Muy mal haría el Gobierno si de esta los contraladores, ese grupo de selectos y privilegiados trabajadores (¡) salieran indemnes porque se han reintegrado al trabajo bajo la amenaza del "estado de alarma" decretado por el Gobierno.
La responsabilidad contraída viene de antes. Se origina, por una parte, en su intento de echar un pulso a un Gobierno democrático y, por otra, en haber tomado como rehenes a cientos de miles de ciudadanos que estaban a la espera de desplazarse con motivo de este largo puente de diciembre. Ahí está su delito. Y por estos dos hechos deben pagar.
Con su acción se calcula que la maltrecha economía española puede perder en su conjunto unos cuatro mil millones de euros más los perjuicios, también económicos y sicológicos, ocasionadados a ciudadanos particulares.
El proceso se ha puesto en marcha: "El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a la fiscalía de Madrid y a otras fiscalías que abran un procedimiento contra los controladores aéreos por un delito de sedición que está castigado con penas de hasta ocho años de prisión. Paralelamente, ha ordenado a los fiscales militares que actúen contra los controladores que no acudan a su puesto de trabajo después de que se haya decretado el estado de alarma por un delito de desobediencia previsto en el Código Penal militar y que está castigado con penas de hasta seis años de prisión y pérdida de empleo", informa El PeriódicoO el Gobierno democrático, el imperio de la ley, la igualdad de todos los ciudadanos o una pandilla de "terroristas privilegiados"
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