USTEA ha confeccionado un muy interesante Informe escolarización Cadiz. Son 22 páginas de datos y de denuncias de hechos sobre la escolarización en Cádiz que demuestran fehacientemente que las autoridades responsables de la escolarización se han ido cargando poco a poco la escuela pública en Cádiz.
Termina el informe con estas Conclusiones y este párrafo final:
Señalamos como responsables de esta privatización, discriminación y deterioro de la Educación Pública a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, a María del Carmen Castillo Mena como consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y a María Isabel Paredes Serrano como Delegada Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz.
1. Conclusiones
Podemos concluir que la
consigna de la administración de que la escuela pública está decreciendo por la
bajada de la natalidad y por la libre elección de las familias es falsa. La
escuela pública está decreciendo porque se planifica para cerrar unidades y
centros públicos como este informe demuestra. Se incumplen leyes educativas, se
discrimina a los centros públicos y se favorece a los privados concertados sin
ninguna justificación legal ni moral. Se está llevando a cabo una privatización
encubierta de lo público a través de una muy deficiente y engañosa
planificación educativa.
Se ha demostrado que en muchos
casos se impide la matriculación en centros públicos publicando 0 vacantes, y
recordamos que esto se hace a priori, antes del periodo de matriculación.
Tampoco se abren unidades cuando la ratio es máxima para que el colegio pueda
recibir solicitudes, es más, no se abren siquiera unidades cuando los colegios
públicos parten con más de 25 reservas de plazas para alumnado propio en
primaria y más de 30 en secundaria. Es decir, cuando la ley indica que con más
de 25 o con más de 30 alumnos/as corresponde otra unidad, la Junta y la
Delegación no la cumplen y no abren esa nueva unidad dejando al centro con ratios
ilegales y con 0 vacantes ¡a priori! Sin posibilidad alguna de crecer. Sin que
las familias puedan elegir esos colegios. ¿Dónde está la libertad de elección?
Cabe destacar también que
NINGÚN centro concertado ha sufrido recortes de líneas ni agrupamiento en aulas
mixtas. De hecho, algunos de ellos parten con aulas completas vacías en su
oferta educativa, unidades sin demanda que les regala la Junta de Andalucía.
Nos preguntamos qué planificación educativa es esta que recorta en lo público
teniendo demanda, pero oferta de más en lo privado sin tener demanda. Una
planificación para privatizar, es obvio.
No entendemos cómo pudiendo
asumir la educación pública casi la totalidad de la demanda educativa, se
siguen concertando unidades, firmando contratos con empresas privadas para
ofrecer un servicio educativo que no es necesario, derrochando dinero de todos
y todas.
No queremos
terminar este informe sin referirnos al primer ciclo de infantil, infantil de 0
a 3 años, donde no existen casi escuelas infantiles públicas y las familias se
ven obligadas a pagar y matricular a sus hijos e hijas en escuelas concertadas
o privadas. Recordemos lo que dice la Ley Orgánica de Educación sobre la
educación de infantil 0 a 3 años:
Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo de Educación. Artículo 15. Oferta de plazas y gratuidad.
1. Las Administraciones
públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el
primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de
la población infantil de cero a tres años. Asimismo, coordinarán las políticas
de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta
educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que
podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras
Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro. Todos los centros
habrán de estar autorizados por la Administración educativa correspondiente y
supervisados por ella.
La Junta de Andalucía no solo
no ha cumplido con esta Ley sino que la ha despreciado por completo al devolver
112 millones de euros de fondos europeos destinados a crear plazas gratuitas en
educación infantil de 0 a 3 años.
Señalamos como responsables de esta privatización, discriminación y deterioro de la Educación Pública a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, a María del Carmen Castillo Mena como consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y a María Isabel Paredes Serrano como Delegada Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz.
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