristianismo: "Estamos en la periferia de la Iglesia"
El portavoz de Reflexión-Acción defiende una Iglesia "más evangélica", critica las inmatriculaciones, reclama más protagonismo para la mujer y pide destinar propiedades eclesiales a personas sin hogar
Juan Cejudo, portavoz del colectivo cristiano Reflexión-Acción de la Bahía de Cádiz, se define con una frase que resume su trayectoria dentro de la Iglesia: "Yo me sigo considerando cura". Su situación, sin embargo, se sitúa fuera de los cauces habituales de la institución. "Soy cura obrero y casado", explica, recordando que forma parte del Movimiento por el Celibato Opcional y que su compromiso pasa por impulsar "una renovación profunda en la Iglesia para que sea más evangélica".
Desde hace años, Cejudo se mueve en el ámbito de los llamados cristianos de base, colectivos que, según describe, se sitúan en los márgenes de la estructura eclesial tradicional. "Estamos, como yo digo, en la periferia", afirma. Durante mucho tiempo, asegura, la relación con algunos obispos fue distante. "El obispo anterior no nos reconocía", recuerda, aunque cree que la situación empieza a cambiar poco a poco.
"Va habiendo ya un cierto cambio", sostiene. A su juicio, algunos responsables eclesiales han comenzado a mostrarse más abiertos al diálogo con estos grupos. "Por lo menos hablan más con nosotros, están más dispuestos a hablar", explica. Como ejemplo menciona al cardenal Cobo, con quien han mantenido encuentros que describe como positivos: "Ha estado bien, ha estado receptivo, le ha parecido bien que nos conozcamos".
Aunque oficialmente no puede celebrar misa, Cejudo explica que su actividad religiosa continúa dentro de las comunidades con las que trabaja. "Oficialmente no, pero cuando se encarta hacerlo en mi comunidad de base me la han pedido, lo hago sin problema ninguno", relata. Su vida religiosa se desarrolla principalmente en estos espacios, alejados del funcionamiento habitual de las parroquias. "Yo me muevo en los temas sociales y en los temas cristianos de base, para entendernos, no en lo oficial de las parroquias todos los días".
Desde esa posición, mantiene una mirada crítica hacia algunas prácticas de la institución. "En muchas cosas somos muy críticos porque entendemos que la Iglesia debería dar un testimonio más auténticamente cristiano", afirma. Como ejemplo menciona el debate sobre las propiedades de la Iglesia: "¿Qué sentido tiene que aparezca como la principal inmobiliaria del país?", se pregunta, en referencia a las inmatriculaciones de bienes.
Cejudo forma parte también de Redes Cristianas, una plataforma que agrupa a colectivos de toda España. "Somos 200 colectivos", explica, recordando que la organización cumple ahora dos décadas de existencia. Con motivo de ese aniversario celebrarán una asamblea estatal. "Muchísimos colectivos de todo el país estamos un poco en esta línea", señala, en referencia a su visión crítica y comunitaria del cristianismo.
Otra de las reivindicaciones en las que participa activamente es la del papel de la mujer dentro de la Iglesia. "Entendemos que la mujer tiene que ser igual que el hombre y tener acceso a los mismos ministerios eclesiales", sostiene. Para Cejudo, las actuales diferencias no tienen justificación. "Es que María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección de Jesús", recuerda, al tiempo que señala que en las primeras comunidades cristianas las mujeres tuvieron un papel relevante.
En la trinchera contraria a Zornoza
En los últimos años también ha sido uno de los rostros más visibles de las críticas al anterior obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Según relata, las tensiones comenzaron hace más de una década. "Desde 2013 empezamos a tener problemas con él", explica. A partir de entonces, su colectivo impulsó escritos y cartas dirigidas incluso a Roma. "Hemos escrito hasta cuatro cartas con más de 400 firmas", asegura.
Sobre la situación actual de la diócesis, Cejudo explica que han mantenido ya un primer contacto con el responsable que ejerce funciones de transición. El encuentro, según relata, fue positivo. "Nos escuchó con mucha atención. Estuvo más de una hora con nosotros, sin prisa", añade, un gesto que asegura haber agradecido.
Entre las preocupaciones que mantiene su colectivo destaca la situación de las personas sin hogar en Cádiz. "El tema de los sin techo nos preocupa muchísimo", afirma. Por ello, han pedido en varias ocasiones que la Iglesia destine parte de sus propiedades a este fin. "El seminario, por ejemplo, donde caben 150 personas, está prácticamente vacío", señala, insistiendo en que podría utilizarse para acoger a quienes no tienen vivienda.
En lo personal, Cejudo reconoce que no se siente especialmente identificado con el mundo cofrade, aunque dice respetarlo. "Yo entiendo que la fe hay que vivirla en comunidad", explica. Aun así, valora algunas iniciativas sociales impulsadas por hermandades. "Me consta que algunas ayudan a personas sin techo”", comenta.
Su activismo no se limita al ámbito eclesial. Acaba de publicar un nuevo comunicado en su blog con un mensaje claro. "No a la guerra. Hay que parar esta locura entre todo el mundo".
Radiografía de la violencia de género en Andalucía
Radiografía de la violencia de género en Andalucía: 15.000 madres viven bajo protección policial
El sistema VioGén revela el perfil de las víctimas en Andalucía: mujeres con hijos a cargo, muchas de ellas entre los 30 y los 45 años, que necesitan medidas de seguridad
Manifestación celebrada en Málaga con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer / Archivo EP
La violencia de género continúa dejando una profunda huella en Andalucía. Actualmente, 15.000 madres en la comunidad viven bajo protección policial tras haber denunciado situaciones de violencia por parte de sus parejas o exparejas.
Estas mujeres forman parte de los casos activos registrados en el sistema de seguimiento integral de violencia de género, conocido como VioGén, una herramienta del Ministerio del Interior que coordina a cuerpos policiales e instituciones para evaluar el riesgo y garantizar la seguridad de las víctimas.
Así, los datos muestran que una parte significativa de las mujeres protegidas tiene hijos a su cargo, lo que convierte la violencia machista no solo en un problema que afecta a las víctimas directas, sino también a miles de menores que crecen en entornos marcados por el miedo, la amenaza o la violencia. En muchos de estos casos, los menores también deben ser protegidos por las autoridades ante el riesgo de violencia vicaria o de sufrir agresiones derivadas de la situación de maltrato.
El perfil de las víctimas
El análisis de los datos permite dibujar un perfil predominante entre las mujeres protegidas por violencia de género en Andalucía. La mayoría de las víctimas son mujeres de entre 31 y 45 años, una franja de edad en la que se concentran muchos casos registrados en el sistema VioGén. En muchos casos se trata de mujeres que convivían con su agresor o habían mantenido una relación estable con él.
También es frecuente que las víctimas tengan uno o varios hijos a su cargo, lo que complica aún más el proceso de salida de la violencia. La dependencia económica, la falta de redes de apoyo o el temor por la seguridad de los menores son factores que pueden dificultar la ruptura definitiva con el agresor. Asimismo, los expertos señalan que la violencia machista suele desarrollarse en contextos de control progresivo, aislamiento social y dependencia emocional o económica, lo que explica por qué muchas víctimas tardan años en denunciar.
Del mismo modo, el sistema VioGén clasifica los casos de violencia de género en diferentes niveles de riesgo que determinan las medidas de protección necesarias. Estos niveles van desde riesgo bajo hasta riesgo extremo y cada uno implica distintos protocolos de vigilancia policial y seguimiento institucional.En los casos de mayor gravedad, las víctimas pueden contar con vigilancia permanente, control del agresor mediante dispositivos telemáticos o medidas judiciales como órdenes de alejamiento. Aunque la mayoría de los casos se sitúan en niveles de riesgo bajo o medio, existen también situaciones consideradas de alto riesgo o riesgo extremo, en las que la vida de la víctima puede estar seriamente amenazada. En estos escenarios, la actuación rápida de las autoridades y el seguimiento constante se convierten en elementos clave para evitar agresiones o feminicidios.
Andalucía entre las comunidades con más casos
Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor número de casos activos de violencia de género registrados en el sistema VioGén. La combinación de factores como la población, las desigualdades económicas o la persistencia de patrones culturales machistas contribuye a que la región concentre una parte significativa de las denuncias y de las víctimas protegidas en España.
Las cifras reflejan también un aumento de las llamadas al 016, el teléfono de atención a víctimas de violencia machista, así como un incremento en el número de denuncias en los últimos años. Esto no siempre implica que haya más violencia, sino que cada vez más mujeres se animan a denunciar y a buscar ayuda institucional.
Uno de los aspectos más preocupantes de la violencia de género es su impacto sobre los hijos de las víctimas. Miles de menores en Andalucía viven en hogares donde se ha producido o se produce violencia machista. En muchos casos, los niños y niñas son testigos directos de las agresiones, lo que puede provocar consecuencias psicológicas y emocionales a largo plazo.
La situación de las madres que crían solas a sus hijos se ha convertido en uno de los indicadores más claros de las desigualdades sociales que persisten en la sociedad. La combinación de precariedad laboral, altos costes de vivienda y responsabilidades familiares sitúa a muchas de estas mujeres en una posición especialmente vulnerable.
Igualmente, las administraciones públicas y las organizaciones sociales insisten en la necesidad de reforzar las políticas de protección y apoyo para estas familias, incluyendo recursos de atención psicológica, programas de acompañamiento y medidas que garanticen la seguridad de los menores.
Un problema estructural
A pesar de los avances en materia legislativa y de protección institucional, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas sociales más graves en España. Los especialistas recuerdan que combatir esta violencia requiere no solo medidas policiales o judiciales, sino también políticas de prevención, educación en igualdad y recursos sociales suficientes para apoyar a las víctimas.
Mientras tanto, miles de mujeres en Andalucía continúan viviendo bajo protección policial para garantizar su seguridad frente a sus agresores. Detrás de cada una de estas cifras hay historias de violencia, pero también de resistencia y de mujeres que han decidido denunciar para intentar reconstruir sus vidas lejos del maltrato.
PP y Vox fabrican una realidad paralela
La máquina de los ‘hechos alternativos’ o cómo PP y Vox fabrican una realidad paralela
Hay un experimento clásico en psicología cognitiva que debería colgar enmarcado en la sede del Partido Popular y en la de Vox. En 1977, la psicóloga Lynn Hasher demostró en laboratorio lo que la propaganda política había intuido desde mucho antes: cuando una afirmación falsa se repite suficientes veces, el cerebro humano comienza a procesarla como verdadera.
No porque la persona sea estúpida. Sino porque la familiaridad con un enunciado genera una sensación de fluidez mental que el cerebro interpreta, de forma automática, como veracidad. Lo llamaron “efecto de la verdad ilusoria”. Estudios posteriores han demostrado algo aún más inquietante: el efecto funciona incluso cuando la persona sabe de antemano que la afirmación es falsa. Y también con personas de alto nivel educativo y capacidad analítica.
PP y Vox lo saben. No necesariamente porque hayan leído a Hasher, sino porque llevan años aplicando el principio con disciplina y coordinación: repetir, repetir y repetir, con independencia de lo que digan los datos, los jueces, los científicos o las estadísticas oficiales. Lo que la filósofa Hannah Arendt llamó, con precisión quirúrgica, “defactualización”: la destrucción sistemática de la capacidad colectiva de distinguir hechos de opiniones.
Lo explicó hace unas semanas, con otras palabras, la excongresista MAGA Marjorie Taylor Greene: “Donald Trump ha entrenado a nuestro bando para no disculparse nunca y no admitir sus errores”. La consigna es: “Simplemente sigue machacando a tus enemigos, pase lo que pase”.
La estrategia no persigue el debate racional. Quien la entiende como tal ya ha perdido. Su objetivo no es que el ciudadano le dé la razón, sino que acabe dudando de la realidad. Que ante dos versiones opuestas —una respaldada por estadísticas oficiales, sentencias judiciales o datos científicos, la otra repetida hasta el agotamiento por líderes con alta visibilidad mediática— el receptor no sepa a qué atenerse. En ese estado de confusión, el sesgo de confirmación hace el resto: cada persona tiende a quedarse con la versión que encaja con sus emociones previas.
Un fenómeno con cuatro patas
La técnica tiene cuatro patas que se sostienen mutuamente. La primera es la afirmación sin pruebas presentada como evidencia. No se dice "creemos que" o "hay indicios de que", sino certezas rotundas, sin matices, expresadas con la solemnidad de quien tiene documentos sobre la mesa aunque no los enseñe nunca. Sobre corrupción, sobre prostitución, sobre enfermedades, sobre la autoría de los atentados del 11M, sobre cualquier asunto que implique poner bajo sospecha al Gobierno.
Se escuchan cada semana en las ruedas de prensa e intervenciones públicas de los principales dirigentes de la derecha: Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Esther Muñoz (la portavoz que hace ahora un año aseguró que no necesitaba pruebas “absolutamente de nada” para hacer acusaciones gravísimas), Santiago Abascal, José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso. En ruedas de prensa y en el Pleno del Congreso, en particular en las sesiones de control, que aseguran visibilidad en todos los informativos.
La segunda es la repetición milimétrica: el mismo dato falso, el mismo encuadre ("lo sabía y lo tapó", por ejemplo, sin una sola prueba que lo sustente), el mismo adjetivo, semana tras semana, en rueda de prensa, en mitin, en debate parlamentario, en entrevista de radio.
La tercera es la inmunización al desmentido: cuando un verificador, un juez o la institución competente desmiente la afirmación, la respuesta no es retractarse sino atacar la fuente —"el Gobierno manipula los datos" o "los medios están al servicio de Sánchez"—.
La cuarta es el ecosistema amplificador: una cadena de medios afines, cuentas de redes sociales coordinadas e influencers y youtubers que repiten el mensaje hasta que la mentira ocupa el espacio que debería ocupar la realidad.
El estratega político de la posverdad no quiere que podamos estar en desacuerdo sobre los hechos, sino con ellos mismos, como si nos enzarzáramos en una lucha a brazo partido contra los hechos. Esa es la meta: no ganar el argumento, sino hacer que el argumento sea imposible.
Los ejemplos abundan
Los ejemplos son tan abundantes que el verdadero problema para quien quiera analizarlos es la selección. Veamos algunos de los más persistentes.
Las violaciones. Quizá uno de los casos más documentados de manipulación estadística deliberada. Tanto PP como Vox han repetido en numerosas ocasiones que el número de violaciones en España ha aumentado más de un 200% desde 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia. En julio de 2023, Abascal aseguró que habían aumentado un 250%; el candidato de Vox en Extremadura llegó a decir que el incremento fue del 460% en un debate electoral de diciembre.
Por su parte, Feijóo dijo en septiembre que habían crecido un 231%; el 3 de diciembre aseguró que el aumento había sido del 217% y, al día siguiente, que era del 227%. La variación en las propias cifras —que van del 217% al 460% según el día o el orador— revela que no se trata de un error de cálculo sino de una cifra elegida para impactar, no para informar.
La coartada argumental es comparar datos de 2018 con los actuales sin tener en cuenta el cambio normativo introducido en 2022, cuando agresiones y abusos sexuales comenzaron a contabilizarse de forma unificada. En otras palabras: no hay más violaciones. Hay más hechos que ahora se cuentan donde antes no se contaban. Es una distinción metodológica básica. Y se ignora por sistema.
La inmigración y la delincuencia. Es el gran vector de desinformación de la derecha española, y el que más consecuencias reales tiene sobre personas concretas y vulnerables. El binomio migrante-delincuente se construye a base de casos individuales elevados a categoría de tendencia, de estadísticas de fuentes no oficiales presentadas como si lo fueran, y de silencios estratégicos sobre los datos que contradicen el relato.
Los datos oficiales desmienten que España sea hoy un país más peligroso que cuando tenía menos inmigración: la tasa de criminalidad es de 40,6 delitos por mil habitantes en el primer trimestre de 2025, la más baja de la serie histórica según el Ministerio del Interior, mientras que en 2005 —cuando la población extranjera era menos de la mitad de la actual— era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes. Es decir: mientras la inmigración se ha multiplicado, la criminalidad ha descendido. No hay correlación; hay correlación inversa.
Según cifras del INE correspondientes a 2024, el 71% de las personas adultas condenadas en España tiene nacionalidad española. Y los extranjeros que sí aparecen en estadísticas de condenados lo hacen en mayor proporción que su peso poblacional no porque sean más propensos al delito, sino por factores socioeconómicos y porque el sistema penal actúa con mayor dureza sobre quien carece de redes de apoyo jurídico y económico. Del total de delitos registrados en España en 2023, el 72,2% fueron cometidos por españoles.
Nada de esto ha detenido el discurso. Según un análisis de mensajes difundidos en redes entre abril y junio de 2024, la mitad de las publicaciones relacionadas con personas migrantes contienen información falsa, tergiversada o manipulada, y el 45% de las menciones engañosas se alinean con postulados de extrema derecha. La maquinaria funciona.
Lo más revelador del efecto práctico de este discurso lo ofrece un dato que conocen bien los sociólogos. Cuando el asunto desaparece de la agenda mediática o deja de ser usado como conflicto entre instituciones, la preocupación de los ciudadanos desciende de forma muy marcada. La preocupación no refleja una realidad objetiva cambiante. Refleja el volumen del altavoz.
La economía y el paro. Feijóo y Abascal han descrito durante años una España en descomposición económica, con cifras de pobreza extrema y desempleo catastrófico, mientras los datos del INE, la Seguridad Social y Eurostat pintaban un cuadro sustancialmente distinto. Cuando el Gobierno aprobó la reforma laboral, auguraron una destrucción masiva de empleo. Cuando se subió el Salario Mínimo Interprofesional, pronosticaron una catástrofe. Los datos no les dieron la razón en ninguno de los dos casos, pero las predicciones apocalípticas no se retiraron ni se reconoció el error: simplemente se sustituyeron por nuevas predicciones calamitosas basadas en afirmaciones sin pruebas que se repiten una y otra vez ("el Gobierno maquilla los datos del paro"). La técnica no necesita acertar. Necesita ocupar el espacio.
El 11-M y la memoria histórica. La teoría de que el atentado del 11 de marzo de 2004 fue obra de ETA ha sido descartada por la instrucción judicial, por el juicio oral, por la sentencia de la Audiencia Nacional y por los hechos conocidos. No existe ninguna resolución judicial, ningún informe policial, ninguna investigación periodística rigurosa que apoye esa tesis. Sin embargo, ha sobrevivido durante dos décadas en el ecosistema mediático de la derecha española como verdad alternativa, resucitada periódicamente cuando la actualidad política lo hace conveniente. Hasta el punto de que esta misma semana ha sido objeto de la presentación de un libro, firmado por el exministro Jaime Mayor Oreja, plagado de mentiras y especulaciones disparatadas.
Sánchez y Maduro. La narrativa sobre una supuesta amistad o connivencia del presidente del Gobierno con el régimen venezolano ha funcionado durante años como acusación política con vida propia, resistente a cualquier desmentido. Feijóo y Abascal han señalado a Sánchez y Zapatero como aliados del régimen de Maduro. La acusación no requiere pruebas porque no pretende demostrar nada en el sentido clásico del término: pretende instalar una asociación emocional. Sánchez = Maduro = dictadura. La repetición hace el resto.
"No soy presidente porque no quiero". Este bulo destaca por su audacia. Feijóo ganó las elecciones generales de julio de 2023 en votos pero no logró la mayoría necesaria para ser investido. Y afirma que no gobierna porque no quiso pactar con Junts, tratando de ocultar que, de haberlo hecho, no habría contado con el apoyo de Vox. El discurso del bloque de derechas trata de cuestionar la investidura alternativa de Sánchez, que fue el resultado de una aritmética parlamentaria absolutamente reglada y legal.
La narrativa de la derecha, sin embargo, instaló la idea de que Feijóo "no quiso" ser presidente, o de que el cargo le fue "robado". No existe ningún mecanismo constitucional, ningún precepto legal, ningún precedente democrático que avale esa lectura. Pero se repite con tal insistencia que una parte significativa del electorado de derechas la asumió como verdad establecida.
Un problema global
Lo que ocurre en España no es un fenómeno aislado. Es la versión local de una tendencia que ha transformado el ecosistema democrático occidental. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, los impulsores del Brexit en Reino Unido: todos han aplicado variantes del mismo método con resultados electorales, en algunos casos, notables. Los hechos alternativos tienen detrás un potente aparato mediático y propagandístico que los respalda y que hará todo lo posible por hacer que esas falsedades parezcan explicar la realidad o, al menos, que no parezcan mentiras.
Lo específico del caso español es la asimetría entre la intensidad del discurso y la realidad que pretende describir. España es una de las economías con mayor crecimiento de la UE. Tiene la tasa de criminalidad más baja de su historia. Acoge a millones de migrantes que cotizan a la Seguridad Social y sostienen en parte el sistema de pensiones. Ninguno de estos hechos ha conseguido desactivar una narrativa que describe un país en colapso, invadido, inseguro y gobernado por una especie de conspiración bolivariana. La distancia entre el relato y los datos es, en el caso español, excepcionalmente grande.
Entender por qué este método funciona exige abandonar la creencia de que solo afecta a personas poco informadas o poco inteligentes. Los estudios sobre el efecto de la verdad ilusoria son categóricos: el mero hecho de repetir mentiras obvias cinco veces permite aumentar su "verosimilitud percibida", y la inteligencia o la capacidad analítica no inmuniza contra este efecto.
El mecanismo se articula además con otro fenómeno bien documentado: la disonancia cognitiva. El deseo de tener certezas y asideros a los que aferrarnos en situaciones de incertidumbre se convierte en el caldo de cultivo idóneo para que crezcan los hechos alternativos.
Esas falsedades cumplen una función: nos hacen sentir cómodos, nos brindan seguridad, eliminan las disonancias. En épocas de cambio acelerado, de inseguridad laboral, de transformación demográfica, hay un mercado emocional para explicaciones simples que señalen a un culpable claro. Los migrantes, Sánchez, Maduro: la narrativa de la derecha española ofrece siempre un responsable preciso para angustias difusas y estructurales.
A esto se añade lo que los analistas llaman el “efecto rebote”: cuando alguien ya ha integrado una creencia falsa en su identidad política, presentarle datos que la contradicen no le hace cambiar de opinión. Le hace reafirmarse. El desmentido se convierte en prueba de la conspiración. Quien desmiente es el enemigo.
La responsabilidad de los medios
El método de los hechos alternativos pone a los medios de comunicación y a los políticos que intentan huir de esta pauta ante un dilema sin salida fácil. Desmentir la mentira la amplifica. No desmentirla, la deja correr. El fact-checking es necesario, pero insuficiente: llega a quien ya tiene dudas, rara vez a quien ya creyó. Y el formato clásico del debate político —dos versiones enfrentadas con idéntica visibilidad— iguala artificialmente el peso de las afirmaciones verificadas y las inventadas.
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Lo que sí funciona, según la literatura académica disponible, es vacunar antes de que la mentira llegue: explicar el mecanismo antes de que se aplique. No decir “esto es falso” sino “esto es verdadero”, “van a intentar convencerte de lo contrario” y “así es como funciona el truco”. Es lo que los investigadores llaman prebunking o inoculación informativa. Requiere una ciudadanía con educación mediática y un periodismo que abandone la falsa neutralidad y ejerza la verificación como norma, no como una sección especial o algo que hacen organizaciones especializadas.
La pregunta ya no es si PP y Vox mienten. Es otra más incómoda: ¿por qué una democracia madura, con instituciones sólidas, con datos públicos accesibles y con un periodismo relativamente activo, no ha encontrado aún el antídoto eficaz contra una estrategia cuyo manual de instrucciones lleva décadas sobre la mesa?
La respuesta exige mirarse también hacia dentro. La posverdad no es solo un problema de quienes la producen. Es un problema de las condiciones —económicas, emocionales, institucionales— que hacen que una parte de la ciudadanía la encuentre más satisfactoria que la verdad. Mientras esas condiciones existan, el negocio de los hechos alternativos seguirá siendo rentable.
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