Limpiar las cloacas es tarea de la izquierda
No se puede redistribuir la riqueza y garantizar la justicia social sin acabar con la corrupción en las fuerzas de seguridad, en la judicatura y en el poder mediático
El mundo es un lugar de enormes desigualdades económicas, y España también lo es. En nuestro país, hay una pequeña minoría de multimillonarios a los que les sobra mucha más riqueza de la que haría falta para sacar por completo de la pobreza a millones de compatriotas. En el siglo XIX quizás no, en otras latitudes hoy en día quizás tampoco, pero en España en 2025 hay suficientes recursos como para que nadie tenga que sufrir carestía económica si la riqueza se reparte mejor, y ni siquiera dejarían de ser ricos los ricos. Seguirían teniendo muchísimo dinero, solo que un poco menos.
Esta desigualdad innecesaria, ineficiente y cruel es quizás el elemento que primero subleva a una persona de izquierdas y la empuja a levantar la voz, a organizarse, a votar, a pelear, a militar. Es lógico que así sea porque que haya gente que pase frío en invierno, que tenga que elegir entre poner la calefacción o llenar la nevera, que viva con angustia permanente por los números rojos en la cuenta bancaria, que sienta la frustración de no poder darle a sus hijos la vida que merecen, que se vea obligada a cuidar a sus mayores perdiendo el empleo y sucumbiendo a una precariedad todavía mayor, o incluso que sea expulsada del mercado inmobiliario y acabe durmiendo en un aeropuerto, todo ello representa un sufrimiento humano que es tangible, inmediato y masivo. Que, además, se produzca mientras unos pocos viajan en avión privado, beben champán a razón de miles de euros la botella o se gastan en unas vacaciones lo mismo que una familia trabajadora en tres vidas produce una indignación insoportable que empuja a la acción.
Esto lleva a que las gentes de izquierdas desarrollen una gran preocupación por temas como los derechos laborales, la sanidad pública, la necesidad de un sistema fiscal redistributivo, el ingreso mínimo vital, el derecho a la vivienda o la economía de los cuidados. Pero ya en las primeras fases de la alfabetización política uno rápidamente llega a la conclusión de que la única forma de poder avanzar hacia la justicia social en todos esos ámbitos pasa por desarrollar también una gran preocupación por el ejercicio y la estructura del poder. Cualquiera que haya intentado producir avances significativos en materia social se ha encontrado inmediatamente con muy serios obstáculos que provienen de la existencia de una gran asimetría en la distribución del poder.
Eso es lo que ha pasado en la última década desde que apareció Podemos en el panorama político
Para mejorar de forma sustancial los derechos laborales, hace falta vencer la resistencia de los grandes empresarios. Para financiar de forma adecuada la sanidad pública, hace falta desprivatizar el sistema y aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y las grandes corporaciones. Para garantizar que todo el mundo tiene una vivienda digna, hace falta obligar a los grandes tenedores y rentistas a que hagan cosas que no quieren hacer. Sin embargo y como es obvio, las personas que necesitan derechos laborales, una sanidad pública o un alquiler asequible tienen muchísimo menos poder que aquellos que pretenden seguir aumentando su margen de beneficios con la mercantilización de los derechos y con la extracción masiva de capital desde abajo hacia arriba. Y esta asimetría de poder no se da mayormente de forma directa; no es el dedo del millonario el que aprieta directamente la cabeza del trabajador para que baje la mirada. El poder de las clases pudientes sobre la mayoría trabajadora se ejerce fundamentalmente a través de múltiples y complejas relaciones de colaboración sistémica. No son los ricos los que escriben las leyes que permiten despedir fácilmente a la gente o privatizar la sanidad, son los partidos políticos a su servicio los que lo hacen. No son los ricos los que expulsan a la gente de sus casas, son los jueces y la policía al servicio de las clases pudientes y utilizando las leyes aprobadas por sus brazos parlamentarios. No son tampoco los ricos los que intentan convencer a la población de que es sensato o incluso inevitable proteger sus privilegios, son los medios de comunicación sistémicos los que se ocupan de esa tarea. Y todo esto no es ningún tipo de conspiración; es alineación de intereses de clase. Las cúpulas policiales, judiciales, mediáticas, políticas y económicas esquían en las mismas pistas, comen en los mismos restaurantes, coinciden en las mismas fiestas y casan a sus hijos e hijas entre ellas. Se dan empleos bien pagados mutuamente, se proporcionan oportunidades en red, se garantizan un estilo de vida que en épocas pasadas solamente se podía permitir la nobleza y lo hacen de forma cooperativa.
Este mecanismo funciona siempre y lo hace de una forma muy bien engrasada, pero es cuando ese bloque de poder ve amenazada la posibilidad de seguir manteniendo esa operativa cuando se ven de forma cristalina sus costuras. Eso es lo que ha pasado en la última década desde que apareció Podemos en el panorama político. Una fuerza de izquierdas que vino a redistribuir la riqueza y a garantizar derechos sociales para todos, pero que al mismo tiempo siempre supo y lo dijo abiertamente que, para ello, hacía falta redistribuir el poder. Una fuerza de izquierdas que, desde el principio, dijo que venía a gobernar y que incluyó entre sus filas a militares, a jueces o a guardias civiles. Cuando eso ocurrió, el bloque de poder transicionó del ejercicio asimétrico del poder a la corrupción en el ejercicio del poder.
Eso es la mal llamada 'policía patriótica', eso es la operativa y la impunidad de jueces como García Castellón, Escalonilla o Peinado y eso es el agua fecal desbordándose en el punto final de la cloaca en el tabloide de Eduardo Inda y en las tertulias de Ferreras o Ana Rosa
Que las personas que tienen mucho dinero tengan más poder político que la gente trabajadora —a través de su influencia en los poderes mediáticos y del Estado— ya es una evidente adulteración del principio democrático, pero hay otra vía —quizás más grave aún— de perversión en el ejercicio del poder. En un sistema democrático de derecho, hay determinados actores sobre los que descansan importantes privilegios operativos que el resto de ciudadanos no tienen. Un juez puede obligar a una persona de a pie que confiese quién le ha dado una determinada información; pero un periodista no tiene obligación de contestar al juez ya que las fuentes periodísticas están protegidas. Un ciudadano corriente no tiene el poder de enviar a otro a la cárcel o de obligarlo a comparecer en un juzgado en un día y una hora fijadas; un juez sí tiene ese enorme poder. Nadie más que un agente de las fuerzas de seguridad tiene el poder en nuestro sistema político para detener a alguien por la calle o para intervenir comunicaciones privadas. Todos estos privilegios operativos que se otorgan en un sistema democrático a determinadas personas existen por un único motivo: porque se entiende que son necesarios para garantizar el interés general. Son privilegios graciables que el pueblo soberano otorga a unos pocos para que cumplan una función tasada, sujeta a reglas y a obligaciones y con la brújula del servicio público como principal principio rector. Por eso, cuando un periodista utiliza sus privilegios para difamar a sus adversarios políticos y así intoxicar el proceso democrático, cuando un policía fabrica un informe falso y lo filtra a los medios de comunicación o cuando un juez bordea la prevaricación para generar toneladas de material mediático difamatorio, aunque al final el procedimiento quede en nada, estamos ante gravísimos casos de corrupción en el ejercicio del poder.
Eso es la mal llamada 'policía patriótica', eso es la operativa y la impunidad de jueces como García Castellón, Escalonilla o Peinado y eso es el agua fecal desbordándose en el punto final de la cloaca en el tabloide de Eduardo Inda y en las tertulias de Ferreras o Ana Rosa. Corrupción antidemocrática en el ejercicio del poder que se hace obscenamente visible cuando aparece un movimiento político que desafía de verdad los privilegios de las clases pudientes y sus colaboradores en el seno del poder mediático y de los aparatos del Estado. Por eso la derecha y la extrema derecha abrazan y aplauden sin rubor toda la operativa corrupta y por eso, también, la pata progresista del régimen del 78 no ha hecho absolutamente nada por desmontarla; más bien todo lo contrario. Si todas las semanas vemos informes de la UCO filtrados por algún agente corrupto a los medios de la derecha mediática, si todas las semanas vemos a jueces que se permiten operar políticamente contra el gobierno, es porque Marlaska y Margarita Robles no han hecho nada por limpiar las cloacas desde que llegaron al poder en 2018 y porque el PSOE decidió pactar con el PP para entregar el CGPJ a la derecha judicial.
La tarea de limpiar las cloacas del Estado es de la izquierda que verdaderamente pretende redistribuir la riqueza porque es evidente que no se puede hacer una cosa sin hacer la otra.
