Día Internacional del Derecho a Saber

Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, una celebración que nació en 2002, cuando, reunidos en la ciudad de Sofía los representantes de las principales organizaciones no gubernamentales, fijaron esta fecha para recordar en el mundo la aparición de un nuevo derecho que permitiría a los ciudadanos ser más partícipes de lo público.

Fue el día 28 de septiembre del año 2002 cuando representantes de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, reunidos en la ciudad de Sofía, acordaron celebrar anualmente en tal fecha el día conmemorativo del derecho a saber, entendido como derecho de los ciudadanos a conocer y a participar en los asuntos públicos, a obtener información de cómo, en qué y por qué se gasta su dinero y a acceder a la actuación de los responsables públicos.

En el transcurso de estos años ha sido mucho lo que se ha avanzado en este campo, pasando de una ausencia completa de legislación en una materia a la que nuestro país se incorporó tarde, a una proliferación normativa sobre transparencia, derecho de acceso a la información y buen gobierno que nos ofrece una idea de la importancia que tiene hoy este asunto para la sociedad española, a partir del principio de que sólo desde la información puede incrementarse la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos, creando de este modo una sociedad más crítica y exigente con las responsabilidades que asumen los poderes públicos por su actuación.

La Junta de Andalucía no ha sido una excepción en este proceso de sensibilización social e institucional y de regulación de la materia. El Gobierno autónomo ha asumido el compromiso con la transparencia y la participación de una forma decidida, y ha dado pasos al frente que han trasladado esa determinación de las palabras y los enunciados a los hechos ciertos.

Ahora contamos con una Ley de Transparencia que contiene uno de los más amplios catálogos de obligaciones de publicidad activa de todo el panorama comparado, pues obliga a la Administración a poner a disposición de sus ciudadanos, en su Portal de Transparencia, información relevante y abundante sobre su organización y funciones, desde los presupuestos y el personal con que cuenta, pasando por las ayudas y subvenciones, hasta los contratos públicos y los datos de interés sobre altos cargos y funcionamiento del Gobierno.

En nuestra Ley se recoge expresamente ese derecho que los ciudadanos tienen a saber, a conocer y a participar, de acuerdo con el cual todos tenemos derecho a solicitar el acceso la información pública en poder de la Administración Regional. Un derecho respaldado por la obligación de responder y por la posibilidad de reclamar esa respuesta ante el Consejo de la Transparencia de la Junta de Andalucía creado al amparo de la misma Ley como órgano independiente de control.