Un malestar profundo ha aflorado en los últimos meses en el sector de la enseñanza en España, y estos días se expresa con particular intensidad en Cataluña, Valencia, Aragón y Madrid, con movilizaciones y huelgas que van a más y que los poderes públicos no pueden ignorar. Las causas vienen de lejos y ya están provocando un deterioro visible del clima educativo. En cada territorio, los convocantes añaden acentos propios a la reivindicación. La movilización catalana, por ejemplo, se ha planteado en parte como un pulso político entre el sindicato mayoritario USTEC y la Generalitat, y ha incluido 17 paros en dos meses, y un acuerdo con CC OO y UGT que la comunidad educativa consideró insuficiente. Pero el malestar es real y generalizado, y tiene una doble explicación: la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los enseñantes, y el acelerado empeoramiento de las condiciones de trabajo en el aula.
No es casualidad que las mayores movilizaciones se estén desarrollando en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Ambas autonomías figuran entre las que peor remuneran a sus docentes. El salario bruto en el inicio de la carrera se sitúa en estas comunidades y en la educación primaria en torno a los 2.400 euros brutos al mes y, en la secundaria, en torno a los 2.700. En Cantabria y en Euskadi, por la misma tarea, perciben en primaria 2.700 y 2.800 euros, respectivamente, y en secundaria, 2.900 y 3.300. Mención aparte merece la situación de las educadoras del sector privado del primer ciclo de educación infantil, de entre 0 y 3 años, que también han convocado una huelga de ámbito nacional. Su retribución se sitúa alrededor del salario mínimo interprofesional.
Otro motivo de malestar es la creciente sobrecarga laboral de los docentes y una sensación de impotencia por la dificultad de cumplir de forma adecuada con su labor. De ahí que el segundo gran bloque de reivindicaciones en las protestas y huelgas actuales sea la exigencia de más recursos en el aula. España ha vivido en los últimos 10 años la llegada de contingentes migratorios que han requerido la escolarización automática de sus hijos e hijas. La llamada matrícula viva, que permite inscribir a los nuevos alumnos a lo largo del curso, implica una sobrecarga considerable y una distorsión de la dinámica del aula si no va acompañada de refuerzos. Un dato relevante es la desigual distribución de esta carga social entre la red concertada y la pública. Esta última es la que concentra el mayor porcentaje de diversidad. Muchos de estos niños pertenecen a familias que soportan condiciones de vida precarias, de manera que con frecuencia precisan de soportes educativos suplementarios por razón de sus carencias sociales.
El fenómeno coincide con la aplicación de la educación inclusiva, que incorpora al aula a niños con trastornos o condiciones personales que también comportan necesidades educativas especiales. En los últimos años, se ha observado un aumento de los diagnósticos de alteraciones de la conducta y diferentes tipos de neurodivergencia que exigen refuerzos educativos. Una cuestión de fondo que merece debatirse es cuánta divergencia admite un aula para que sea posible la inclusión, y en este caso las desigualdades territoriales y económicas perjudican a algunos centros. Cuando se habla de educación, nunca se habla solo de educación. El debate es un reflejo de disparidades que van más allá de los límites del aula, y obligan a intervenciones que desbordan la política educativa para combatir la segregación urbanística y social. |
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