Fusiladas, violadas y humilladas en nombre de la patria

• La historiadora Carmen Jiménez examina la despiadada represión franquista contra las mujeres en Córdoba

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  Más de 200 mujeres fusiladas, casi 500 desposeídas de sus bienes y 1.500 procesadas y encarceladas por el abominable delito de defender la legalidad constitucional. O simplemente por no encajar en el modelo de mujer católica y sumisa que el nuevo régimen franquista quería imponer a sangre y fuego. Muchas otras sufrieron el aislamiento social, la humillación pública y la persecución implacable tras la victoria de los sublevados.

  A muchas de ellas les pone nombre y apellidos la historiadora Carmen Jiménez en un exhaustivo estudio publicado a cuenta de su tesis doctoral, bajo el título Horror para las vencidas. La represión de la mujer en Córdoba (1936-1950), dirigida por los profesores Antonio Barragán y Francisco Acosta, y presentada públicamente el pasado mes de julio.

  La mayor parte fueron fusiladas en Córdoba capital. Muchas bajo la acusación de ser esposas, hermanas o madres de republicanos. Pero también por ser ellas mismas. Es decir: por ser sindicalistas y maestras o sencillamente mujeres que rompieron el molde tradicional. “En las zonas del sur controladas por los sublevados, se va instaurando el nuevo modelo de mujeres franquistas y se acaba con todo lo que supuso la experiencia republicana”, explica Carmen Jiménez, especialista en exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil y miembro del consejo asesor de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba.

  En el norte de la provincia, donde resistió la República hasta 1939, todavía se mantuvo el modelo de mujer republicana, que asumía responsabilidades públicas como alcaldesas y concejalas de algunos ayuntamientos, en el aparato de los partidos políticos y también como milicianas en el frente de batalla. “Y ese modelo de mujer activa y comprometida es penalizada por el franquismo y estará en el punto de mira de los tribunales militares que se van creando en cada plaza conquistada”, argumenta la historiadora.

  

  Encarnación Juárez Ortiz, dirigente de Mujeres Antifascistas y el PCE de Córdoba, con compañeras presas en la cárcel de Saturrarán, junto a la niña. Fuente: http://www.llumquinonero.es/2010/01/10/mas-fotos-de-presas-en-la-carcel-de-saturraran/ Foto cedida por Carmen Jiménez

  La represión comienza muy pronto. A medida que van cayendo los pueblos en manos del Ejército rebelde y las milicias falangistas, las mujeres republicanas son vejadas con saña. En el mejor de los casos, son rapadas y obligadas a ingerir aceite de ricino. En el peor, violadas. “Se utiliza su cuerpo como botín de guerra”, afirma Carmen Jiménez citando al historiador Arcángel Bedmar.

  Las tropas regulares del norte de Marruecos causaron estragos entre la población civil. “Cometieron auténticas salvajadas con mujeres y niñas”, subraya la investigadora. Existen abundantes testimonios orales de las víctimas y también documentación militar procedente de los consejos de guerra. “Muchas se quedan embarazadas y tienen hijos negritos. Imagine una chavala de 14 o 15 años hija de un rojo y además madre de un niño oscuro de piel”, remarca.

  Otras son ejecutadas o ingresadas en prisión. “Y todas sufrieron el estigma de las mujeres rojas. Eso supuso el ostracismo total a nivel social y también económico”, agrega. La mayoría no tenía trabajo y vivía de la mendicidad. Cientos fueron sentadas en el banquillo ante un tribunal militar y sometidas a cárcel preventiva a la espera de sentencia. “Hay muchos casos de mujeres embarazadas que parían en la cárcel y otras que ingresaban ya son sus niños pequeños”, explica.

  En los procesos, se les acusaba de delitos similares a los de los hombres republicanos, aunque también se les imputaba la agravante de comportamiento inmoral. “Por ejemplo, el hecho de que no fueran a misa, vivieran amancebadas u otro tipo de conductas que no eran propias de la mujer”, aclara Carmen Jiménez. Muchas piden clemencia al tribunal porque su marido ha sido fusilado y los hijos están solos en la calle. “Encontré el testimonio de una mujer de Peñarroya cuyo paradero se desconocía, el marido había sido ejecutado y las tres hijas se habían quedado deambulando por el pueblo”, asegura. “Hasta que un día subieron a un camión a un montón de niños y se los llevaron a un hospicio de Córdoba”.

  

  Milicianas con Gerda Taro, en septiembre de 1936, en el frente de Córdoba. Fuente: Archivo de Robert Capa y Cornell Capa, donación de Cornell y Edith Capa, 2010, ICP. Foto cedida por Carmen Jiménez

  Los niños pequeños solían compartir el “turismo carcelario” con sus madres. Lo mismo eran detenidas en Belmez, ingresadas en la prisión de Córdoba y trasladadas al penal de Gerona. “Pasaban unas penurias tremendas”, abunda la investigadora de la UCO. Hay testimonios desgarradores. “Algunos niños morían en la cárcel por hambre o enfermedades de las que no podían ser tratados. En prisión no tenían ni enfermería”, señala.

  Carmen Jiménez ya había trabajado con el profesor Barragán en investigaciones relacionadas con la represión franquista. Colaboró con él en el estudio de la Ley de Responsabilidades Políticas, dictada por Franco en febrero de 1939, para procesar a los defensores de la legalidad constitucional por “subversión”. La norma franquista castigaba conductas que no eran delito antes de su promulgación, una aberración jurídica que violaba el principio de irretroactividad penal.

  Esta ley reforzaba la represión económica ya iniciada en febrero de 1937 con la creación de las comisiones provinciales de incautación. “Era una rapiña. Un botín de guerra. Iban casa por casa y se llevaban todo. Desde una silla hasta un mueble. Y luego con las comisiones de incautación ya se apropian de olivares, tierras, propiedades, casas, cuentas corrientes y hasta dinero contante y sonante”, enumera la historiadora. ¿Con qué justificación? “Eran los enemigos del nuevo régimen”.

  Todos estos bienes robados a los republicanos eran subastados, vendidos o sencillamente para uso personal de las autoridades franquistas. A partir de 1939, tras la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas, a los expedientados que no tenían bienes, se les aplicaba una sanción económica. “Estamos hablando de 50 pesetas de la época, en un momento de escasez total. Si no la pagaban los acusados porque habían fallecido o estaban en prisión, los familiares heredaban la culpa y tenían que abonar la multa”.