Las víctimas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid cargan contra el nuevo Plan Residencial 40-40 que plantea la región de Isabel Díaz Ayuso y que, en palabras del Ejecutivo madrileño, plantea la creación de 40 nuevas residencias y otros 40 centros de día en toda la Autonomía, los cuales contarán con 8.000 nuevas plazas300 viviendas integradas y más capacidades tecnológicas.

Suena bien pero, si se atiende a la letra pequeña, las asociaciones señalan que es una manera de convertir los geriátricos en una suerte de “cajón de sastre” en los que “conviven personas mayorespersonas dependientes, personas que no tienen hogar o personas que tienen algún tipo de problema mental”.

Carmen López, responsable de Marea de Residencias, una de las plataformas mayoritarias que llevan años persiguiendo justicia para las 7291 personas que fallecieron como consecuencia de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ que impidieron el traslado de mayores de sus centros a hospitales, da su opinión a ElPlural.com sobre el nuevo anuncio de la administración Sol en materia de residencias a las pocas horas de producirse.

López afea que el Ejecutivo regional “tiene 25 residencias solamente de gestión directa y que las están deteriorando a marchas forzadas porque parece no saben gestionar lo público, ni les gusta hacerlo”. “Son derechos de las personas, derechos humanos que se deben gestionar mediante servicios públicos; y son derechos sociales que, sin embargo, se los venden a empresas privadas”.

"Suelo gratuito a las empresas"

En resumen, este nuevo ejercicio de privatización “no es precisamente lo más apropiado para gestionar residencias, en las que viven personas que necesitan cuidados y que son vulnerables”. Además, el modelo y un anuncio a bombo y platillo choca frontalmente con la realidad que atraviesa la gestión de las residencias, y es que seis años después de los documentos que truncaron la vida a muchas personas, la actualidad sigue dejando que desear.

“Es todo. Es el mantenimiento de las instalaciones, es la supervisión, e incluso el tipo de personas que entran, porque no hay servicios para personas de otro tipo de vulnerabilidad que no sea la dependencia”, apuntala.