Contra las noticias falsas y la desinformación

El pasado 13 de noviembre, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre noticias falsas y desinformación en línea.

Internet ofrece nuevas formas de conectarse, analizar y recopilar información. No obstante, la difusión de noticias con la intención deliberada de confundir al lector se ha convertido en un problema cada vez más agudo para el funcionamiento de nuestra sociedad. Y así lo demuestra una encuesta del Eurobarómetro, publicada el 17 de noviembre de 2016, que señalaba la preocupación de la ciudadanía por la independencia de los medios de comunicación, así como que el nivel de confianza en los medios era bajo.

En junio de 2017, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que solicitaba a la Comisión que analizara a fondo la situación actual y el marco jurídico con respecto a la desinformación y que verificara la posibilidad de una intervención legislativa para limitar la publicación y la difusión de contenido falso. La Comisión ha confirmado que ésta es una prioridad para la institución y ha incluido la iniciativa de falsificación en línea en su programa de trabajo para 2018.

En este contexto, la Comisión ha lanzado la referida consulta pública, que estará disponible hasta mediados de febrero de 2018, con el fin de recabar asesoramiento sobre lo que la UE podría hacer para proporcionar a los ciudadanos formas eficaces de encontrar información fiable y verificada y, en definitiva, adaptarse a los desafíos que plantea la era digital. Es de destacar que la misma sólo aborda dos cuestiones: las noticias falsas y la desinformación en línea cuando su contenido no es, en sí mismo, ilegal y, por lo tanto, no está sujeta a las medidas legislativas nacionales o europeas.

La Comisión invita también a los expertos, ya sean del ámbito académico como de la sociedad civil, a presentar sus aplicaciones para el Grupo de Alto Nivel sobre noticias falsas (en inglés, “fake news”), que estará disponible hasta mediados de diciembre de 2017. Se espera que comience a operar en enero de 2018 y, entre sus cometidos, se encuentran medir el alcance del fenómeno, definir las funciones y responsabilidades de los agentes implicados, establecer la dimensión internacional, hacer un balance de las posiciones en juego y presentar recomendaciones.