Según el Vaticano II la Iglesia no debe entrar en política partidista.
Muchos obispos en España contradicen a diario dicha instrucción. Recientemente el presidente de la Conferencia episcopal, Luis Argüello, ha hecho un llamamiento público a la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Aunque no esté claro que estas manifestaciones expresen la opinión de todo el órgano de gobierno de la Iglesia Católica, ha habido muy pocas voces dentro de ella que lo denuncien. No nos detenemos a analizar la ilegitimidad moral para hablar de elecciones de una organización antidemocrática, machista y protectora de pederastas. Es un acto de injerencia política con una clara orientación ideológica de derechas, como ya han señalado algunas personas cristianas comprometidas con la democracia. Se trata de una intervención impropia de una institución religiosa que, lejos de limitarse a sus fines espirituales, utiliza su posición de poder para condicionar el sistema democrático desde postulados confesionales y conservadores.
Esta actitud no es nueva, la jerarquía católica en nuestro país se ha alineado siempre a lo largo de la Historia con la Monarquía y los poderes autoritarios. Ha sido fiel aliada de las monarquías absolutistas y los regímenes dictatoriales, de los que ha recibido innumerables privilegios y el poder sobre la vida y las almas de los súbditos. Era el sostén del antiguo régimen, con el mayor poder social y económico de toda Europa. En 1931, al día siguiente de proclamarse la II República, el obispo Isidro Gomá decía «hemos ya entrado en el vórtice de la tormenta» y la Iglesia comenzó la guerra contra el gobierno elegido en las urnas. En marzo de 1933 fundaron la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) para «defender la civilización cristiana» y «combatir la legislación sectaria de la República». En la prensa católica se anunciaba el 20 de febrero de 1936 que «no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada» y declaraba al gobierno del Frente Popular «ilegítimo, tiránico, traidor a la Patria y enemigo de Dios y de la Iglesia». Y en julio del mismo año se suman con fervor a la Santa Cruzada de los militares golpistas defensores de la civilización cristiana frente al comunismo y el ateísmo. El catolicismo fue el fundamento y la médula ideológica del franquismo, cuyo jefe era «caudillo de España y de la Cruzada», y proporcionaba la identidad como Nación.
En 2025, 47 años después de la Constitución que declara un estado aconfesional y democrático, la Conferencia Episcopal actúa como si siguiéramos en el nacional-catolicismo, con poder para intervenir y controlar la vida política y social de nuestro país. Sin haber pedido perdón por su sangrante papel histórico. Manteniendo en sus templos signos prohibidos por las tímidas leyes de Memoria Democrática. Apoyando siempre, directa o indirectamente a los partidos de derechas. Se puede decir que «los obispos escriben el guión y la derecha lo interpreta».
Esto es también resultado de décadas de complicidad entre los poderes públicos y la Iglesia católica, que sigue disfrutando de privilegios económicos, simbólicos, educativos y patrimoniales en todos los ámbitos de la vida institucional. La falta de una política laicista clara y el mantenimiento de los Acuerdos con la Santa Sede (1979), herederos del Concordato franquista de 1953, han convertido a la Iglesia en un actor político con poder y sin control democrático.
Desde Europa Laica venimos exigiendo desde hace años, por pura coherencia democrática y constitucional, la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y del Concordato franquista. Esta actitud de la Conferencia Episcopal muestra con claridad la necesidad y la urgencia de llevarla a cabo. Hay que acabar de una vez con esos acuerdos anacrónicos y leoninos para el Estado, que son la base legal de sus privilegios institucionales, y poner fin a la excepcionalidad jurídica de la Iglesia católica en España, eliminando los privilegios económicos y aprobando una norma que retrotraiga todas las apropiaciones de bienes inmuebles. No basta con las tímidas manifestaciones de representantes políticos o con preguntas parlamentarias de algún partido. Es un problema estructural y como tal debe abordarse, si queremos mantener un Estado democrático.
Europa Laica sigue haciendo un llamamiento a la ciudadanía, a organizarse y movilizarse en defensa de un Estado laico, sin injerencias clericales ni privilegios confesionales. A los partidos políticos, a comprometerse con una agenda democrática laicista que incluya la derogación de los Acuerdos, el fin de todo trato privilegiado a ninguna confesión religiosa, que apliquen en su practica diaria y velen por el cumplimiento del mandato constitucional de la aconfesionalidad del Estado, trabajando por hacer realidad la separación del Estado y las religiones. A las instituciones del Estado, a rechazar cualquier presión eclesiástica en asuntos civiles y a adoptar una política de memoria democrática que repare décadas de connivencia con la jerarquía religiosa. A todas las confesiones religiosas, a respetar el marco civil, plural y laico que garantiza la libertad de conciencia de toda la ciudadanía.
La defensa de la laicidad es hoy una exigencia democrática. No se puede hablar de igualdad ni de soberanía popular mientras una institución religiosa pretenda dictar el rumbo político del país desde una posición de poder, impunidad y privilegios.
José Antonio Naz Valverde, presidente de Europa Laica.
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