Organizaciones y partidos condenan el veto de PP y Vox a celebrar actos islámicos públicos en Jumilla: “Es un paso más en la deriva racista”

 “Prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos es discriminación pura y dura y vulnera la Constitución”, afirman desde la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia

Evitar las celebraciones de actos islámicos en los espacios públicos del municipio. Ese era el objetivo de Vox con la moción presentada la semana pasada en el pleno de julio del Ayuntamiento murciano de Jumilla. Y aunque no se aprobó la moción como tal, sino una enmienda del PP en la que no se hace referencia expresa a esta comunidad religiosa, en el texto que salió adelante sí que se establece la modificación del reglamento de instalaciones deportivas “a fin de que el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”. “El PP lo que hizo fue blanquear la moción”, considera la exalcaldesa y portavoz socialista en Jumilla, Juana Guardiola.

En la misma enmienda –aprobada con los diez votos de los concejales del PP y la abstención de Vox– se promocionan “las actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”. Aunque desde el PP en Jumilla han defendido que no se hace referencia expresa a ninguna comunidad religiosa, la decisión ha sido duramente criticada por la oposición en el Ayuntamiento, donde el PSOE cuenta con nueve ediles e IU con uno, y Podemos ha presentado, por su parte, un escrito en la Fiscalía para denunciar “este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox”. “Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas”, ha dicho este miércoles el secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío. “El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista”, ha considerado Egío.

La moción fue propuesta por el único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla, Juan Agustín Navarro, pero salió adelante tras aprobarse la enmienda del PP, que gobierna este municipio murciano de 27.000 habitantes. La moción de Vox proponía prohibir la celebración del Ramadán o de la Fiesta del Cordero en los espacios públicos y ha convertido a Jumilla en el primer consistorio en convertir esta amenaza de la ultraderecha en un veto real en un municipio con una población de unas 1.500 personas de religión musulmana.

“Discriminación pura y dura”

“Lo que ha pasado en Jumilla me parece inaceptable”, ha afirmado este miércoles Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM), para quien “prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos no es una simple decisión administrativa, es discriminación pura y dura que vulnera la Constitución y los acuerdos que el propio Estado firmó con la Comisión Islámica en 1992”.

Para Yacoubi, “hablar de actividades ajenas a la identidad del pueblo es falso y peligroso. ¿Desde cuándo se cuestiona que las procesiones de Semana Santa usen las calles? ¿Quién decide qué es la identidad del pueblo?”, ha dicho al tiempo que ha recordado que en Jumilla viven más de 1.500 musulmanes que pagan impuestos y forman parte de la comunidad. “Tienen el mismo derecho que cualquiera a usar los espacios públicos para sus celebraciones”.

La activista marroquí ha apuntado que el Islam sí forma parte de España, “negarlo es negar casi ocho siglos de historia; el legado andalusí está en nuestra cultura, lengua, arquitectura y tradiciones y pretender borrarlo es revisionismo que solo busca sembrar odio”.

Para Yacoubi, “lo más preocupante es que este tipo de decisiones no son hechos aislados, lo que vemos en Jumilla sigue una pauta que ya hemos visto en otros lugares de la Región de Murcia, como en Torre Pacheco, donde también se ensayan discursos y políticas islamófobas bajo el paraguas de una supuesta defensa de lo nuestro”. En su opinión, “es un experimento político de exclusión, un laboratorio de racismo institucional, y lo que hoy se permite en Jumilla puede ser la antesala de lo que se intente aplicar mañana en otros pueblos y ciudades de España si no se frena a tiempo”.

En la misma línea, Monir Binjilon, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), ha señalado que “los musulmanes de la Región de Murcia nos sentimos muy decepcionados”. “No entendemos cómo los políticos de este país quieren derrumbar toda la lucha por la defensa de las libertades religiosas y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución”. Para Binjilon, se está cometiendo un delito “grave”, que consiste en obstaculizar la libertad religiosa. “Solo podemos calificarlo de racismo, e islamofobia”, ha considerado.

“Nos habría dado igual si se fueran a prohibir todos los símbolos y actos religiosos de todas las confesiones”, pero el foco está en el Islam, “y en nuestra comunidad”. El presidente de la FEERI ha reconocido que durante los recientes altercados en Torre Pachecho en contra de la población migrante marroquí “hemos sentido miedo, y ha sido gracias a algunas ideologías que quieren romper la sociedad y que hablan de identidad española, pero tienen realmente una crisis de identidad y no se quieren enterar de que el Islam forma una parte muy importante del legado de este país”.

“Siguen alimentando el odio”

La decisión ha sido duramente criticada por concejales de la oposición, que han calificado de “xenófobo” este veto. Una condena a la que se ha sumado el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas Ayala, quien ha apuntado que “no se ha aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco; siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consencuencias imprevisibles; el PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia solo por aferrarse al poder”.

En el escrito presentado por Podemos ante la Fiscalía también se alude a los disturbios de Torre Pacheco. “Esta actuación -apuntan- no puede analizarse de forma aislada, sino en el contexto de una creciente estrategia institucional de exclusión impulsada por fuerzas políticas de extrema derecha en la Región de Murcia”. Y prosigue el escrito: “Apenas unos días antes, el municipio de Torre Pacheco fue escenario de graves disturbios motivados por discursos de odio contra la comunidad magrebí, hechos que han sido objeto de denuncia ante esta misma Fiscalía”.

Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia también ha anunciado que llevará a los tribunales la medida aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Jumilla. La organización de izquierdas ha considerado que esta resolución es un ataque frontal a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, y muy especialmente al artículo 16, que garantiza la libertad religiosa y de culto. Según IU-Verdes, se trata de un acto de discriminación institucional “disfrazado de regulación administrativa”, que no tiene ningún sustento jurídico y que constituye un caso flagrante de racismo islamófobo promovido desde el poder local.

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha señalado que “se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo” y ha acusado al PP “de ser cómplice del fascismo, negociando la dignidad de esta tierra a cambio de seguir gobernando a cualquier precio. La Región de Murcia no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario”.