POR EL PASEO DEL VENDAVAL
Más allá de la derrota hay una victoria de la que el triunfador nada sabe. WILLIAM FAULKNER
jueves, 3 de abril de 2025
8.000 millones al año a la educación concertada
La educación concertada acelera su crecimiento y roza ya los 8.000 millones al año de inyección pública
- Los fondos destinados a la enseñanza concertada crecieron un 5% entre 2022 y 2023, cuatro puntos más que lo que aumentaron en el periodo anterior
- En el último año recogido por las estadísticas oficiales lo destinado a la educación pública aumentó un 7%, lo mismo que entre 2021 y 2022
Los fondos destinados a la enseñanza concertada crecieron un 5% entre 2022 y 2023, cuatro puntos más que lo que aumentaron en el periodo anteriorEn el último año recogido por las estadísticas oficiales lo destinado a la educación pública aumentó un 7%, lo mismo que entre 2021 y 2022
Tras el frenazo, la educación concertada vuelve a acelerar. Y con fuerza. Tanta, que ha vuelto a marcar un récord de financiación por parte del Estado, rozando ya los 8.000 millones de euros en 2023, un 5% más que un año antes. Así se desprende de la última Estadística de Gasto Público en Educación publicada por el Ministerio, que revela que, en el mismo periodo, la pública creció apenas dos puntos más: un 7%. Exactamente el mismo porcentaje que entre 2021 y 2022, el plazo en el que la concertada sólo vio sus fondos aumentar un 1%. Mucho menos que ahora.
miércoles, 2 de abril de 2025
Versión electrónica del DNI
Empresas y entidades públicas tienen un año de plazo para aceptar que te identifiques con el DNI en el móvil
Para activarlo es necesario registrarse y descargar la aplicación oficial. No servirá, por el momento, para trámites online ni para viajar.
El BOE de hoy recoge un decreto que modifica el funcionamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI). La principal novedad es que desde hoy ya es factible usar su versión electrónica, en el teléfono móvil, para identificarse de forma presencial en cualquier trámite público o privado. Eso sí, la norma da un año a las administraciones públicas y las empresas para que se adapten a este nuevo sistema, por lo que es muy probable que durante este tiempo, aunque sea legal utilizarlo, algunas entidades no lo acepten (y no están obligadas a ello, al menos hasta abril de 2026).
Ministerio del Interior
En esta primera etapa el DNI electrónico solo servirá para identificarse en trámites presenciales, como comprobar la edad para acceder a una discoteca, registrarse en un hotel, ir al notario, acudir a una oficina de empleo o a la Seguridad Social… Pero no será válido, por el momento, para viajar o para acreditar la identidad en trámites online. Eso sí, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, prometió ayer que este último será el siguiente paso y que, en 2026, podremos identificarnos de forma digital también con este nuevo sistema.
Para conseguirlo, es necesario vincular el teléfono a tu DNI a través de la web midni.gob.es o en una comisaria de policía y descargar la aplicación oficial MiDNI, que también está enlazada en esa página. El proceso está en marcha desde hoy mismo, 2 de abril, fecha de la entrada en vigor del decreto, aunque a primera hora la web está teniendo problemas de carga.
Una vez en funcionamiento, permitirá usarlo para identificarse en tres niveles, según cada necesidad: el DNI edad, que solo mostrará la foto, nombre y fecha de nacimiento; el DNI simple, que añadirá sexo y validez; y el DNI completo, con todos los datos que incluye la versión original en papel.
Además de incluir la nueva versión móvil del documento, el decreto modifica y desarrolla algunas otras reglas del DNI. Por un lado, incluye de forma específica algo que ya está en marcha: que puedas renovarlo en los 180 días anteriores a que caduque. Por otro, establece que los certificados digitales asociados pasan de cinco a dos años de validez. Y, además, cambia la validez de los DNI de personas mayores de 70 años: hasta ahora eran permanentes, sin caducidad. Ahora tendrán una validez de más de diez años, sí, pero se consignará una fecha de caducidad específica.
Por qué algunos jóvenes miran la democracia con desconfianza
La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que el 12 % de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años cree que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático.
El Sondeig d’Opinió 2024 del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de Catalunya muestra la misma tendencia de los jóvenes y apunta que hasta un 16 % de los hombres jóvenes compartía esta opinión.
La encuesta de valores de Catalunya de 2023 del Centre d’Estudis d’Opinió mostraba que los jóvenes son el grupo que está más de acuerdo con vivir en un país que pueda garantizar un nivel de vida adecuado a sus ciudadanos, aunque no sea del todo democrático.
Estos indicadores han contribuido a suscitar un debate en España que hace ya un tiempo que se da en otros contextos: ¿están los jóvenes dando la espalda a la democracia? ¿En qué se traduce esto? ¿Nos deberíamos preocupar? Si es el caso, ¿por qué ocurre esto?
El primer síntoma: poca participación electoral
Como hace ya unos años que se han detectado estos síntomas, existe un cierto volumen de investigación académica sobre la cuestión. Uno de los primeros síntomas que se detectaron fue fundamentalmente una caída en la participación electoral de los jóvenes.
Esta constatación generó un cierto debate entre expertos que defendían que se trataba simplemente de una actitud crítica hacia el sistema democrático y los partidos establecidos y otros que apuntaban a una corriente más de fondo, de creciente distancia entre los jóvenes y la democracia. No estaba claro si se trataba de una apatía cada vez mayor o, directamente, de una antipatía incipiente hacia la democracia como sistema.
Parece ser que el tiempo tiende a dar la razón a los pesimistas: la apatía inicial está dando paso a una creciente atracción por alternativas no democráticas.
¿Por qué ocurre esto? A priori, deberíamos esperar que la generación con el mayor nivel educativo de la historia fuese también la más democrática. No en vano se ha dicho y repetido a menudo que la educación genera demócratas.
Las principales teorías de la democracia apuntaban a que, con la modernización de las sociedades, las democracias se irían consolidando. Pero hoy hay signos inquietantes de crisis, desconsolidación y retroceso democrático en muchos países: Hungría, Israel, Polonia, India o Estados Unidos. Y los jóvenes parecen estar a la cabeza de esta tendencia.
Más hombres que mujeres
Un elemento clave que nos puede ayudar a interpretar estos datos son las diferencias de género: se trata de una tendencia mucho más acusada entre hombres jóvenes que entre las mujeres. Es lo mismo que sucede con la creciente división ideológica de género: los hombres de la generación Z –nacidos a finales de los años 90 y principios de los 2000–, a diferencia de lo que pasaba en las generaciones anteriores, se están moviendo hacia la derecha y, en algunos casos, hacia la extrema derecha.
Es razonable pensar que ambas tendencias están interrelacionadas. Si un segmento de los jóvenes, quizás como reacción a un sistema político que sienten que no responde a sus necesidades, o a los avances del feminismo de los últimos años, se siente atraído hacia actores políticos que cuestionan algunos elementos de la democracia, no nos debería sorprender que también ellos acaben expresando ideas autoritarias.
¿Se consolidará esta tendencia?
¿Hasta qué punto son tendencias preocupantes? Es importante situar las cosas en su contexto y no dejarnos llevar por el alarmismo: en todos estos estudios observamos cómo la gran mayoría de jóvenes son sólidamente demócratas. Y, en todo caso, aún hay algo más que deberíamos dilucidar: ¿se trata de un efecto de la edad, y por lo tanto, estos jóvenes irán convergiendo con el resto de la población a medida que crezcan o, por el contrario, es un fenómeno generacional y debemos esperar que se consolide este giro autoritario?
No es una pregunta sencilla de responder (en la investigación esto se conoce como el problema de identificación edad-cohorte-periodo), pero sí es trascendente para evaluar las implicaciones del fenómeno.
Hay razones para pensar que el contexto en el que está creciendo este grupo de población pueda ser proclive a la consolidación de estas tendencias: el pesimismo sobre sus posibilidades futuras de progreso social, la creciente brecha en el fracaso y abandono escolar, la influencia de las redes sociales y el éxito de actores políticos como Donald Trump.
En definitiva, aunque deberíamos valorarlo todo en su contexto y no proyectar un nuevo estereotipo sobre los jóvenes, sí hay algunas tendencias importantes que deberían poner a las democracias en alerta. Porque la democracia necesita demócratas, y a veces puede bastar con un porcentaje modesto de antidemócratas o de ciudadanos poco comprometidos con los principios democráticos para ponerla en riesgo.
martes, 1 de abril de 2025
El nuevo DNI digital
Así es el nuevo DNI digital que podrás llevar en el móvil, ¿para qué sirve?
El ministro del Interior ha explicado cómo puede obtenerse y qué implicaciones tendrá
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que da vida al DNI digital. El real decreto que ha presentado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, regula el proceso de expedición, gestión y desarrollo del documento nacional de identidad, ahora también en este nuevo formato, para adaptar su uso a la nueva época digital y dotar a la ciudadanía de más posibilidades. El proyecto ha sido desarrollado por la Policía Nacional y la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre y dará múltiples posibilidades a la población.
Desde el Ministerio competente defienden que su puesta en marcha “va a transformar el modo de acreditar la identidad por parte de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública y con el sector privado, que ahora podrá realizarse a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil con la misma validez jurídica que el DNI físico y las máximas garantías de seguridad”. España se convertirá así de uno de los primeros países europeos en contar con un mecanismo de esta índole que permitirá una gran serie de actuaciones
¿Qué puedo hacer con el DNI digital?
En un periodo máximo de doce meses, las entidades públicas y privadas deberán adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la versión digital del DNI y, aunque en este periodo no será obligatoria su aceptación, la Dirección General de la Policía y el departamento pilotado por Grande-Marlaska incentivarán su implementación, aunque nunca con la intención de sustituir al formato físico. Así, impidiendo la manipulación, falsificación o almacenamiento de los datos, el DNI electrónica ganará usos en diferentes fases.
Durante la primera fase, este documento digital solo permitirá la identificación de manera presencial con la misma validez que el formato físico. En consecuencia, servirá para:
- Acreditar la identidad en un control de acceso a cualquier espacio público o privado que así lo requieran
- Establecer cualquier tipo de relación jurídica
- Firmar escrituras ante notario
- Acreditar la identidad en trámites presenciales ante la Administración
- Llevar a cabo trámites administrativos presenciales tanto con administraciones públicas como con entidades privadas
- Acreditar la mayoría de edad, abrir una cuenta bancaria
- Registrarse en un hotel
- Alquilar un vehículo
- Realizar transacciones comerciales presenciales en las que se requiera el DNI en vigor
- Recoger paquetes en Correos o servicios de mensajería
En definitiva, el DNI digital servirá en esta primera fase para todas aquellas situaciones de necesidad de acreditación presencial, en la que podremos mostrar el formato nuevo. Sin embargo, no servirá para acreditar la identidad a través de Internet, usarlo como documento de viaje electrónico para paso de fronteras, acreditar la identidad en otros países o hacer gestiones telemáticas de autenticación y/o firma electrónica. Estas opciones se permitirán en su segunda fase, prevista para 2026, momento en el que se podrá hacer estas y otras gestiones telemáticas.
¿Cómo obtener el DNI digital?
Para disponer del DNI digital es necesario completar tres fases: un registro previo que vincula de manera inequívoca la identidad del ciudadano a un número de teléfono móvil que permite la descarga de la aplicación MiDNI, virtualización del DNI y verificación del proceso. Para realizar el registro es necesario que el DNI se encuentre en vigor y sus certificados electrónicos activos antes de descargar la aplicación.
Una vez realizado el registro correctamente y descargada la aplicación, se verifica que el DNI está vinculado al número de teléfono desde el que se produciendo el proceso. Una vez superado todos los pasos, que se van indicado, el titular del DNI podrá decidir qué datos quiere mostrar en función del uso que quiera dar y del fin de la verificación de la identidad, teniendo tres opciones:
- DNI EDAD, que mostrará la fotografía, el nombre y la mayoría de edad
- DNI SIMPLE, que reflejará la fotografía, el nombre, apellidos, el sexo y validez de DNI
- DNI COMPLETO, que muestra todos los datos del documento físico
Una vez elegido el nivel de información solicitado, la aplicación genera un código QR que se muestra en la pantalla del teléfono del titular del DNI. Es un código generado por Policía Nacional, lo que asegura que los datos son auténticos en ese mismo momento, que permanecerá visible durante un corto período de tiempo para facilitar la verificación. Pasado este período, perderá su validez y será necesario generar un nuevo código.
El código QR generado puede ser escaneado por cualquier otro dispositivo en el que haya sido instalada la aplicación MiDNI. Al escanearlo, aparecerá en la pantalla del usuario verificador los datos del ciudadano en función de la opción elegida. Estos datos permanecerán en pantalla durante un corto período de tiempo para permitir la verificación y no quedarán almacenados en el teléfono del verificador.
S
El lastre de la Universidad pública
La LOSU sigue sin cumplirse y los campus continúan sufriendo las consecuencias de un modelo de financiación insuficiente y desigual.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) lleva tiempo denunciando una realidad que las administraciones públicas parecen querer ignorar: la infrafinanciación crónica del sistema universitario español. Pese a la promesa de alcanzar una inversión del 1% del PIB en educación superior, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sigue sin cumplirse y las universidades públicas continúan sufriendo las consecuencias de un modelo de financiación insuficiente y desigual.
El problema no es nuevo, pero su persistencia amenaza con socavar los pilares de la educación pública y de calidad. Mientras que países como Dinamarca o Suecia destinan un porcentaje considerablemente mayor a sus sistemas universitarios, en España seguimos anclados entre el 0,7% y el 0,8% del PIB. Esta falta de compromiso con la educación superior no solo limita la calidad formativa, sino que ahonda las desigualdades entre territorios y perpetúa la dependencia del sector privado en un ámbito que debería garantizar la equidad de acceso y oportunidades.
Las diferencias regionales en la inversión universitaria son una muestra clara de la falta de voluntad política para garantizar un sistema equitativo. Vemos comunidades autónomas como Cataluña o Canarias que no llegan al 0.8%, estando muy por debajo del 1% que exige la LOSU. Esto se traduce en infraestructuras precarias, falta de recursos para investigación y una oferta formativa desigual según la comunidad en la que se estudie. En otras palabras, el lugar de nacimiento o residencia sigue siendo un factor determinante en la calidad educativa.
El análisis de la inversión por estudiante arroja cifras preocupantes. Madrid y Cataluña apenas destinan entre 6.000 y 7.500 euros por alumno, mientras que en Cantabria o Castilla-La Mancha la cifra supera los 8.500 euros. Este desequilibrio no solo afecta a las condiciones materiales, sino también a la capacidad de investigación y desarrollo, comprometiendo a las nuevas generaciones y la competitividad del país en el contexto internacional.
Ante la falta de financiación pública, las universidades han recurrido cada vez más al sector privado para paliar su precariedad económica y las tasas siguen siendo altas en muchas comunidades. Esta situación no solo reduce el acceso a la educación superior para los sectores más vulnerables, sino que también la convierte en un espacio donde el poder adquisitivo determina la capacidad de formación.
Si la tendencia actual se mantiene, el sistema universitario público quedará sumido en un modelo elitista donde solo quienes pueden permitirse asumir los costos crecientes tendrán acceso a una formación de calidad. Esta deriva mercantilista contradice el principio de igualdad de oportunidades y pone en riesgo el papel de la universidad como motor de desarrollo social y económico.
Desde CREUP no solo denunciamos esta situación, sino que exigimos medidas concretas y urgentes para revertirla. Sin embargo, la pasividad de las administraciones públicas es inaceptable. No se trata de una falta de recursos, sino de una absoluta falta de voluntad política para invertir en el futuro. Mientras el Gobierno central y las comunidades autónomas se escudan en debates burocráticos y excusas presupuestarias, el sistema universitario se sigue deteriorando, condenando a miles de estudiantes a una educación insuficiente y a unas oportunidades cada vez más limitadas.
La educación superior no es un lujo ni un privilegio, sino un derecho fundamental y una inversión en el progreso social y económico. Pero las administraciones han optado por mirar hacia otro lado, perpetuando un modelo que favorece la precarización del conocimiento y la fuga de talento al extranjero.
Para revertir esta crisis, es imprescindible que se cumpla con el compromiso de destinar al menos el 1% del PIB a la educación superior, asegurando una financiación suficiente y estable. Además, es urgente que los fondos se distribuyan de manera equitativa entre las comunidades autónomas, evitando que las diferencias territoriales sigan afectando la calidad de la educación.
También resulta fundamental reforzar el sistema de becas y ayudas al estudio, de manera que el acceso a la universidad no dependa de la capacidad económica de cada familia, sino del mérito y el esfuerzo académico del alumnado. Para ello, al menos un tercio del incremento presupuestario debería destinarse a garantizar la equidad y reducir la dependencia de recursos privados.
Las comunidades autónomas, por su parte, deben comprometerse con planes plurianuales de financiación que aseguren estabilidad y previsibilidad en la inversión universitaria. Sin una estrategia a largo plazo, la educación superior seguirá a merced de decisiones políticas volátiles, sin garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Gobierno central también debe asumir un papel más activo en la financiación estructural de las universidades públicas, estableciendo acuerdos con las comunidades autónomas para asegurar que los recursos sean suficientes. La educación superior no puede seguir siendo un tema secundario en la agenda política, ni depender de ajustes presupuestarios que la condenan a la precariedad.
Las administraciones no pueden seguir relegando la educación superior a un plano secundario. La financiación universitaria debe convertirse en una prioridad de la agenda política, no sólo porque afecta a cientos de miles de estudiantes en el presente, sino porque determinará la capacidad de innovación, investigación y desarrollo de España en el futuro
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