Carta de Cordoba

Los participantes del  Encuentro de ciudades para la seguridad vial que se ha desarrollado en la ciudad  de Córdoba, auspiciado por la DGT, redactaron ayer una carta en el que se proponen doce objetivos.

Integrar la seguridad vial en las estrategias locales de movilidad sostenible y hacer de la movilidad sostenible y la accesibilidad universal valores fundamentales en la planificación y gestión de las ciudades.

Constatar la necesidad de disponer de un Observatorio para la movilidad urbana en la Administración General de Estado, un centro de referencia para la movilidad sostenible y la seguridad vial, que elabore recomendaciones, normas técnicas, informes y disemine las buenas prácticas, siguiendo la recomendación del Plan de Acción Europeo para la movilidad Urbana sostenible.

Actuar sobre el diseño de las calles jerarquizando las vías según su uso, creando un modelo de ciudad que garantice la movilidad sostenible y segura de todos los sistemas de desplazamiento y medios de transporte, y fomente una actividad económica competitiva.

Aumentar la protección de los colectivos más vulnerables mediante la extensión de Zonas 30 y zonas de convivencia para adecuar la velocidad a las exigencias de la seguridad de peatones y ciclistas.

Planificar una red básica de carriles bici de conexión, complementaria a las zonas de convivencia, y promover sistemas públicos de bicicleta y otras buenas prácticas para la promoción de la bicicleta como sistema de movilidad.

Experimentar diseños viales que ayuden a la convivencia de las motos con el resto de vehículos en la calzada, atendiendo a su creciente incorporación al sistema de movilidad de las ciudades.

Impulsar el Camino Escolar y los itinerarios seguros como una herramienta

para promover que las ciudades sean educadoras en valores de convivencia,

respeto y civismo.

Reforzar de forma permanente los niveles de disciplina vial municipal, en especial en lo que se refiere a las infracciones más graves y participando activamente, las policías locales, en campañas de vigilancia y control de ámbito nacional.

Adaptar el Reglamento General de Circulación a la nueva visión de la movilidad  sostenible y segura, de forma que las Ordenanzas Municipales dispongan de un nuevo marco legal que les permita regular la movilidad a pie y en bicicleta en la ciudad.

Implantar sistemas que mejoren la recogida y el análisis de información sobre movilidad y accidentalidad vial urbana que alimenten la base de datos nacional de accidentes de tráfico.

Considerar a las víctimas como el centro en el que se focaliza la acción para la mejora de la seguridad vial. Garantizar la atención sanitaria y social a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias, el seguimiento de su evolución y un sistema de rehabilitación y compensación de las secuelas justo.

Fomentar la participación y el debate ciudadano e impulsar los pactos locales de movilidad y seguridad vial. Mejorar la colaboración entre instituciones para tener un mejor conocimiento de la accidentalidad y poder impulsar actuaciones comunes.