El pueblo saharaui continúa su lucha
© Carmen Álvarez
El pueblo saharaui continúa su lucha y su
resistencia tras 50 años de exilio
en el desierto
50 años después de la ocupación ilegal del Sahara Occidental por parte de Marruecos, el pueblo saharaui sigue privado de ejercer su derecho a la libre determinación, con consecuencias catastróficas para sus derechos humanos.
Las personas refugiadas del Sahara Occidental continúan sufriendo una situación de desplazamiento forzoso crónico en campos para personas refugiadas en el desierto de Argelia, donde las condiciones humanitarias son críticas. Por otro lado, quienes residen en los territorios ocupados por Marruecos se enfrentan a represión, tortura y otras graves vulneraciones de derechos; mientras quienes huyen de estas situaciones se enfrentan a numerosos obstáculos para poder ver su condición de apátrida reconocida y obtener protección y acceso efectivos a sus derechos.
Situación actual de la causa saharaui
El Sahara Occidental fue una colonia española de 1884 a 1975, momento en el que España inició un fallido proceso de descolonización que dio paso a la ocupación ilegal de hasta el 75 % del territorio por parte de Marruecos y, como consecuencia, al éxodo de miles de personas saharauis de manera forzosa.
En noviembre de 1975 Marruecos organizó la llamada Marcha Verde, enviando a 350 000 personas al territorio, en lo que para el pueblo saharaui fue una Marcha Negra. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó esta acción, pero España optó por negociar con Marruecos y Mauritania firmando la Declaración de Madrid, mediante la cual les cedía la administración del territorio, excluyendo completamente al pueblo saharaui y contraviniendo las resoluciones de Naciones Unidas. A finales de mes comenzó la administración tripartita y, con el abandono de los colonos españoles, se inició un éxodo masivo de saharauis hacia el desierto en condiciones muy duras. La mayoría eran mujeres, niñas, niños y mayores, mientras que muchos hombres se unieron al Frente Polisario, movimiento de liberación nacional reconocido por la ONU como su representante legítimo.
Para 1979, tanto España como Mauritania se habían retirado del territorio. Sin embargo, Marruecos mantuvo su ocupación, lo que desencadenó una guerra con el Polisario que se prolongó hasta 1991. Aunque se acordó un plan de paz que incluía un referéndum de autodeterminación, Marruecos lo ha bloqueado sistemáticamente con el apoyo de potencias como Francia, Estados Unidos, Bélgica, Alemania y España, presentando en su lugar un ‘’plan de autonomía’’.
El pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución, basada en un borrador de EE. UU., que extiende el mandato de la MINURSO y promueve el plan de autonomía de Marruecos como la base sobre la que negociar una solución duradera al conflicto. Esta se aparta de las resoluciones previas sobre el Sahara Occidental, tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) como del propio Consejo de Seguridad, planteando serias dudas respecto al derecho de libre determinación de los pueblos.
Situación humanitaria y apatridia
El pueblo saharaui sufre la crisis de desplazamiento forzado más longeva del mundo, tras la del pueblo palestino. Más de 173 000 personas refugiadas viven en la actualidad en cinco campamentos aislados en el desierto, según la ONU, enfrentándose a un clima tremendamente hostil y a desafíos como el muy limitado acceso al agua o la alimentación: el 90 % se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.
En los años 80, Marruecos comienza la construcción de una barrera de 2 700 kilómetros que separa el Sahara Occidental ocupado de los territorios liberados por el Frente Polisario. Sembrada de casi nueve millones de minas antipersona y custodiada por más de 100 000 soldados marroquíes, se erige como el muro militar más grande del mundo. Tras esta barrera, las personas saharauis que viven bajo ocupación se enfrentan a graves vulneraciones de derechos humanos y represión, así como a la explotación de los recursos naturales. Quienes ejercen activismo en territorios saharauis se enfrentan a múltiples impedimentos: intimidación, acoso y terribles condiciones de detención, según el secretario general de la ONU. Adicionalmente, se estima que más de 1 000 personas han desaparecido forzosamente.
Por otra parte, el pueblo saharaui sufre una situación de la apatridia derivada de la salida precipitada de España, que no realizó un proceso adecuado para que pudieran optar a la nacionalidad española o tener una propia al no constituirse un nuevo Estado. En la actualidad, se estima que hay unas 6.000 personas saharauis con estatuto de apatridia en España. Durante 2024, cerca de 1.500 personas saharauis presentaron solicitudes para obtener el estatuto de apatridia y 764 se resolvieron favorablemente a lo largo del año. Sin embargo, esta regulación presenta carencias en comparación con la de protección internacional, a lo que se suman numerosos obstáculos en el acceso al procedimiento, al propio sistema de acogida y a los derechos básicos. Incluso una vez reconocidas bajo esta figura, no pueden beneficiarse de la reducción de plazos para adquirir la nacionalidad española, que sí está contemplada para las personas refugiadas.
Sahara Libre: responsabilidad internacional
Revertir la situación del pueblo saharaui es posible. El Gobierno español debe modificar su posición actual, asumiendo su responsabilidad histórica, jurídica y moral en aras de garantizar el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, en cumplimento de la opinión vinculante de la Corte Internacional de Justicia. Este derecho debe garantizarse a través de un referéndum. Asimismo, es importante que conceda la nacionalidad española a quienes nacieron bajo su administración e incluir el estatuto de apatridia dentro del marco jurídico de protección internacional.
La sociedad internacional, por su parte, debe abstenerse de reconocer y apoyar cualquier situación derivada de la ocupación ilegal de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental, reconociendo la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Finalmente, es absolutamente vital garantizar la sostenibilidad de la asistencia humanitaria a la población refugiada.
Cuando se cumple medio siglo del fallido proceso de descolonización español que condujo a esta situación, CEAR reafirma su solidaridad con el pueblo saharaui y exige que se cumpla con el derecho internacional y humanitario. Por un Sahara Libre y por el fin de la ocupación ilegal y el exilio forzoso. Es una cuestión de justicia histórica.
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